El director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial (Ialab) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Juan Corvalán, creador junto a sus colaboradores de Prometea, un sistema argentino de inteligencia artificial (IA), mantuvo hoy dos reuniones con autoridades, magistrados y funcionarios del Poder Judicial para avanzar en la implementación de la IA en distintas áreas de la justicia provincial.
A primera hora, el experto –en el marco del convenio de cooperación firmado el año pasado con el Ministerio Público Fiscal de la CABA– estuvo en el Centro Judicial conversando con los jueces de ejecución, quiebras y concursos y, más tarde, mantuvo un encuentro ampliado en la Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia con funcionarios de la Dirección General de Administración, de las Secretarías de Economía y Finanzas, Acuerdos y Técnica, de Contaduría, de Asesoría Legal y de la Oficina de Informática y Tecnología. En ambos contactos estuvo acompañado por el ministro del STJ, José Roberto Sappa.
Corvalán, que además es juez y docente en universidades de la Argentina, Francia e Italia –aunque actualmente ejerce como fiscal general adjunto en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, también es co-creador de PretorIA, el primer sistema de inteligencia artificial predictivo en aplicación en un máximo tribunal judicial en el mundo (Corte Constitucional de Colombia).
«El paradigma de la automatización es un camino que requiere de un proceso continuo y en el que no hay que desalentarse –explicó–. Incluso hay que seguirlo y no discontinuarlo aunque muchas veces las cosas no salgan. Tampoco hay que caer en un falso ‘tecno-optimismo’, pensando que todo es fácil. No es que apretás un botón y ya está. Tiene que ver con la inteligencia humana. Porque si a la máquinas le enseñás cosas tontas, te responderá con cosas tontas».
«Esto no significa en absoluto vaya a reemplazarse a la inteligencia humana, pero sí que se facilitan, simplifican y aceleran exponencialmente las tareas propias del ámbito judicial a partir de la actividad predictiva. Acá de lo que hablamos es de reglas decisionales: dado A debe ser B. Y si no es así, el formato no te deja avanzar. Entonces, para qué perder tiempo…», agregó Corvalán.
«Hoy estamos yendo hacia un mundo automatizado donde faltan programadores; es decir no tenemos quienes construyan ese mundo. Es como ir a la Revolución Industrial y no tener quienes construyan fábricas», ejemplificó.
«Cambiar el pensamiento».
En la reunión inicial, Corvalán dialogó con la jueza Adriana Cuarzo y el juez Evelio Santamarina. Allí también estuvieron, además de Sappa, la subdirectora de la DGA, Marcia Catinari; y los secretarios de Sistemas y Organización y de Servicios Jurisdiccionales, Mario Accátoli y Marcelo Rebuffi, respectivamente. Se habló específicamente de cómo avanzar –como una suerte de primera paso– en el uso de la inteligencia artificial para compilar datos en los tribunales de ejecución, quiebras y concursos.
A posteriori, en el segundo encuentro, explicó –valiendo de gráficos– cómo funciona la IA en ámbitos judiciales, especialmente en los vinculados con expedientes administrativos. Por ello allí asistieron –al margen de Sappa y Catinari–, el director general de Administración, Diego Aguirre; los secretarios/as de Economía y Finanzas, Gabriela Viglianco; de Acuerdos, Matías Bentivegna; y de Técnica, Carlos Alvarado; la secretaria de Asuntos de Legales, María Soledad Sallaberry; el responsable de Informática y Tecnología, Mario Villegas; y la tesorera María de los Ángeles López, entre otros funcionarios.
Allí se avanzó técnicamente en trabajar sobre esquemas o plantillas y campos de requerimientos para crear los llamados ‘árboles de decisión’, un método de clasificación con gran precisión que puede usarse en pliegos licitatorios y que brinda más eficiencia y transparencia. «Lo que hay que cambiar es la forma de pensar; hay que pensar algorítmicamente», remarcó Corvalán.
Con la innovación a través de Prometea –pensando inicialmente para optimizar el servicio de justicia, pero que luego se amplió a otros organismos– llegaron inmensos beneficios que pueden ser cuantificados en un puñado de datos: predice la solución de algunos trámites judiciales en menos de 20 segundos, con una tasa de acierto del 96 por ciento; permite que en solo 45 días se elaboren 1000 dictámenes jurídicos relacionados a expedientes del derecho a la vivienda; lo cual con el modo tradicional se tardarían 174 días; y en materia contravencional permite que en 26 días se elaboren 1000 resoluciones de suspensión de juicio a prueba por conducir en estado de ebriedad, lo que manualmente lleva 110 días.
A su vez, en el caso de PretorIA, la Corte colombiana recibe, en promedio, 2.700 acciones de tutela por día, de las cuales 1.400 se refieren al derecho a la salud. De los miles de casos que le llegan, la máquina realiza un informe de manera automatizada en 10 segundos.
