«Desde que volvieron las clases presenciales, fue exponencial el crecimiento de los contagios entre los 9 y los 18 años», le explicó el presidente al jefe de Gobierno porteño en una reunión que mantuvieron en la residencia de Olivos.
En una rueda de prensa posterior, el mandatario aseguró que «los datos científicos dan cuenta que el problema no ocurre en los colegios, sino que detrás de la presencialidad de alumnos se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana».
«Se reconoce sin dudas la importancia de la presencialidad en la actividad escolar, pero la situación epidemiológica en el AMBA demuestra una gravedad que exige la adopción de medidas inmediatas para disminuir la circulación de las personas, con el fin de disminuir, también, la velocidad en el crecimiento de los contagios», dice el DNU en sus considerandos.
El texto habla además de un incremento del 25 por ciento en la circulación y el uso del transporte público, y un aumento en el número de casos de coronavirus entre niños y adolescentes.
Además, en la norma se señala que el gobierno nacional «comparte el criterio» de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante «por el menor tiempo posible, tal como han indicado prestigiosos organismos vinculados a los derechos de niños, niñas y adolescentes, como Unicef y la Sociedad Argentina de Pediatría».
Planteó ante la Corte Suprema:
Horacio Rodríguez Larreta
A pesar de estas explicaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad contra lo dispuesto por el Decreto 241/2021 en relación a la presencialidad de las clases.
La cautelar es contra el artículo 2 del decreto, publicado en el Boletín Oficial y plantea al Máximo Tribunal que se le ordene al Estado Nacional que «se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado».
En su presentación, el Gobierno porteño sostiene que el decreto «viola la autonomía de la Ciudad» e «implica una virtual intervención federal, porque se arroga potestades sobre competencias locales, en salud y educación».
En la argumentación de la presentación, se indica que la medida «no es razonable» con el argumento de que «la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional».
Fuentes judiciales indicaron a Télam que, como es de rigor, el expediente debe ir primero a la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema, la misma que la semana que viene tiene la audiencia de conciliación en la demanda que la Ciudad había entablado por la modificación en los montos de coparticipación.
