Según un informe elaborado por la consultora Ecolatina, dadas las características de los subsidios energéticos en la actualidad, el diseño de la transferencia es progresivo, pero pro-rico.
«En primer lugar, esto significa que el monto recibido por los usuarios de menores recursos representa un porcentaje mayor de sus ingresos, en tanto las tarifas tienen un peso mayor en su canasta de consumo», explica el relevamiento. A la vez, quienes más poder adquisitivo poseen reciben una mayor porción de subsidios totales, en tanto utilizan más gas y electricidad.
La Administración Pública Nacional paga actualmente subsidios por la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas; por el consumo residencial de garrafas; al transporte automotor, ferroviario y aerocomercial; y a otros (sector agropecuario e industrial, provisión de agua y saneamiento y otras empresas públicas).
De estas transferencias, las que tienen un mayor peso son las destinadas a abaratar los servicios energéticos, disociando el costo de la electricidad y el gas del precio pagado por los hogares. El año pasado, los subsidios energéticos representaron tres de cada cuatro pesos gastados en transferencias económicas corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, siendo equivalentes a casi el 2% del producto.
Ahora bien, por su carácter pro-rico, para Ecolatina los subsidios actuales no representan el mejor uso posible de estos recursos: «Si el objetivo fuera ayudar a los sectores vulnerables o estimular su demanda, existen herramientas más idóneas para hacerlo. Por llevarlo al extremo, si se eliminaran completamente los subsidios energéticos, podría recortarse en 7 puntos la alícuota del Impuesto al Valor Agregado o más que quintuplicarse la Asignación Universal por Hijo, ya focalizada en las familias de menores recursos».
Otra de las soluciones que plantea la consultora económica es la segmentación de los usuarios. Esta posible medida es la que abrió una interna en las filas oficialistas cuando el ministro de Economía Martín Guzmán pidió al Subsecretario de Energía, Federico Basualdo, un trabajo de segmentación tarifaria que todavía no ha sido presentado, lo que derivó en el pedido de renuncia al kirchnerista. Finalmente, el ENRE hizo un acuerdo con el Conicet para dividir a los usuarios según su consumo y capacidad de pago.
«Considerando las experiencias del IFE y la Tarifa Social Eléctrica, las bases de datos de AFIP y de ANSES, entre otros, esto pareciera ser viable técnicamente. Este procedimiento agudizaría la progresividad y ayudaría a corregir el carácter pro-rico de dicho gasto», consideró Ecolatina sobre la segmentación.
