Unas 290 personas que habían sido reportadas como «no localizadas» tras las masivas manifestaciones de protesta iniciadas a fin del mes pasado en Colombia fueron encontradas, informaron hoy fuentes oficiales.
«Los equipos conformados por las dos instituciones (Fiscalía General y Defensoría del Pueblo) han encontrado a 290 personas que habían sido reportadas como no localizadas», dijo la Fiscalía General en un comunicado.
El reporte comprende el periodo del 28 de abril al 23 de mayo y señala también que el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) sigue activo respecto a 129 solicitudes de personas «no localizadas», reseñó la agencia de noticias Sputnik.
Según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, más de 520 personas fueron reportadas como «desaparecidas».
Tras conocerse el comunicado, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) emitieron un comunicado conjunto en el que reiteran «la importancia de implementar todas las medidas adecuadas y eficaces para prevenir la desaparición de personas, incluida la desaparición forzada».
«En consideración al contexto actual, recomendamos que se refuercen las medidas adoptadas hasta ahora con el fin de consolidar un registro unificado de las privaciones de la libertad, que contribuya a la delimitación del universo de personas sobre las que se alega su desaparición», señalan la ONU y la UBPD.
Por otra parte, el presidente Iván Duque designó un nuevo comisionado de Paz en reemplazo de Miguel Ceballos, quien renunció este fin de semana.
Juan Camilo Restrepo, un abogado especialista en temas tributarios que fue asesor del Ministerio de Defensa y ejercía como viceministro de Agricultura, en adelante se ocupará de «fortalecer la búsqueda de la paz» en Colombia, escribió Duque en Twitter.
Duque aseguró que su exdelegado de paz «continuará acompañando al Ejecutivo en el diálogo y negociación con el Comité del Paro Nacional».
Empero, no dio detalles sobre el rol que cumplirá en la búsqueda de un acuerdo que desactive el descontento popular que comenzó por un proyecto de alza de impuestos -ya desechado- derivó en otras demandas populares con eje en acabar con la desigualdad social y que avivó la respuesta de la fuerza pública en las calles.
El nuevo delegado presidencial para los eventuales acercamientos con grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida en el país, «ha sido fundamental en el proceso de diálogo con los diferentes sectores sociales en la búsqueda de acuerdos, soluciones y consensos», destacó Duque, citado por medios locales y la agencia de noticias AFP.
Ceballos era uno de los funcionarios que estuvo desde el comienzo en el equipo de Duque, pero que tuvo que renunciar molesto con unas gestiones de paz con el ELN que efectuó a sus espaldas el expresidente Álvaro Uribe (2002-10), la figura más influyente del partido en el poder e histórico referente de la derecha dura en Colombia.
En 2019, Duque rompió las negociaciones que sostenía su antecesor, el Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos, con el ELN a raíz de un ataque con coche bomba que se adjudicó ese grupo y en el que murieron 22 cadetes de policía, además del agresor.
Ceballos salió de su puesto sin haber recompuesto la mesa de diálogo con esa organización en Cuba, sede del proceso que en 2016 condujo al desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entonces la más poderosa guerrilla de América y ahora devenida en partido político.
Al menos 50 personas murieron durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos policiales, y casi 600 fueron heridas, de las cuales por lo menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos de agentes, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además, se detuvo de manera arbitraria a al menos a 1.430 personas y se cometió violencia sexual contra 21 mujeres.
Ante tales abusos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, organizaciones de derechos humanos y el propio papa Francisco denunciaron ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía colombiana.
