Seis horas de un alegato dirigido con retórica de acero por las fiscales Françoise Benezech y Brigitte Pesquié contra los ejecutivos de la empresa multinacional France Télécom responsables de un delito tan común como invisible: el hostigamiento gerencial, u hostigamiento en la gestión administrativa. Sindicalistas de la empresa, abogados y familiares de las 35 personas que se suicidaron en el seno del gigante francés de la telefonía escuchan los argumentos en un silencio conmovido. Ambas fiscales pidieron la pena máxima para los acusados: un año de cárcel, una multa de 15.000 euros y otra de 75.000 para France Télécom.
Los tres dirigentes, Didier Lombard (ex presidente general), Louis-Pierre Wenès (número dos) y Olivier Barberot (director de Recursos Humanos) no entienden aún de qué se trata esa acusación. Esta es, sin embargo, un clásico de los métodos de gestión adoptados por los grandes grupos cuando, en los años 90, empezaron a ser privatizados parcial o totalmente o importaron del mundo privado la mitología de la gestión dentro de las empresas pûblicas. Persecución del personal, rendimiento dictatorial, racionalización al extremo de las tareas, medición de la eficacia, vigilancia, autoritarismo, amenazas, cambios de puesto y presiones de todo tipo para conseguir que, a falta de poder despedirlos, los empleados se vayan por su cuenta. Algunos habían trabajado toda su vida como técnicos especializados subidos en postes para reparar las líneas o las conexiones. De un día para otro les vino una mutación y se encontraron vendiendo teléfonos en una boutique de París.
France Télécom se convirtió en la primera empresa que cotiza en bolsa juzgada por hostigamiento moral, es decir, responsable de las consecuencias que esa política acarreó para sus empleados. La fiscal Brigitte Pesquié habló de “un hostigamiento erigido en estrategia dentro de una de las grandes empresas del país”. Los detalles más escabrosos de lo que se está juzgando en Francia figuran de forma impecablemente documentada en varios trabajos publicados en la Argentina sobre el impacto de las privatizaciones: uno de los autores más exhaustivos es Damián Pierbattisti, tanto por su libro La privatización de los cuerpos (Prometeo libros) o trabajos como Management, subjetividad y cultura política: el nuevo espíritu del capitalismo a veinte años de la privatización de ENTEL. En París, los abogados de las organizaciones sindicales denunciaron “la ceguera voluntaria” de los dirigentes de las empresas, o lo que el doctor Jean-Paul Teissonnière calificó con extraordinaria precisión como “el mayor accidente laboral organizado por el empleador”. Lo que está en juego en el proceso no son sólo las condiciones de trabajo a las que se sometieron a los empleados durante la fase de privatización, sino, también, el engaño envuelto en los planes sociales que buscaban “adelgazar” a la empresa de unos 22.000 efectivos. Para alcanzar ese objetivo, se desató una guerra sin cuartel contra el personal, del cual sólo 1.600 había aceptado dejar voluntariamente la empresa a través de varios dispositivos (salidas pactadas, jubilación anticipada). Se trata de dos planes, Next y Act, cuyo objetivo consistió en transformar la empresa France Télécom (Orange desde 2013) en un plazo de tres años con, como condición, el redespliegue de 10.000 personas dentro de la compañía y la partida de 22.000 de los 120 mil empleados que había a principios de los años 2000.
La desestabilización de los empleados fue una de las armas más corrientes utilizadas en esa década. O se van por las buenas, o se van por las malas. 35 de ellos se suicidaron (los sindicatos aducen que la cifra llega a 76). Antes de hacerlo dejaron cartas estremecedoras donde narraban la tortura cotidiana que vivían en el trabajo. Michel Deparis se quitó la vida el 14 de julio de 2009. En la carta que dejó escribió: “Me suicidio por culpa de France Télécom. Es la única causa”.
El juicio interviene en un momento de cuestionamientos renovados acerca de las prácticas y límites del liberalismo y el papel de las empresas en la vida privada. La pregunta que subyace en los debates consiste en plantear ¿ hasta que grado de exigencia se puede llegar en nombre de la productividad ?. ¿Se puede acaso, como ocurrió con France Télécom, destruir una vida, humillar a una persona, devastar su identidad profesional y dignidad humana sólo para satisfacer los índices bursátiles ?. Las denuncias de estas exuberancias de sometimientos estaban en las calles de Francia cuando estalló, en noviembre de 2018, el movimiento de los chalecos amarillos. Didier Lombard, el Presidente Director General de France Télécom, dijo ante sus ejecutivos que quería facilitar que la gente se fuera “por la ventana o por la puerta”. Sin embargo, según los acusados, los planteos son falsos. Hoy admiten que la “adaptación y las reorganizaciones iban a ser duras para los empleados”, pero ponen en tela de juicio al argumento de los fiscales, es decir, el hostigamiento moral. No obstante, France Télécom es, desde hace más de 10 años, el emblema de lo que se llama “sufrimiento laboral”. En nombre de la gestión, de la economía de los medios, de las ambiciones planetarias y la conquista de mercados, se hizo una interpretación mezquina, autoritaria y degradante de la condición humana. Someter a toda costa, sin compasión ni miramientos, mediante la degradación. ”Ustedes Mataron a mi padre. ¿Y todo esto por qué ?”, preguntó en el Tribunal Correccional de París Noémie Louvradoux. Su padre, Rémy Louvradoux, se inmoló el 26 de abril de 2011 en la Gironda. Su caso ha sido, para el Tribunal, el hilo conductor que explica todos los trastornos: “las reorganizaciones, la movilidad, la salud en el trabajo, las calificaciones, la disminución del salario”. El funcionario Rémy Louvradoux vio su vida transformarse en 2006. Su puesto de trabajo fue suprimido y, entre 2006 y 2009, le hicieron ejercer cuatro oficios distintos dentro del grupo. En 2009 escribió una carta a la dirección de la empresa: “esta situación es endémica por el hecho de que nadie se responsabiliza ante ella. El suicidio es LA SOLUCION”. Nadie lo escuchó. Recién ahora, 10 años después, la justicia busca reparar la lenta muerte programada en su lugar de trabajo.
