La intendenta Mónica Curutchet presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante solicitando autorización para firmar con convenio con profesionales de Córdoba, para implementar una «tasa por habilitación y estudio de factibilidad» y otra «tasa por inspección de estructuras portantes e infraestructuras relacionadas» a las empresas de telefonía fija y móvil. La iniciativa apunta a las compañías multinacionales de telefonía móvil y fija, pero entre estas últimas también incluye a la Cospec Ltda.
La jefa comunal impulsa las inspecciones de las estructuras, las mediciones de las radiaciones no ionizantes, pedir información al Enacom y organismos oficiales de las antenas habilitadas y gestionar la suscripción de convenios de pago voluntario de las empresas de telefonía que adeuden las tasas.
La comuna castense tiene una ordenanza que regula la instalación de antenas que se sancionó -años atrás- para evitar la instalación de antenas comerciales en la zona urbana, pero posteriormente se instalaron estructuras sin habilitación de la CNC y violando la normativa municipal. Actualmente, hay antenas de telefonía celular que quedaron dentro de la zona urbana, y resulta un tema polémico -y problemático- más allá de la pasividad social, que no ha generado demasiados cuestionamiento a la instalación existente frente a una escuela primaria.
El proyecto del Ejecutivo municipal ingresó en la última sesión ordinaria del CD. Allí la jefa comunal planteó contratar a los abogados cordobeses Cristhian Langer y Cristian Acrich para comenzar con la revisión de la legislación municipal vigente para determinar la necesidad de realizar modificaciones o si requiere sancionar nuevas normativas.
El convenio tendría una extensión de dos años y el servicio profesional incluye la elaboración de los anteproyectos legislativos.
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Desde el Ejecutivo pretenden realizar inspecciones estructurales, a través de un ingeniero civil, de la totalidad de las estructuras portantes de antes de telefonía fija y móvil que se encuentran emplazadas en la jurisdicción y también las mediciones de las radiaciones no ionizantes emitidas por la totalidad de las antenas de telefonía fija y móvil emplazadas en la jurisdicción.
COBRO DE DEUDAS
En el detalle del contrato que actualmente se analiza en el Concejo, se establece que se realizará una determinación provisoria de la deuda que cada empresa de telefonía posee por las tasas, y notificarán de las deudas a cada empresa y realizarán la gestión extrajudicial de cobro.
Además, pide autorización para realizar las gestiones para suscribir convenios de pago voluntario con las empresas de telefonía que adeuden las tasas municipales.
«En caso que no abonen voluntariamente las tasas y que las gestiones extrajudiciales fueran infructuosas, los contratados asesorarán al municipio para el inicio y desarrollo de los procedimientos de determinación de oficio de la deuda y de aplicación de sanciones por infracciones formales o sustanciales, según los procedimientos previstos en la legislación municipal vigente, incluyendo la instalación de la tramitación de los recursos administrativos», establece otro de los puntos del convenio.
Y también se establece que los profesionales percibirán por todo concepto un monto final y total equivalente al 20 % más el IVA de las sumas totales que le abonen efectivamente al municipio durante la vigencia del contrato que tiene una extensión de dos años.
