Un hombre de 43 años fue condenado a dos años de prisión en suspenso, por ser autor de los delitos de amenazas simples en reiteradas oportunidades en perjuicio de dos personas, lesiones leves calificadas por la relación de pareja preexistente, y tenencia ilegal de armas de fuego sin la debida autorización legal, todo en concurso real. Los ilícitos fueron enmarcados en la ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres.
Los hechos probados ocurrieron hace poco más de tres meses, cuando el imputado –estando en la casa familiar donde convive desde hace años con su pareja y sus hijos– “se ofuscó al observar que en la cocina la mujer había dejado una cebolla cortada a la mitad”, dice la sentencia dictada por el juez de control santarroseño, Carlos Matías Chapalcaz, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado propuesto por el fiscal Walter Antonio Martos, el defensor particular Marcelo Ariel Piazza y el propio acusado, quien admitió su responsabilidad penal. Las damnificadas también brindaron su consentimiento.
A posteriori, el agresor comenzó a gritarle a su pareja y a preguntarle porqué había dejado la cebolla en el lugar, “tornándose aún más violento cuando la mujer le preguntó con quien se enviaba mensajes durante la madrugada, tirándole el termo y el mate que ella estaba tomando”.
En ese momento, una hija le pidió al hombre que cesara de su conducta porque estaban cansadas de soportar la violencia que ejerce “constantemente sobre el grupo familiar”. En medo de la discusión, el acusado “intentó golpear a su pareja, pero la hija se interpuso, enfrentándolo, recibiendo una piña, mientras les decía que les iba a pegar un tiro”.
Cuando el imputado salió de la vivienda, la víctima cerró la puerta y la menor llamó a la policía. No obstante, el acusado pudo reingresar hasta de que arriba la fuerza pública y les expresó que se convertiría en “Barreda” y que “las voy a matar a todos”; en alusión al odontólogo que en 1992 asesinó a su esposa, dos hijas y la suegra en La Plata.
“Dichos episodios de violencia física y psicológica se vienen reiterando desde hace años, debido a que varias veces el imputado le manifestó a su pareja –con quien convive desde hace más de 20 años y tienen en común seis hijos–, que la va a matar y le va a prender fuego”, indicó Chapalcaz. A su vez, cuando veían noticias sobre femicidios en la televisión, aprovechaba para decirle “así te va a pasar a vos, a las mujeres habría que matarlas a todas, no tendrían que existir”, acotó el magistrado en el fallo.
Por último, se le atribuyó haber tenido en su poder dos armas de fuego de uso civil condicional (una carabina de repetición marca Remington y marca Winchester) sin estar habilitado y tener la correspondiente documentación. Dichas armas fueron secuestradas en su domicilio durante un allanamiento.
Los jueces y juezas, en los abreviados, no pueden imponer sanciones más gravosas que las requeridas por el Ministerio Público Fiscal. En este caso, por ser dictarse una pena de ejecución condicional, Chapalcaz le impuso al agresor la obligación de cumplir con las siguientes reglas de conducta por dos años: fijar residencia; someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Orientación y Supervisión de personas en conflicto con la ley penal; restricción absoluta de acercamiento a menos de 200 metros, y contacto por cualquier medio, con respecto a su pareja y su hija; prohibición total de ingreso a la localidad donde se produjeron los hechos; y someterse a un tratamiento psicológico.
