La Justicia piquense investiga una denuncia por posible falsificación de recetas en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico. La investigación apunta contra una trabajadora del centro asistencial, quien está sospechada de retirar medicamentos de la farmacia, mediante la utilización de recetas falsificadas.
La fiscala Ana Laura Ruffini, que se encuentra subrogando al fiscal general Armando Agüero, confirmó las primeras tareas que se hicieron en el marco de esta investigación penal.
El jueves a la mañana, personal policial de la Comisaría Tercera, a cargo del comisario Lucas Rinaldi, llegó al Hospital piquense a realizar un allanamiento. En el lugar, la policía secuestró elementos de interés para la causa. También se allanó el domicilio de una trabajadora del centro médico, quien permaneció demorada por algunas horas, aunque no quedó detenida.
En principio se investiga la posible comisión del delito de Falsificación de documento, aunque también podría derivar en la figura de estafa, si es que se confirma un perjuicio hacia la Administración Pública.
La fiscala que estuvo a cargo de las primeras diligencias de esta investigación, manifestó ante este diario, que «la policía por orden del juez y a pedido de la Fiscalía, realizó un allanamiento en el Hospital y en un domicilio particular de una persona relacionada al Hospital».
RECETAS
La investigación se inició a partir de una exposición que hizo en sede policial, la responsable de la farmacia del Hospital Centeno, desde donde se entregan los medicamentos de manera gratuita a quien presente la receta expedida por un profesional del centro.
«Tomamos conocimiento a partir de una exposición que formula una de las personas encargadas de la farmacia del Hospital, que se estaban presentando recetas que podrían ser falsas porque estaban firmadas y tenían el sello de una profesional que estaba gozando de licencia hacía varios meses. A partir de eso se pide la habilitación de Feria Judicial y se hace ese allanamiento. En el Hospital, en el área donde trabaja esta persona que está vinculada al hecho, se pudieron obtener algunos elementos, como unas recetas que estaban ahí y que van a ser evidencia para la causa. Esta persona fue demorada un par de horas a fin de realizar una requisa que autorizó el juez, para obtener elementos que podría llevar encima de ella», dijo Ruffini.
La funcionaria judicial explicó que a partir de los elementos recabados en los momentos iniciales de la investigación, se elaborará un informe que determine los cargos que se le imputen a la persona sospechosa.
FIRMA
En principio, la Fiscalía tiene una denuncia por la existencia de recetas que están firmadas por una profesional que no trabaja desde hace algunos meses, y que habrían sido presentadas por la persona que está sospechada de los hechos investigados. Se supone que la sospechosa elaboró las recetas, falsificó la firma de la médica y utilizó su sello, para retirar una serie de medicamentos de la farmacia.
«Tendríamos recetas que están firmadas por alguien que no estaba cumpliendo su tarea y utilizadas por otra persona para sacar medicamentos», indicó.
Esto hace que se investigue en un principio, «una falsedad documental», aunque si se determina que «causó un perjuicio para la Administración, podría haber una estafa».
Desde la Fiscalía además se trata de determinar si la sospechosa retiró esos medicamentos con una receta falsa, para su consumo personal o para usufructuar con su venta.
«Hay que ver si era para el consumo personal de esta persona o se lucraba y tenía otros fines. Hay que relacionar datos, pedir documental al Hospital. El delito base sería esta falsificación de documento que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión y no es muy distinto al delito de estafa que si no es agravada, tiene una pena de 1 a 6 años», contó Ruffini.
Por último, la funcionaria judicial aseguró que a la médica le falsificaron la firma, porque se habría corroborado porque «pudimos tener conocimiento que no las firmó».
A partir del material secuestrado en los allanamientos y de un análisis caligráfico, se determinará la responsabilidad que tiene en el hecho, la persona sospechada.
