La iniciativa se remitirá porque es la Cámara de Diputados quien tiene la facultad exclusiva de resolver que no se efectúen descuentos salariales a los agentes de la administración pública. El proyecto procura dar andamiaje legal en virtud de la no aplicación de descuentos a los agentes públicos ante inasistencias por Covid 19.
Las leyes que regulan el empleo público provincial prevén los conceptos que componen la remuneración básica y los adicionales de los agentes. Asimismo, las propias leyes son las que establecen los requisitos que deben cumplirse para la percepción de la totalidad de los haberes y, en caso de incumplimiento de los mismos, su no percepción.
En tal entendimiento el Poder Ejecutivo Provincial remitirá un proyecto de ley, que será puesto a consideración de los diputados, el cual prevé que los agentes que sean diagnosticados de Covid-19 no vean afectadas sus remuneraciones normales y habituales.
La excepción propugnada será aplicable al tiempo transcurrido entre el diagnóstico positivo de Covid 19 y la respectiva fecha de alta y tendrá como límite temporal el 30 de junio de 2022.
NO SE APLICARON DESCUENTOS
Asimismo y ante expresiones públicas reflejadas en los medios de comunicación, el Gobierno provincial aclaró que no se han realizado descuentos y no se verán reflejados en las liquidaciones de enero, debido a que ese tipo de acciones se aplican a mes vencido.
Transitoriamente, en los salarios de febrero, el descuento por inasistencias provocadas por Covid 19 quedará supeditado a la aprobación o rechazo de la ley que se enviará a la Cámara de Diputados.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, aquellos agentes a los que se les detectaba Covid-19 se encontraban amparados por lo establecido el Decreto Nacional Nº 39/21, el cual preveía la que la enfermedad Covid-19 producida por el virus SARS-CoV-2 se consideraba presuntivamente una enfermedad de carácter profesional –no listada- para todos los trabajadores y trabajadoras, cubriendo en consecuencia la ART.
Ahora, a partir del 1 de enero, la presunción se mantiene vigente únicamente para el personal de salud y de las fuerzas de seguridad federales y provinciales que cumplan servicio efectivo. En consecuencia, no rige para el resto de los agentes del estado.
