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| Eduardo Castex, La Pampa.

Comerciante pampeano condenado por vender una escalera fallada: El comprador sufrió triple fractura

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó una condena, en el marco de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, contra el vendedor y el proveedor de una escalera telescópica regulable porque se rompió en el primer uso. El comprador, a raíz de ello, se cayó desde 1,80 metros de altura cuando estaba pintando una habitación de su casa y sufrió graves lesiones.

El fallo de primera instancia había sido dictado por la jueza en lo civil, Fabiana Berardi, y ahora la Sala 1 de la Cámara, compuesta por las juezas Laura Torres y Marina Álvarez, ratificó en un todo esa resolución, incluyendo el monto resarcitorio de 350.807 pesos, más intereses desde la fecha del hecho (19 de abril de 2009), por gastos médicos y farmacológicos, incapacidad sobreviniente y daño moral. El demandante padeció la fractura triple de una vértebra dorsal y quedó incapacitado –en forma total y absoluta– por tres meses para el desarrollo de todo tipo de actividades (profesionales, recreativas y domésticas).

El perito interviniente sostuvo que "el daño provino de la escalera, específicamente de la rotura de ambos parantes de manera intempestiva, lo que provocó la caída del actor, sin que mediara culpa atribuible a él".

El vendedor –en el recurso de apelación– adujo que existió culpa del cliente por cuanto colocó "la escalera en un ángulo de 90 grados cuando debió ser colocada entre 65 y 75", y agregó que no se le puede pedir a él que desacredite los dichos del comprador cuando el hecho ocurrió "dentro de cuatro paredes, en absoluta soledad".

También cuestionó que la jueza hablara de "primer uso" de la escalera, cuando había sido adquirida hacía tres meses y en ese lapso el comprador pudo haberle dado un mal uso; y agregó que éste último debió acreditar que "la escalera contaba con algún tipo de vicio al momento de la adquisición, lo que no hizo". En definitiva, concluyó que no se pudo probar que la escalera contara con un vicio y que, por consiguiente, la culpa fue de la víctima.

La proveedora, por su parte, le imputó a la jueza que no se probó "la relación causal entre el hecho y el vicio alegado" y, menos aún, que la empresa tuviera alguna responsabilidad porque "no fue vendida por ella ni llevaba" su marca. En ese sentido, arguyó que el vendedor debió acreditar que la escalera era de la tercera citada (el proveedor) para que se activara el artículo 40 de la ley 24.240, ya que no alcanza con sostener y/o probar que esa tercera parte citada fuera o haya sido proveedora del objeto. E insistió en que no existe ninguna prueba que la escalera tuviera la marca del proveedor. Por el contrario, enfatizó que para hacerlo responsable debió probarse que fuera proveedor de esa escalera y no de otras escaleras. También cuestionó que se haya acreditado la mecánica del accidente por los dichos del demandante ya que no hubo testigos presenciales, solo "amigos y/o conocidos" de él que han declarado en el expediente.

Fundamentos.

Torres, en su voto, recordó que la ley establece el principio de "in dubio pro consumidor" y que "el régimen de consumo reposa en la imputación objetiva como factor de atribución, por lo que al estar en juego esa responsabilidad objetiva, correspondía a la demandada acreditar la ruptura del nexo causal o una causa eximitoria, pues la norma aplicada (artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor) prescribe de forma contundente que 'solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena' (...) Va de suyo entonces que, contrariamente a la interpretación que desarrollaron los apelantes, al consumidor le basta con señalar la existencia del nexo causal (...), siendo carga del vendedor y/o proveedor demostrar la ajenidad de ella; cuestión que no han logrado".

Torres rechazó el argumento de la proveedora de que no podía ser condenada porque ni siquiera el demandante lo solicitó. Lo hizo indicando que el artículo 40 habla del proceso de elaboración de un producto y en él están incluidas cuatro funciones básicas de la economía: producción, circulación, distribución y comercialización.

"Es en ese contexto donde surge el concepto de producto defectuoso (...) Un producto o servicio puede cumplir adecuadamente su función, y sin embargo, ser defectuoso; es lo que sucede con ciertos medicamentos que, aunque eficaces o elaborados de acuerdo con las especificaciones técnicas, no informan la forma correcta de uso, los efectos colaterales, etc.", acotó.

La magistrada insistió en que "la víctima del daño no tiene porqué investigar la mecánica del accidente, basta con que ofrezca datos concretos y fidedignos que permitan su comprobación fáctica", y que, por el contrario, el vendedor debió demostrar que la víctima le dio un mal uso a la escalera y el proveedor que no le había vendido la escalera a éste último y que no tenía inserta su marca.

Álvarez coincidió con los argumentos de Torres, pero en su voto a su vez hizo hincapié en la pericia técnica. Indicó que el ingeniero civil que realizó esa tarea determinó que el colapso de la escalera "se debió a una falla del material" y no se expidió –porque no hubo prueba de ello– sobre si "esa rotura se produjo o no por una falla de fabricación porque desconocía cómo se fabricó la escalera y, además, dicha información no surgía del expediente".

"Si la falla fue de fabricación o existió deficiencia en los materiales (...), en primer término que no fueron extremos incorporados como defensa por las partes accionadas; y en segundo término, la acreditación de tales ítems no le puede ser legalmente exigida al actor; puesto que escapan a su accionar; pero sí a quienes por su calidad de vendedor y proveedor de la escalera debían hacerlo", expresó.

Finalmente, con relación a un presunto mal uso, el perito sostuvo que el consumidor "cumplió con todas las medidas de seguridad indicadas, haciendo un uso adecuado de la escalera para la tarea que realizaba"; añadiendo que "si bien las partes argumentaron que existió culpa de la víctima, no indicaron mediante qué acción u omisión culposa (imprudente, imperita o negligente) podría haberse ocasionado la quebradura de la escalera". Incluso –concluyó– esa presunta culpa se mencionó ha efectuado de "modo genérico, sin indicación concreta respecto de cuáles fueron o podrían eventualmente ser esas conductas u omisiones que le endilgaron" al actor.

Además, no surge que se hubiera informado al usuario –al momento de adquirir o posteriormente, como tampoco en las tratativas previas–, cómo debía usar la escalera, siendo una obligación expresa y prevista en artículo 4 de la ley y el artículo 1100 del Código Civil y Comercial. A su vez, Álvarez resaltó que existe un deber de seguridad e indemnidad –previstos por los artículos 5 y 6 de la Ley de Defensa del Consumidor– que disponen que los bienes o servicios deben ser suministrados o prestados de tal modo que, utilizados en condiciones de normal uso, no presenten peligro para la salud o la integridad del consumidor. Finalmente refirió que la solidaridad entre vendedor y proveedor por disposición del propio artículo 40, independientemente que luego cada parte condenada, entre ellas, puedan reclamar el reintegro de lo pagado al otro u otros.​

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Municipalidad de Santa Rosa tendrá que indemnizar a una mujer que se cayó en una vereda

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa no hizo lugar a un recurso de apelación presentado por la Municipalidad de Santa Rosa y, de ese modo, confirmó una sentencia contra ella en una demanda civil iniciada por una mujer que sufrió lesiones, al caerse en una porque la tapa de un medidor estaba descubierta.

En primera instancia, la jueza civil María del Carmen García había hecho lugar a la demanda de la mujer –que al momento de la caída tenía 59 años– y condenó al Estado Municipal a un pago resarcitorio de 57.320 pesos por daños y perjuicios, más intereses a partir del 13 de julio de 2009, cuando ocurrió el accidente, por entender que había incumplido con los "medios y diligencias adecuadas en el cuidado y reparación de la vía pública". Ahora, la Sala 3 de la Cámara, conformada por los jueces Guillermo Salas y Marina Alvarez, ratificó en un todo ese fallo al no hacer lugar al recurso de apelación y rechazar los argumentos defensivos de la comuna.

La Municipalidad apeló la resolución de primera instancia y planteó cuatro agravios. Por el primer adujo que la demanda estaba prescripta. La Cámara le respondió que el accidente se produjo el 13 de julio de 2009, que el emplazamiento y la intimación resarcitoria fue recibida por la accionada el 29 de marzo de 2011 y que la demanda se interpuso el 6 de julio de 2012, cuando el plazo legal fenecía con posterioridad a esa fecha.

La Municipalidad apeló la resolución de primera instancia y planteó cuatro agravios. Por el primer adujo que la demanda estaba prescripta. La Cámara le respondió que el accidente se produjo el 13 de julio de 2009, que el emplazamiento y la intimación resarcitoria fue recibida por la accionada el 29 de marzo de 2011 y que la demanda se interpuso el 6 de julio de 2012, cuando el plazo legal fenecía con posterioridad a esa fecha.

El municipio también dijo que la jueza de primera instancia había valorado erróneamente la prueba testimonial. La Cámara, en cambio, expresó que las apreciaciones de los das declaraciones testimoniales  fueron valoradas correctamente por García. Una testigo fue la mujer que caminaba junto a la demandante al momento de caerse, por lo que dio un relato detallado del hecho; que fue concordante con el del taxista que estaba esperando un pasajero, observó lo sucedido y auxilió a la actora "ante sus referencias de dolor en diversas partes del cuerpo". El hombre vio que lo que provocó la caída fue "una tapa de medidor al descubierto, generando el hueco donde la demandante metió el pie".

Salas y Alvarez agregaron que "no existe prueba que indique que, al momento del hecho, la tapa del medidor hubiera estado colocada, o que lo estuviera en condiciones de no generar el daño que finalmente causó. Quien se encontraba en condición de probar la inexistencia de esas falencias era el municipio (...) Si bien al contestar demanda intentó delegar la responsabilidad por la conservación de la vereda y de las condiciones del medidor en 'el tercero frentista' y respecto del cual no debía responder –según adujera–; lo cierto es que no identificó a ese tercero (pudiendo hacerlo) ni lo citó a juicio, con lo cual quien alega una causal exculpatoria, debe probarla".

"La actora, por su parte, acreditó que el daño ocurrió en una vereda y como consecuencia de la existencia de un pozo (...) La versión de los hechos dada por los testigos resultó ser por demás clara, detallada y verosímil en sus circunstancias, y también categórica con relación a la secuencia y el modo de acaecimiento", agregaron los jueces.

Daño físico y moral.

El tercer cuestionamiento de la Municipalidad a la sentencia fue que existió incertidumbre sobre cuál había sido el miembro dañado y, además, que si la mujer hubiera seguido los consejos médicos, las consecuencias podrían haberse minimizado o directamente inexistido.

"Este agravio está desierto, toda vez que la queja resulta ser una mera discrepancia con la argumentación que, con acierto, justicia y prudencia, dio la jueza de la instancia anterior, evidenciando con ello un tardío cuestionamiento a las opiniones médicas dadas por vía de informativa y por un peritaje" que mostraron una fractura ósea, contestaron Salas y Alvarez

Con relación al consejo médico de operarse, que la mujer rechazó, ya que "optó por otra prescripción terapéutica distinta para el tratamiento de su dolencia", la Cámara sostuvo que "ese dato –por sí solo– no implica que de haberse efectuado la intervención quirúrgica,  no hubieran quedado igualmente secuelas incapacitantes o en qué medida hubiera influido o influyó –en la incapacidad y el porcentual determinado– no haberse efectuado la cirugía".

"Esas implicancias, que ahora introdujo el apelante, debieron haber sido motivo de indagación en la anterior instancia por parte de quien alegó –como hecho defensivo– que no existía incapacidad, y en su caso, cuestionar el dictamen que las determinó, como también el porcentual asignado –acotó el tribunal–. Sucede que la comuna no impugnó el dictamen, ni tampoco requirió explicación o precisión respecto de la incidencia del propio hecho de la actora (seguir o no el consejo médico) y su vinculación con la incapacidad dictaminada".

Por último, el municipio objetó la procedencia y el importe adjudicado a la mujer por el rubro daño moral, por entender que no fue probado. Basándose en lo dicho por un perito médico, los camaristas manifestaron que "los riesgos a padecer un dolor crónico están presente, la recuperación nunca será del 100 por ciento, con una tendencia a la rigidez articular, tendinosa y muscular que afecta a la funcionalidad (...), lo que conlleva a sostener que, la procedencia del daño moral, resulta adecuada a las circunstancias examinadas en la causa; no siendo meras molestias las ocasionadas a raíz del hecho, sino un menoscabo que tiene rasgos de cronicidad".

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La Cámara de Apelaciones confirmó un fallo por publicidad engañosa para la venta de terrenos en Santa Rosa

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó que el fideicomiso Reino Vida Libre sea multado por incumplir varios artículos de la Ley de Defensa del Consumidor, entre ellos los de los deberes de información y buena fe contractual, cuando publicitó la venta de terrenos y lotes sobre la ruta provincial 12, a unos 25 kilómetros de la capital provincial.

Los jueces de la Sala 3, Laura Cagliolo y Guillermo Salas, así lo señalaron en una resolución reciente en la que ratificaron la sanción impuesta por la Subsecretaría de Industria, Comercio y Pymes, dependiente del Ministerio de la Producción contra Edgardo Daniel González, en su carácter de fiduciario responsable de fideicomiso y de letrado titular del estudio jurídico Baires Abogados & Asociados, Estudio Jurídico Pampa Proyectos.

En ese texto el organismo provincial había multado solidariamente en 250.000 pesos al fideicomiso y al estudio jurídico porque habían infringido los artículos 4° (deber de información), 7° (oferta), 8° (efectos de la publicidad) y 37° (deber de buena fe contractual) de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias, y los artículos 5° y 9° de la ley 22.802 de Lealtad Comercial.

En la publicidad objetada se ofrecían "terrenos y lotes" con "posesión y escrituración inmediata", apareciendo las palabras "fideicomiso", "con la seguridad jurídica del fideicomiso" y "ventas".

El único cambio que hizo la Cámara fue reducirle la multa a la mitad (127.5000 pesos) por entender que hubo atenuantes, como "la falta de un perjuicio final consumado en detrimento de los consumidores, la no reincidencia, el hecho de que el oferente se pusiera a disposición de la Oficina de Defensa del Consumidor –aceptando las sugerencias que se le pudieran pedir respecto a la publicidad–, el haber publicado aclaraciones y especificaciones –en forma posterior a las publicidades objeto de sanción– del proyecto y que, como surge del contrato, serán los propios beneficiarios quienes se hagan cargo de la multa impuesta".

Inducir a error o engaño

En todo el resto, el tribunal avaló íntegramente lo dispuesto por la Subsecretaría. "El fideicomiso Reina Vida libre no brindó, en la publicidad referenciada, características del proyecto en forma adecuada y clara, pudiendo inducir a error o engaño al potencial consumidor respecto al producto a adquirir", señaló Cagliolo, autora del primer voto, al que luego adhirió Salas con adicionales consideraciones en voto individual.

"En tal sentido, cabe precisar que no se requiere un daño concreto a los derechos de los consumidores, sino la posibilidad de la existencia de tal daño y las normas legales imponen pautas o conductas objetivas que deben ser respetadas, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la ley", agregó.

"En los avisos publicitarios se ofertaban 'lotes', es decir una parcela procedente de la división de un terreno destinado a la edificación –expresó Cagliolo–. Como se advierte de esa simple definición, Reino Vida Libre no estaba en condiciones jurídicas de ofertar lotes que no existían como tales; coincidentemente con lo informado por la Dirección General de Catastro".

"Incluso, y cómo surge de la propia aclaración efectuada por la parte denunciada y de la escritura de constitución del fideicomiso (...), con la posibilidad que esos 'lotes' no llegaran a concretarse puesto que estaban sujetos a la aprobación de los organismos correspondientes, y, de no obtenerse la misma, la figura del fideicomiso se transformaría en condominio con indivisión por 10 años (...) Tampoco era jurídicamente posible escriturar esos 'lotes' en forma inmediata, ya que la figura del fideicomiso no otorga titularidad sobre un lote sino el dominio fiduciario sobre éste, el que una vez finalizado el fideicomiso se transmitirá a los fideicomisarios, lo que en el caso que nos ocupa ocurriría recién al finalizarse el objeto (subdivisión de inmuebles en fracciones de acuerdo a plano adjunto o similar) o por finalización del plazo máximo del fideicomiso, o sea 30 años", acotó la jueza.

Señaló que "el consumidor tiene el derecho de tener a su alcance la información completa del negocio que se le está ofreciendo, ya que el ciudadano promedio desconoce las particularidades de la figura contractual del fideicomiso, máxime cuando indistintamente se le ofrecen 'lotes', 'terrenos', 'escrituración' y 'ventas', lo que no implica pretender privilegiar al consumidor por sobre el oferente, sino sólo ponerlos en un pie de igualdad, desde el origen del negocio, que le permita contar con la seguridad jurídica que el sistema le brinda".

"De una adecuada, correcta y sincera información, el consumidor gozará de la más amplia libertad y seguridad para tomar una decisión de contratación posterior en la que se asegure de adquirir el producto que se le está ofreciendo", destacó Cagliolo.

Una mirada colectiva

En otro párrafo, la magistrada remarcó que "el Estado tiene el deber de proteger al consumidor de posibles abusos a cometerse en su contra, adelantándose, de ser posible, a la consecuencia disvaliosa: la concreción del daño. Para ello hay una batería de normas en beneficio de los consumidores, para protegerlos no solo de los abusos cometidos sino de los 'posibles' abusos a cometerse".

"En definitiva –acotó–, los agravios (aludidos por González en el recurso de apelación) no logran desvirtuar los fundamentos de la disposición apelada, que se basó en las publicidades a las que se hizo referencia y que están en clara contradicción con la normativa referenciada, limitándose a una serie de manifestaciones desordenadas en las que expresó disconformidades sin precisar los yerros de la resolución atacada".

A su turno, Salas añadió "no cabe ninguna duda que para el ordenamiento jurídico argentino, los consumidores y usuarios de bienes y servicios cuentan en sus relaciones contractuales con el derecho constitucional a una información adecuada y veraz. Este nuevo derecho protectorio, al que las autoridades deben proveer con procedimientos y soluciones eficaces, rebasa el plano de lo puramente individual para proyectarse en resguardo de intereses atendidos con mirada colectiva".

Recordó asimismo, como lo postula doctrina vinculada al análisis económico del derecho, que "en la economía de todo contrato (con mayor razón si se trata de un fideicomiso), es de crucial importancia suministrar información detallada y completa hacia quienes se pretende involucrar con alcances jurídicos y económicos."

Salas concluyó: "Se trata pues, en jurisdicción de La Pampa (dada la legitimada intervención constitucional concurrente de la autoridad local administrativa de aplicación para la LDC), que no se agreda ni se sorprenda al consumidor con un contenido contractual que -merced a técnicas de comercialización poco ortodoxas y a una deficiente o inapropiada publicidad e información-, termine por afectarle su derecho de acceso al consumo en condiciones".​

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