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| Eduardo Castex, La Pampa.

La Cámara de Apelaciones denegó un recurso de Ilka y confirmó el pago a Sergio García

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó en un todo la planilla de la liquidación final realizada por la jueza de primera instancia, María del Carmen García, que ordenó a la empresa Ilka Construcciones, la Provincia de La Pampa y la Municipalidad de Santa Rosa abonarle a Sergio García la suma de 12.927.922 pesos, en concepto de daños y perjuicios, por el accidente vehicular que sufrió el 1 de abril de 2011.

La resolución fue dictada por la Sala 2, que ya había intervenido en el expediente cuando ratificó el fallo condenatorio de primera instancia. En esta ocasión, lo que hizo fue rechazar la impugnación que Ilka había efectuado a dicha planilla. El recurso había ingresado a la Sala la semana pasada.

Cuando la Cámara ratificó, a principios de septiembre, la sentencia condenatoria de primera instancia, a favor de Sergio García, ninguna de las tres partes demandadas la recurrió. Al conocerse la liquidación de la planilla, la Provincia y el municipio tampoco apelaron, pero sí lo hizo Ilka Construcciones.

De todas maneras, la firma ya había depositado “en pago” 3.615.077 pesos –una suerte de adelanto–, de los cuales 3.303.927 le corresponderían al actor y el resto a peritos intervinientes.

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Fallo de la Justicia negó relación laboral entre un médico y una institución médica de Santa Rosa

La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa hizo lugar a un recurso interpuesto por una institución médica local y revocó una sentencia de primera instancia que había dado por acreditada la relación laboral de un médico cirujano con ella. La demanda se había tramitado en el Juzgado Laboral N° 1.

Ese tribunal le había dado la razón al médico en base a dos testigos que relataron las tareas profesionales realizadas por el demandante en el establecimiento médico, "la inactividad probatoria de la demandada, que no adjuntó al expediente ningún elemento objetivo –contrato de alquiler, recibo de pago de canon locativo, etc.– que acreditara que le alquilaba al actor el consultorio y el quirófano para que prestara sus servicios, un informe del PAMI sobre las cirugías practicadas, pacientes y las cápitas que por cada una de ellas fueron pagadas", un informe de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, etc.

Con esas pruebas tuvo por acreditada "una relación de trabajo" entre mayo de 2007 y febrero de 2014. En ese período, de acuerdo al fallo de primera instancia, el cirujano "prestó servicios a las órdenes de la demandada, recibió órdenes de sus superiores y todo ello lo realizó a cambio de una suma de dinero". En consecuencia, condenó a la institución a pagarle las prácticas quirúrgicas adeudadas por 558.000 pesos.

Sin embargo, la entidad médica presentó un recurso de apelación negando esa relación laboral y logró que la sentencia de primera instancia fuera revocada. En su presentación ante la Cámara sostuvo, entre otros argumentos, que el médico en su demanda "no reclamó haberes adeudados, sino el pago de honorarios (que no tienen la misma naturaleza jurídica que la remuneración laboral)" y que "nunca se dio por despedido, ni reclamó indemnización ni ningún concepto vinculado a una supuesta relación laboral".

También alegó que no le pagaba una remuneración, sino que entre ellos existía un acuerdo sobre "la distribución de los honorarios que facturaban a las obras sociales". Agregó que "tampoco determinó los ingresos de honorarios del actor, sino que los pactó el Colegio Médico con las distintas obras sociales, siendo la demandada una mera organización sanatorial tendiente a prestar servicios médicos a terceros y administrar turnos, recursos y demás de los médicos brindando a esos fines sus instalaciones y personal".

NI UN RECLAMO

 La Cámara remarcó que en la demanda, el cirujano –tal como adujera la parte apelante– reclamó el pago de honorarios profesionales y daño moral (este último rubro le fue denegado ya en primera instancia) y que en esos siete años en que realizó cirugías en la institución médica jamás "formuló un reclamo laboral ni se colocó en situación de despido indirecto; como tampoco reclamó el pago de haberes, ni de ninguno de los conceptos derivados del despido injustificado (indemnización por despido injustificado, indemnización sustitutiva de preaviso omitido, integración del mes de despido, indemnización por vacaciones no gozadas, etc.). O sea que, más allá de que el cirujano promoviera una demanda laboral, esa pretensión no se condijo con "ninguno de los rubros derivados del despido contemplados en la normativa laboral".

"La nota característica del contrato de trabajo es la dependencia (...) La doctrina y la jurisprudencia son unánimes al considerar que ella se verifica en tres aspectos: técnico, económica y jurídica", subrayó la Sala 3.

"En cuanto al primer presupuesto, ha quedado demostrado que no existió subordinación técnica del actor hacia el demandado en cuanto al trabajo que realizaba", acotó. En base al testimonio de otro médico, la Cámara sostuvo que el demandante operaba con su propio equipo de video laparoscopía; que la institución únicamente le imponía atender a los pacientes del PAMI cuya cápita tenía asignada, pero que las demás obras sociales se atendían por convenio con el Colegio Médico a elección del cirujano, quien tenía libertad al respecto; y que la entidad médica no designaba quién lo ayudaba en cada cirugía, sino que él designaba a sus ayudantes en las cirugías.

Incluso uno de esos dos testigos dijo que él mismo –médico– no tiene relación de dependencia con la demandada, que puede disponer libremente de sus vacaciones o elegir las fechas para concurrir a congresos. Otra testigo, una instrumentadora quirúrgica, fue coincidente con respecto a que el instrumental de laparoscopía era del actor y en cuanto al instrumental quirúrgico, algunas cosas las compraba él actor y otras eran de la institución.

UN FALLO DE LA CORTE

Con respecto a los dichos del testigo-médico acerca de que la parte demandada fijaba qué días se operaba –excepto las urgencias–, el Tribunal indicó –basándose en un fallo de la Corte– que ello "no es demostrativo de dependencia técnica" ya que "En el caso concreto de los profesionales de la salud, la coordinación de horarios es necesaria, por ejemplo, para hacer una intervención quirúrgica a la que concurren un médico cirujano y un anestesiólogo, pero ello no es por sí mismo el ejercicio del poder de subordinación (...) Sí se entiende que la sola verificación y control suponen un trabajo dirigido, (sino) podría llegarse a la inexacta conclusión de que la mayoría de las prestaciones medicales son dependientes, puesto que normalmente interviene una entidad –obra social, seguro de salud, medicina prepaga, clínica, hospital público, colegios profesionales– que ejerce el 'control' sobre la prestación".

Más adelante, los jueces señalaron que tampoco se verificó la dependencia económica que caracteriza a la relación laboral, por cuanto de la prueba informativa ha quedado probado que el actor percibía honorarios médicos (que eran abonados por las obras sociales, ART y prepagas) y no una remuneración por resultado o rendimiento contemplada en el artículo 104 de la Ley de Contrato de Trabajo invocada por éste al fundar su demanda.

Señaló la Cámara, en cuanto a las cirugías realizadas por el actor a los afiliados al PAMI (que posee un sistema capitado) que integraban la cápita asignada a la institución como prestadora, el PAMI pagó a ella las cápitas correspondientes con independencia de las prácticas y cirugías que realizó cada prestador (...), y éste pagó al efector, en el caso el actor que practicaba las cirugías, los honorarios médicos que convino con el prestador sin intervención del PAMI (...) En definitiva, en cuanto a los pacientes del PAMI, el médico convino sus honorarios médicos con la demandada por las cirugías que realizaba. Y en cuanto a las cirugías que realizaba a los afiliados de las restantes obras sociales, ART y prepagas, vemos que el Colegio Médico informó que cobraba sus honorarios médicos a través del propio Colegio (...) De lo informado por el Colegio Médico, se concluye que la parte demandada no fijaba ni abonaba los honorarios que cobraba el actor, sino que solo debía informar a aquél los actos médicos realizados por el actor. Por ello no se verificó la dependencia económica que caracteriza la relación laboral".

Finalmente, el Tribunal concluyó que "en virtud de los fundamentos expuestos en estos considerandos, es que hemos llegado a la conclusión que la relación jurídica que unió a las partes de este proceso no fue de naturaleza laboral, por lo que la presente acción laboral no resulta ser la vía adecuada para hacer valer el derecho que el actor alegó que le asiste".

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Comerciante pampeano condenado por vender una escalera fallada: El comprador sufrió triple fractura

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó una condena, en el marco de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, contra el vendedor y el proveedor de una escalera telescópica regulable porque se rompió en el primer uso. El comprador, a raíz de ello, se cayó desde 1,80 metros de altura cuando estaba pintando una habitación de su casa y sufrió graves lesiones.

El fallo de primera instancia había sido dictado por la jueza en lo civil, Fabiana Berardi, y ahora la Sala 1 de la Cámara, compuesta por las juezas Laura Torres y Marina Álvarez, ratificó en un todo esa resolución, incluyendo el monto resarcitorio de 350.807 pesos, más intereses desde la fecha del hecho (19 de abril de 2009), por gastos médicos y farmacológicos, incapacidad sobreviniente y daño moral. El demandante padeció la fractura triple de una vértebra dorsal y quedó incapacitado –en forma total y absoluta– por tres meses para el desarrollo de todo tipo de actividades (profesionales, recreativas y domésticas).

El perito interviniente sostuvo que "el daño provino de la escalera, específicamente de la rotura de ambos parantes de manera intempestiva, lo que provocó la caída del actor, sin que mediara culpa atribuible a él".

El vendedor –en el recurso de apelación– adujo que existió culpa del cliente por cuanto colocó "la escalera en un ángulo de 90 grados cuando debió ser colocada entre 65 y 75", y agregó que no se le puede pedir a él que desacredite los dichos del comprador cuando el hecho ocurrió "dentro de cuatro paredes, en absoluta soledad".

También cuestionó que la jueza hablara de "primer uso" de la escalera, cuando había sido adquirida hacía tres meses y en ese lapso el comprador pudo haberle dado un mal uso; y agregó que éste último debió acreditar que "la escalera contaba con algún tipo de vicio al momento de la adquisición, lo que no hizo". En definitiva, concluyó que no se pudo probar que la escalera contara con un vicio y que, por consiguiente, la culpa fue de la víctima.

La proveedora, por su parte, le imputó a la jueza que no se probó "la relación causal entre el hecho y el vicio alegado" y, menos aún, que la empresa tuviera alguna responsabilidad porque "no fue vendida por ella ni llevaba" su marca. En ese sentido, arguyó que el vendedor debió acreditar que la escalera era de la tercera citada (el proveedor) para que se activara el artículo 40 de la ley 24.240, ya que no alcanza con sostener y/o probar que esa tercera parte citada fuera o haya sido proveedora del objeto. E insistió en que no existe ninguna prueba que la escalera tuviera la marca del proveedor. Por el contrario, enfatizó que para hacerlo responsable debió probarse que fuera proveedor de esa escalera y no de otras escaleras. También cuestionó que se haya acreditado la mecánica del accidente por los dichos del demandante ya que no hubo testigos presenciales, solo "amigos y/o conocidos" de él que han declarado en el expediente.

Fundamentos.

Torres, en su voto, recordó que la ley establece el principio de "in dubio pro consumidor" y que "el régimen de consumo reposa en la imputación objetiva como factor de atribución, por lo que al estar en juego esa responsabilidad objetiva, correspondía a la demandada acreditar la ruptura del nexo causal o una causa eximitoria, pues la norma aplicada (artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor) prescribe de forma contundente que 'solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena' (...) Va de suyo entonces que, contrariamente a la interpretación que desarrollaron los apelantes, al consumidor le basta con señalar la existencia del nexo causal (...), siendo carga del vendedor y/o proveedor demostrar la ajenidad de ella; cuestión que no han logrado".

Torres rechazó el argumento de la proveedora de que no podía ser condenada porque ni siquiera el demandante lo solicitó. Lo hizo indicando que el artículo 40 habla del proceso de elaboración de un producto y en él están incluidas cuatro funciones básicas de la economía: producción, circulación, distribución y comercialización.

"Es en ese contexto donde surge el concepto de producto defectuoso (...) Un producto o servicio puede cumplir adecuadamente su función, y sin embargo, ser defectuoso; es lo que sucede con ciertos medicamentos que, aunque eficaces o elaborados de acuerdo con las especificaciones técnicas, no informan la forma correcta de uso, los efectos colaterales, etc.", acotó.

La magistrada insistió en que "la víctima del daño no tiene porqué investigar la mecánica del accidente, basta con que ofrezca datos concretos y fidedignos que permitan su comprobación fáctica", y que, por el contrario, el vendedor debió demostrar que la víctima le dio un mal uso a la escalera y el proveedor que no le había vendido la escalera a éste último y que no tenía inserta su marca.

Álvarez coincidió con los argumentos de Torres, pero en su voto a su vez hizo hincapié en la pericia técnica. Indicó que el ingeniero civil que realizó esa tarea determinó que el colapso de la escalera "se debió a una falla del material" y no se expidió –porque no hubo prueba de ello– sobre si "esa rotura se produjo o no por una falla de fabricación porque desconocía cómo se fabricó la escalera y, además, dicha información no surgía del expediente".

"Si la falla fue de fabricación o existió deficiencia en los materiales (...), en primer término que no fueron extremos incorporados como defensa por las partes accionadas; y en segundo término, la acreditación de tales ítems no le puede ser legalmente exigida al actor; puesto que escapan a su accionar; pero sí a quienes por su calidad de vendedor y proveedor de la escalera debían hacerlo", expresó.

Finalmente, con relación a un presunto mal uso, el perito sostuvo que el consumidor "cumplió con todas las medidas de seguridad indicadas, haciendo un uso adecuado de la escalera para la tarea que realizaba"; añadiendo que "si bien las partes argumentaron que existió culpa de la víctima, no indicaron mediante qué acción u omisión culposa (imprudente, imperita o negligente) podría haberse ocasionado la quebradura de la escalera". Incluso –concluyó– esa presunta culpa se mencionó ha efectuado de "modo genérico, sin indicación concreta respecto de cuáles fueron o podrían eventualmente ser esas conductas u omisiones que le endilgaron" al actor.

Además, no surge que se hubiera informado al usuario –al momento de adquirir o posteriormente, como tampoco en las tratativas previas–, cómo debía usar la escalera, siendo una obligación expresa y prevista en artículo 4 de la ley y el artículo 1100 del Código Civil y Comercial. A su vez, Álvarez resaltó que existe un deber de seguridad e indemnidad –previstos por los artículos 5 y 6 de la Ley de Defensa del Consumidor– que disponen que los bienes o servicios deben ser suministrados o prestados de tal modo que, utilizados en condiciones de normal uso, no presenten peligro para la salud o la integridad del consumidor. Finalmente refirió que la solidaridad entre vendedor y proveedor por disposición del propio artículo 40, independientemente que luego cada parte condenada, entre ellas, puedan reclamar el reintegro de lo pagado al otro u otros.​

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