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| Eduardo Castex, La Pampa.

Charla sobre Defensa del Consumidor en la UNLPam: Destacan el crecimiento de denuncias contra las financieras

La directora de Comercio, Marisa Casimiro, instruyó a los integrantes de los Consultorios Jurídicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, sobre los alcances de la Ley de Defensa del Consumidor.

Si bien la normativa es de amplio conocimiento por parte de los estamentos jurídicos, desde la Dirección de Comercio se consideró necesario profundizar sobre varios aspectos relacionados a los alcances protectivos, ante posibles casos de abusos a consumidores.
Dónde realizar las denuncias o temáticas que comprende la Ley Nacional fueron parte de la agenda recorrida con integrantes de los Consultorios, quienes asesoran a los consumidores. "Teníamos conocimiento del funcionamiento de estos Consultorios pero también se decidió sumar nuestra participación a partir de una falencia en cuanto al poco tratamiento, a nivel general, que se tiene de la Ley Nacional 24240. Les propusimos un trabajo conjunto y fuimos muy bien recibidos en el ámbito universitario", señaló Casimiro.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

La charla giró sobre los procedimientos administrativos que se aplican en Defensa del Consumidor, y el alumnado respondió con una variada agenda de consultas. "Ellos van a asesorar y orientar puntualmente sobre la documentación con las que debe contar el consumidor al momento de efectuar una denuncia. La ley es muy nueva para todos y la realidad nos indica la necesidad de avanzar con trabajos integrales a fin de obtener una perspectiva mucho más amplia de lo que es la Ley de Defensa del Consumidor", continuó la directora.
La amplitud de la temática que compete a la Dirección de Comercio obligó, en el tiempo, a la apertura de nuevas oficinas, entre ellas en General Pico y Eduardo Castex y se analiza, desde el Ministerio de la Producción, avanzar con la instalación de similares en el sur provincial.

ESTADISTICAS

La titular de Comercio hizo hincapié en los recientes fallos judiciales condenatorios a vendedores de planes de ahorro para la adquisición de automotores y también a financieras por los préstamos de dinero a tasas prácticamente imposibles de pagar por parte de los solicitantes. "Hace rato que venimos trabajando en esto, desde los primeros días de la gestión y de acuerdo a lo que es el eje estratégico del Ministerio de la Producción -a cargo de Ricardo Moralejo-, quien brega por la protección al consumidor. En el caso de las financieras las denuncias se incrementaban mes a mes, de hecho surgió que de un 2016 con un 25 % pasamos a un 2017 con un 45 % de denuncias únicamente contra financieras, y va en crecimiento", sostuvo.

PROPUESTA DE MODIFICACIONES

"La Pampa está proponiendo modificatorias a la Ley de Defensa del Consumidor en cuanto al tema financieras, de hecho empezamos a trabajar con la Ley de Entidades Financieras que está vigente y regula a las entidades que no están nucleadas bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina", destacó Casimiro.
Defensa del Consumidor, a la luz de los recientes fallos judiciales, demostró el trabajo consecuente a favor de los afectados por prácticas abusivas y sobre el particular. "Defensa del Consumidor es una instancia administrativa, es una vía mucho más ágil, lo que no quita que los consumidores puedan hacer una denuncia en planos de la justicia civil. En este primer semestre seguimos con el liderazgo –en cuanto a nivel de denuncias- a financieras y vendedores de planes de ahorro, ahora se le suman las denuncias por planes de venta de casas prefabricadas", indicó.
No quedó al margen de la explicación de Casimiro sobre una preocupante situación que debe resolver la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). “Hace dos años solicitamos audiencia porque nos enteramos que recargan un plus a las tarjetas SUBE, nos parece abusivo y de hecho vamos a empezar a inspeccionar porque decididamente el ente que se tiene que hacer cargo no lo está haciendo", culminó.      

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Comerciante pampeano condenado por vender una escalera fallada: El comprador sufrió triple fractura

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó una condena, en el marco de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, contra el vendedor y el proveedor de una escalera telescópica regulable porque se rompió en el primer uso. El comprador, a raíz de ello, se cayó desde 1,80 metros de altura cuando estaba pintando una habitación de su casa y sufrió graves lesiones.

El fallo de primera instancia había sido dictado por la jueza en lo civil, Fabiana Berardi, y ahora la Sala 1 de la Cámara, compuesta por las juezas Laura Torres y Marina Álvarez, ratificó en un todo esa resolución, incluyendo el monto resarcitorio de 350.807 pesos, más intereses desde la fecha del hecho (19 de abril de 2009), por gastos médicos y farmacológicos, incapacidad sobreviniente y daño moral. El demandante padeció la fractura triple de una vértebra dorsal y quedó incapacitado –en forma total y absoluta– por tres meses para el desarrollo de todo tipo de actividades (profesionales, recreativas y domésticas).

El perito interviniente sostuvo que "el daño provino de la escalera, específicamente de la rotura de ambos parantes de manera intempestiva, lo que provocó la caída del actor, sin que mediara culpa atribuible a él".

El vendedor –en el recurso de apelación– adujo que existió culpa del cliente por cuanto colocó "la escalera en un ángulo de 90 grados cuando debió ser colocada entre 65 y 75", y agregó que no se le puede pedir a él que desacredite los dichos del comprador cuando el hecho ocurrió "dentro de cuatro paredes, en absoluta soledad".

También cuestionó que la jueza hablara de "primer uso" de la escalera, cuando había sido adquirida hacía tres meses y en ese lapso el comprador pudo haberle dado un mal uso; y agregó que éste último debió acreditar que "la escalera contaba con algún tipo de vicio al momento de la adquisición, lo que no hizo". En definitiva, concluyó que no se pudo probar que la escalera contara con un vicio y que, por consiguiente, la culpa fue de la víctima.

La proveedora, por su parte, le imputó a la jueza que no se probó "la relación causal entre el hecho y el vicio alegado" y, menos aún, que la empresa tuviera alguna responsabilidad porque "no fue vendida por ella ni llevaba" su marca. En ese sentido, arguyó que el vendedor debió acreditar que la escalera era de la tercera citada (el proveedor) para que se activara el artículo 40 de la ley 24.240, ya que no alcanza con sostener y/o probar que esa tercera parte citada fuera o haya sido proveedora del objeto. E insistió en que no existe ninguna prueba que la escalera tuviera la marca del proveedor. Por el contrario, enfatizó que para hacerlo responsable debió probarse que fuera proveedor de esa escalera y no de otras escaleras. También cuestionó que se haya acreditado la mecánica del accidente por los dichos del demandante ya que no hubo testigos presenciales, solo "amigos y/o conocidos" de él que han declarado en el expediente.

Fundamentos.

Torres, en su voto, recordó que la ley establece el principio de "in dubio pro consumidor" y que "el régimen de consumo reposa en la imputación objetiva como factor de atribución, por lo que al estar en juego esa responsabilidad objetiva, correspondía a la demandada acreditar la ruptura del nexo causal o una causa eximitoria, pues la norma aplicada (artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor) prescribe de forma contundente que 'solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena' (...) Va de suyo entonces que, contrariamente a la interpretación que desarrollaron los apelantes, al consumidor le basta con señalar la existencia del nexo causal (...), siendo carga del vendedor y/o proveedor demostrar la ajenidad de ella; cuestión que no han logrado".

Torres rechazó el argumento de la proveedora de que no podía ser condenada porque ni siquiera el demandante lo solicitó. Lo hizo indicando que el artículo 40 habla del proceso de elaboración de un producto y en él están incluidas cuatro funciones básicas de la economía: producción, circulación, distribución y comercialización.

"Es en ese contexto donde surge el concepto de producto defectuoso (...) Un producto o servicio puede cumplir adecuadamente su función, y sin embargo, ser defectuoso; es lo que sucede con ciertos medicamentos que, aunque eficaces o elaborados de acuerdo con las especificaciones técnicas, no informan la forma correcta de uso, los efectos colaterales, etc.", acotó.

La magistrada insistió en que "la víctima del daño no tiene porqué investigar la mecánica del accidente, basta con que ofrezca datos concretos y fidedignos que permitan su comprobación fáctica", y que, por el contrario, el vendedor debió demostrar que la víctima le dio un mal uso a la escalera y el proveedor que no le había vendido la escalera a éste último y que no tenía inserta su marca.

Álvarez coincidió con los argumentos de Torres, pero en su voto a su vez hizo hincapié en la pericia técnica. Indicó que el ingeniero civil que realizó esa tarea determinó que el colapso de la escalera "se debió a una falla del material" y no se expidió –porque no hubo prueba de ello– sobre si "esa rotura se produjo o no por una falla de fabricación porque desconocía cómo se fabricó la escalera y, además, dicha información no surgía del expediente".

"Si la falla fue de fabricación o existió deficiencia en los materiales (...), en primer término que no fueron extremos incorporados como defensa por las partes accionadas; y en segundo término, la acreditación de tales ítems no le puede ser legalmente exigida al actor; puesto que escapan a su accionar; pero sí a quienes por su calidad de vendedor y proveedor de la escalera debían hacerlo", expresó.

Finalmente, con relación a un presunto mal uso, el perito sostuvo que el consumidor "cumplió con todas las medidas de seguridad indicadas, haciendo un uso adecuado de la escalera para la tarea que realizaba"; añadiendo que "si bien las partes argumentaron que existió culpa de la víctima, no indicaron mediante qué acción u omisión culposa (imprudente, imperita o negligente) podría haberse ocasionado la quebradura de la escalera". Incluso –concluyó– esa presunta culpa se mencionó ha efectuado de "modo genérico, sin indicación concreta respecto de cuáles fueron o podrían eventualmente ser esas conductas u omisiones que le endilgaron" al actor.

Además, no surge que se hubiera informado al usuario –al momento de adquirir o posteriormente, como tampoco en las tratativas previas–, cómo debía usar la escalera, siendo una obligación expresa y prevista en artículo 4 de la ley y el artículo 1100 del Código Civil y Comercial. A su vez, Álvarez resaltó que existe un deber de seguridad e indemnidad –previstos por los artículos 5 y 6 de la Ley de Defensa del Consumidor– que disponen que los bienes o servicios deben ser suministrados o prestados de tal modo que, utilizados en condiciones de normal uso, no presenten peligro para la salud o la integridad del consumidor. Finalmente refirió que la solidaridad entre vendedor y proveedor por disposición del propio artículo 40, independientemente que luego cada parte condenada, entre ellas, puedan reclamar el reintegro de lo pagado al otro u otros.​

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Condenan a concesionaria y a Plan Óvalo a indemnizar a una vecina de Castex

La jueza civil de Santa Rosa, Susana Ethel Fernández, basándose en la Ley de Defensa del Consumidor, hizo lugar a la demanda interpuesta por una mujer y condenó solidariamente a la concesionaria de autos Pettiti Automotores S.A. y a Plan Óvalo S.A. de Ahora para Fines Determinados –mecanismo por el cual se adquieren vehículos de la marca Ford– a pagarle una reparación por los daños causados. La sentencia no está firme y fue recurrida ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial. Además, la titular del Juzgado en lo Civil N° 1, a raíz de que a la demandante le fue falsificada su firma, dispuso enviar una copia del fallo a la Inspección General de Justicia de la Nación "a los efectos que estime corresponder".

La causa se inició a partir de que la compradora, domiciliada en Eduardo Castex, tomó contacto con vendedores de Pettiti –una concesionaria con sede en Río Tercero, Córdoba–, que promocionaban en esa localidad la venta de planes de ahorro previo. Fue así que convino la adquisición de un Ford Fiesta, e incluso pagó varias cuotas, aunque nunca suscribió la "solicitud de adhesión" al plan ni tampoco la documentación anexa a ella.
Una pericia caligráfica –incorporada al expediente– demostró que "las firmas atribuidas a la señora, en los documentos motivos de pericia, no pertenecen a su puño y letra", según puede leer en el fallo de primera instancia. Y agrega: "las escrituras a modo de aclaratoria y número de D.N.I., en los documentos motivos de pericia y en las cuales se encuentran estampadas, no se condicen al gesto gráfico" de ella.
Esos documentos fueron los formularios denominados solicitud de adhesión, datos complementarios del adherente, información extractada de la póliza de seguro de vida, cláusula de gastos de entrega, derecho de admisión, anexo Plan Óvalo, prorrateo de impuesto de sellos, declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos, declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente y la opción de recibir un crédito del Standark Bank.

Técnicas no ortodoxas.

"Indudablemente no fue la actora quien completó y suscribió los formularios, con lo cual, siendo que en ellos se encuentra contenido el contrato de adhesión con Plan Óvalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados, mal puedo sostener entonces la existencia del acuerdo de voluntades entre ella y el ente financiero administrador del sistema de ahorro previo para la compra de un automóvil Ford Fiesta Titanum, vendido por Pettiti Automotores S.A.", señaló Fernández.
La jueza no desconoció que la demandante recibió un recibo del vendedor por el pago de la primera cuota del plan y tampoco que hubiese abonado cuatro cuotas más; pero añadió que "sin embargo, no puedo considerar que de los pagos individualizados resulte el consentimiento tácito que permita tener por celebrado el contrato con Plan Óvalo S.A. pues el de ahorro previo, además de ser un contrato de adhesión a cláusulas predispuestas, bilateral, oneroso y de cambio, es un contrato formal porque debe celebrarse por escrito y, en este caso, ello no ocurrió".
"La formalidad del contrato queda reforzada por el artículo 32 de la Ley de Defensa del Consumidor (modificado por el artículo 13 de la ley 26.361), pues siendo Pettiti Automotores S.A., quien realizó la oferta y propuesta para la venta del Plan Óvalo en Eduardo Castex –distintos mails demostraron que la firma vendió el mismo producto a otros habitantes de la localidad–, cabe considerar a la propuesta como 'venta domiciliaria', efectuada fuera del establecimiento del proveedor y, por consiguiente, 'el contrato debe ser instrumentado por escrito y con las precisiones de los artículo 10 y 34 de la presente ley', regulatorios de la rescisión y revocación de la aceptación", indicó Fernández.
"Esta regulación –acotó– no hace sino proteger al consumidor de las técnicas no ortodoxas de comercialización, acentuando la rigidez formal (....) Es por ello que en modo alguno puede considerarse suplido el consentimiento libre y expreso de la actora con el pago efectuado" de la cuota inicial.

Sorprendida en su buena fe.

Más adelante, Fernández señaló que "menos aún puedo tener por cierto que en una etapa precontractual, la actora hubiera contado con la debida información clara y detallada respecto a la cuantía e integración de las cuotas a las que habría de obligarse una vez celebrado el contrato".
"Por el contrario, considero que en su vinculación con las demandadas, la demandante quedó expuesta a las prácticas abusivas que, como violatorias del trato digno y de la buena fe del consumidor, contempla el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, introducido por la ley 26.361 –sostuvo–. Ello es así, máxime cuando en virtud de esas prácticas y sin haber conformado con su firma el contrato de adhesión a cláusulas predispuestas –a la postre con firma apócrifa–, efectuó el pago mediante el cual adquirió la calidad de 'suscriptora' al plan del cual nació, sin su consentimiento, la obligación de integrar la cuota por el término de 84 meses más".
"La mujer, en su rol de consumidora, se vio sorprendida en su buena fe por la práctica comercial de Pettiti Automotores S.A., pues mediante mecanismos y métodos directos para facilitar la venta de Plan Óvalo S.A., tomó el pago de la actora para captar el cliente sin contar con un contrato suscripto a tal fin, brindando una información presumiblemente sesgada e incompleta, con la promesa de enviarle luego los formularios para que adhiriera al contrato".
"En esas condiciones, no habiendo la actora prestado con su firma el consentimiento con las cláusulas predispuestas del contrato de adhesión a Plan Óvalo de ahorro previo para la compra del Ford Fiesta, mal puedo considerar satisfechas las formalidades exigidas para la celebración del acuerdo de voluntades entre las partes", concluyó la jueza Fernández.

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