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| Eduardo Castex, La Pampa.

Dos menores declarados autores de un robo en Catriló

Dos menores fueron declarados autores y responsables penales por los delitos de robo simple y daño en concurso real entre sí, en un fallo dictado por el juez de audiencia, Daniel Sáez Zamora, en el marco de un juicio abreviado convenido entre el fiscal Facundo Bon Dergham, el defensor oficial Juan Hermúa y los propios imputados.

Con las pruebas reunidas durante la investigación fiscal preparatoria, se comprobó que el 9 de noviembre de 2016, a la tarde, los acusados forzaron una puerta en el parque recreativo “9 de Septiembre”, en Catriló, y sustrajeron “un alargue monofásico, un balde de albañil, herramientas de mano, una bomba sumergible, una pala ancha, una escobilla, una pava y un termo”. Además rompieron un reflector de 105 watts, ubicado en un farol que alumbraba la pileta. Ambos menores tenían 17 años al momento de los hechos.

Los imputados prestaron voluntariamente su consentimiento al acuerdo de partes y admitieron su responsabilidad en los ilícitos.

Sáez Zamora, atento a la edad de ellos, declaró que son imputables en los términos del artículo 2° de la ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad, con la reforma de la ley 22.803. La denuncia había sido promovida por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Catriló y en algún momento se había declarado la rebeldía de los dos y habían pedido sus capturas.

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Estafas con tarjetas de débito en La Pampa: Tres brasileños condenados y dos expulsados de Argentina

El juez de control santarroseño, Carlos Matías Chapalcaz, condenó hoy a tres ciudadanos brasileños a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autores de los delitos de asociación ilícita y defraudación con tarjeta de débito falsificada, como delito continuado y en concurso real entre sí; y a otros dos a tres años de prisión en suspenso por asociación ilicíta. Las maniobras defraudatorias se cometieron en Santa Rosa entre los días 17 y 22 de octubre del año pasado, por un monto total de 70.500 pesos.

Los condenados con prisión efectiva son Welington Silva Alves (31 años, de profesión comerciante), Lucas de Araujo Barbosa (31, auxiliar administrativo) y Douglas Santana Oliveira (31, auxiliar administrativo) y con penas de ejecución condicional, Caio Roberto Trotta (31, comerciante) y Paulo Abadie Rodrigues (36, comerciante). A los dos últimos se les impuso la obligación de retirarse del país dentro de las 72 horas de quedar firme la sentencia, bajo apercibimiento de revocarla la condicionalidad de la sanción.

Además Chapalcaz ordenó que una vez que el fallo quede firme se remita una copa al Juzgado de Instrucción N° 2 de Villa Mercedes, San Luis, y que se proceda al traslado de Alves, Barbosa y Oliveira para ponerlos a disposición de ese tribunal. También se remitirá allí todos los efectos secuestrados en el marco de la investigación realizada por el juez puntano Leandro Alfonso Cirilo Estrada.

En la extensa parte resolutiva de la sentencia, el magistrado ordenó decomisar los dos dispositivos secuestrados por la Policía Aeroportuaria que permiten clonar tarjetas, dejar sin efecto –a pedido del fiscal general, Guillermo Sancho– la orden de detención de un sexto brasileño, Bruno Daniel Pellicer Alves, y comunicar lo dispuesto a la Dirección Nacional de Migraciones

Justamente el conflicto penal se resolvió por la vía de un juicio abreviado que acordaron Sancho, los defensores particulares Guillermo Barreto y Fernando Iván Fassina y los propios imputados, quienes admitieron haber sido los autores de los ilícitos. Todos ellos son nacidos en el estado de San Pablo y contaron todo el tiempo a lo largo del proceso con la asistencia de una intérprete.

Dispositivos electrónicos.

En el expediente quedó probado que los cinco acusados, con la finalidad de cometer delitos, falsificaron tarjetas de débito "a partir de la colocación de un dispositivo electrónico en cajeros automáticos instalados en Santa Rosa, y pertenecientes a distintas entidades bancarias, lo cual les permitió capturar datos de sus bandas magnéticas; como así también registrar y obtener los códigos de acceso (PIN) a las respectivas cuentas. Posteriormente, y con esa información obtenida ilegalmente, procedieron a extraer dinero a través de cajeros automáticos" de cuatro bancos y de las cuentas de seis clientes, según detalla el fallo en la causa N° 79.700.

"En todos los casos –agregó Chapalcaz–, el ardid consistió en que Alves, Barbosa y Oliveira (actualmente detenidos), entre los días 17 y 22 de octubre, colocaron dispositivos electrónicos en los cajeros automáticos (...), lo cual pudo determinarse a través de las filmaciones remitidas por los distintos bancos".

Por otra parte, en el mismo período, un hotel informó que Alves se hospedó allí con otros dos hombres, compartiendo una única habitación, y que movilizaban en un Chevrolet Prisma gris plata. Ese vehículo fue visto "al momento de estacionar frente a las entidades bancarias, en función de los registros fílmicos aportados por ellas".

La sentencia indica que el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento que las tres personas oriundas de la República Federativa de Brasil que realizaron las maniobras ilícitas fueron Alves, Barbosa y Oliveira. "Sin embargo, ellos no actuaron de manera aislada sino que contaron con la colaboración de otras personas que, indudablemente integran la organización criminal"; ya que el  29 de junio de 2018 se celebró un contrato por el alquiler del Prisma, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual se trasladaban los tres imputados.

"En el contrato se autorizó a conducir el vehículo a Alves, Rodrigues y Trotta. El vínculo entre ellos era tal que, al momento de ser detenidos Alves, Barbosa y Oliveira en San Luis, entre los elementos secuestrados y remitidos a La Pampa, se encontraban numerosas tarjetas de crédito, débito y de obra social, que se correspondían a Rodrigues y Trotta, siendo que ambos no se encontraban en dicha provincia", indicó Chapalcaz.

A su vez, cuando Rodrigues y Trotta fueron detenidos, se les secuestró –entre otros objetos– "dos dispositivos electrónicos similares a los clonadores de tarjetas y de características idénticas a los secuestrados en poder de Alves, Barbosa y Oliveira en San Luis", concluyó el juez.

Los tres últimos, a través de Barreto, habían solicitado el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, o probation, sin reconocer la autoría de ningún hecho, y ofreciendo una reparación de 30.000 pesos. Sancho se opuso a esa petición y otro juez de control, Carlos Ordas, rechazó el requerimiento.

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General Acha: Condenado a prisión por lesionar y amenazar a su pareja

El juez de control de General Acha, Héctor Alberto Freigedo, condenó a un empleado rural de 29 años a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, como autor material de los delitos de amenazas simples y lesiones leves agravadas por el vínculo, en concurso real. Además le mantuvo la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

En la causa, que se resolvió a través del procedimiento de juicio abreviado, quedó probado que hace poco más de un mes, el 8 de febrero a la noche, el imputado –que registra antecedentes penales– estaba cenando con familiares y amigos, y dos de ellos comenzaron a discutir. El acusado intentó separarlos y se cortó la mano izquierda con un cuchillo.

Luego le dijo a su pareja que iba a matarse porque todos estaban en contra de él, e ingresó al baño. La mujer lo siguió para que no se lesionara y él “se tornó agresivo y la golpeó en el rostro”. Cuando fueron separados, el agresor se fue y al regresar, horas más tarde, volvió a tratarla mal e “intentó agarrarla del cuello, amenazándola de muerte”.

El abreviado fue convenido entre el fiscal Juan Ignacio Pellegrino, el defensor oficial Federico Ibazetta y el propio imputado, quien aceptó su culpabilidad. Allí también se dejó plasmado que el acuerdo no generará una “afectación odiosa de los intereses de la víctima”.

Las pruebas valoradas por el magistrado para dictar el fallo fueron las colectadas durante la investigación fiscal preparatoria. Entre ellas figuran la denuncia de la damnificada, los informes médicos y dos testigos que dijeron ver cuando el empleado rural le pegó a la mujer. “No alcancé a observar si fue una piña o un sopapo” (sic), expresó uno de ellos. “Yo le dije que no le pegara y él me contestó que no me metiera porque eran cosas de ellos… le dijo que iba a romperle la cabeza”, acotó el otro.

“De conformidad con la evidencia producida, las reglas de la sana crítica y teniendo en cuenta la aceptación de responsabilidad que surge del acuerdo de juicio abreviado por parte del acusado, deben tenerse por probados los hechos por los cuales se presentó el acuerdo de juicio abreviado”, sostuvo Freigedo.

El juez, en la parte resolutiva de la sentencia, dispuso también que se le haga saber a la víctima los alcances del artículo 11 bis de la ley 24.660, incorporado por la ley 27.375, referido a las eventuales presentaciones que pueda realizar el acusado para obtener beneficios antes de quedar en libertad.

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