Losi inauguró las I Jornadas de Ejecución Penal en el Centro Judicial de Santa Rosa

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi, inauguró hoy las «Primeras Jornadas de Ejecución Penal», que se desarrollarán hasta mañana, en la Sala 8 del Fuero Penal del Centro Judicial de Santa Rosa, con la participación de trece expositores y un centenar de asistentes, entre funcionarios, magistrados, abogados y empleados del Poder Judicial.

Junto a él estuvieron, en la ceremonia de apertura, el ministro del STJ, José Roberto Sappa; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Néstor Daniel Ralli; y el ministro provincial de Seguridad, Julio César González.





También asistieron el jefe de Policía, Roberto Ayala; el subjefe, Omar Lara; el vocal del Colegio de Abogados, Boris Vlasich; la delegada local de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la jueza de control Florencia Maza; la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Susana Funes; el subsecretario de Protección Ciudadana, Lisandro Ranocchia; el subsecretario de Prevención de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico, Agustín García; y la delegada del Registro Nacional de Reincidencia, Javiera Valdez.

La organización de las jornadas corrió por cuenta del Colegio y contó con el respaldo del Superior Tribunal de Justicia, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, la AMJA y el Colegio de Abogados.

En su discurso de apertura, Losi planteó seis interrogantes para que los participantes debatan durante las dos jornadas del curso, más allá de los temas propios. «Los juzgados de ejecución penal eran la cenicienta del sistema penal y se circunscribían a un secretario o prosecretario y un empleado, que controlaban las penas privativas de libertad –señaló–. Pero a partir de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, su rol fue otro y se creó un fuero específico. De hecho, en La Pampa funcionan dos juzgados (uno en Santa Rosa, a cargo del juez Martín Saravia, y otro en General Pico, ocupado por su par Jorge Pascual), con sus equipos técnicos propios».

PREGUNTAS

En ese contexto, Losi planteó, a modo de interrogante, si con la sanción de la ley 27.375, conocida como «ley Micaela», que visibilizó a los jueces de ejecución, actualmente hay mayores garantías o se restringieron derechos a las personas privadas de la libertad.

También se preguntó si con la convergencia de la ley penal 24.660 y la ley Micaela, que restringió el sistema de libertades anticipadas, habrá una afectación al principio de igualdad ante la ley, por entender que ambos sistemas de cumplimiento de penas convivirán durante décadas.

Otra interrogación que se hizo el presidente del STJ fue «si es necesario la creación de un Servicio Penitenciario Provincial o si se debe restablecer el modelo de colaboración con el Servicio Penitenciario Federal». Ello lo planteó porque a partir de pasarse del sistema mixto al sistema acusatorio adversarial, que conllevó la aparición de la figura del juicio abreviado, se produjo un «incremento notable de condenados y reclusos».

Además se preguntó si esa realidad, que hizo que algunos condenados estén alojados en establecimientos penitenciarios –en la provincia o fuera de ella, «lo que a su vez provoca un desarraigo familiar»– y otro en comisarías y alcaidías, produce «un tratamiento desigual» para con ellos.

Más adelante, Losi adelantó que, entre las nuevas reformas al Código Procesal Penal de La Pampa, se incluirá la participación de la víctima como querellante particular en la etapa de ejecución de la pena. Hasta ahora existe la obligación de consultar a la víctima si quiere ser informada sobre los planteos defensivos que puede presentar el condenado para obtener beneficios antes del cumplimiento de la pena.

El ministro se formuló un quinto interrogante: si son aplicables los principios de imparcialidad para los jueces de ejecución –que rigen para los tribunales de juicio–, atento a su participación en audiencias orales, o si tienen vedado todo rol proactivo.

Por último, Losi indicó que, en la comisión de reforma del C.P.P., los propios jueces de ejecución plantearon la inquietud de que los tribunales de juicio deberían ser quienes unifiquen penas y condenas porque ello luego influye en el cómputo final que realizan los juzgados de ejecución penal y también en el acceso de los condenados a las etapas de progresividad. Por eso se preguntó si es válida esta regulación provincial de la norma del artículo 58 del Código Penal, referida a las sentencias unificadas.

EXPOSITORES

En el primer panel –cuyo moderador fue el juez de audiencia de General Pico, Marcelo Pagano– se habló de las Reglas de Mandela para el tratamiento de los reclusos, su aplicación en la ejecución penal argentina, dificultades y desafíos. También de la aplicación de la Ley de Ejecución y los aspectos de la última reforma (institutos contemplados, problemas de constitucionalidad) y de los lugares de alojamiento, derechos y obligaciones, y acercamiento familiar.

María Jimena Monsalve, jueza nacional de ejecución penal, y Juan Pablo Chirinos, juez de ejecución penal de General Roca, Río Negro, disertaron sobre «Régimen de progresividad: la participación de los equipos interdisciplinarios en la ejecución de la pena».

El juez Pascual habló acerca del tema: «¿Resulta necesario contar con un Servicio Penitenciario provincial? Conflictos y problemáticas». Rita Fonzalida, jueza cordobesa, se refirió a «Las mujeres en situación carcelaria, problemáticas inherentes al alojamiento de mujeres en centros penitenciarios». Y el defensor de ejecución penal de La Pampa, Alejandro Osio, discurseó sobre «Rol de la defensa en los procesos de ejecución penal». Los moderadores del segundo y tercer panel fueron el defensor oficial de Pico, Walter Vaccaro, y el juez de control de Acha,  Héctor Freigedo.

Otro panel estuvo referido a las medidas alternativas a la prisión. Allí Mariel Viladrich, directora nacional del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, se refirió a «Promoción e implementación de medidas alternativas a la pena de prisión, pros y contras, colectivos vulnerables, soporte post penitenciario».

Monsalve y la subsecretaria letrada de la Secretaría Disciplinaria y Técnica de la Procuración General de la Nación, María Sol Purita, hicieron hincapié en «Implementación de justicia terapéutica para situaciones de consumo problemático en sus tres ejes: reducir el consumo, evitar recaídas y lograr la integración social».

María Micaela Giaccone, secretaría de Ejecución Penal, habló de «Suspensión del proceso a prueba, buenas prácticas, control de reglas de conducta»; Chirinos, acerca de «Justicia procedimental, forma de manejar las audiencias»; y la jueza cordobesa, Dora Antinori Asís, sobre «Uso del lenguaje claro en la comunicación con personas privadas de la libertad, Reglas de Brasilia y otros documentos internacionales, experiencia local».

Hoy el debate estará centrado, a partir de las 10, en la reducción de la violencia como camino para la integración social. Mariana Volpi, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, hablará acerca de «Mediación en cárceles, programa ‘Probemos hablando'». Ignacio Rodríguez Berdier, secretario del Tribunal Oral Federal de La Pampa, se referirá a «Programas de integración social en cárceles y su incidencia en la disminución de la reincidencia, la experiencia local». Javier Sequeira, delegado de Asuntos Penales para La Pampa, expondrá acerca del «Cuadro de situación actual, acciones directas de intervención en materia de conflictos intramuros». Y, al cierre, disertará el juez de ejecución penal local, Martín Saravia, sobre «El sentido de la pena».

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