El mandatario Piñera habla de guerra y a la vez de plan de reconstrucción. Mientras tanto, miles de personas inundan las calles con sus reclamos.
“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible». Con esas palabras, el presidente de Chile, Sebastián Piñera intentó calmar a la ciudadanía la noche del domingo, cuando las manifestaciones y cacerolazos, daban paso a los saqueos, asaltos, vandalismo y destrucción perpetrados por turbas dispuestas a todo. La desafortunada frase del mandatario se sumó a una seguidilla de desaciertos comunicacionales de sus ministros que en vez de calmar los ánimos, han incendiado más la pradera a niveles no vistos desde la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
Pero estamos en 2019 y los tiempos han cambiado, al menos eso estima la gente que ha hecho caso omiso a los toque de queda y las medidas de excepción decretadas para Santiago y las principales ciudades del país, manteniéndose en las calles protestando de manera pacífica algunos y otros delinquiendo.
«Que se vayan los milicos» y «¡Chile despertó!», gritaban a coro los manifestantes en la céntrica plaza Italia, frente a los Carabineros dispuestos en un gran operativo de seguridad en el centro de la capital chilena, que continúa bajo estado de emergencia.
Más de veinte organizaciones sociales convocaron a manifestarse en apoyo el reclamo estudiantil y denunciar “la represión y el uso de la fuerza desmedida” ejercida por los Carabineros. Para este miércoles llamaron a una huelga general
«Porque no es solo por les estudiantes, es por nuestros padres y madres. Por nuestros abueles. Es por todos los abusos y las violaciones a los derechos humanos, por la represión contra la lucha justa del pueblo, por la dignidad de la vida, decimos fuerte y claro #PiñeraRenuncia”, sostuvieron desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
En este escenario revuelto, donde se mezclan lo que reclaman con razón como los jubilados, los enfermos que no tienen cama en un hospital, los jóvenes que ven que no les alcanza para estudiar, los que no tienen como llegar a fin de mes o a los que los pesos no les da para pagar un subte de más de un dólar, con otros que aprovechan el caos para producir algunos saqueos. Fue un militar el que puso algo de cordura la mañana del lunes.
El Jefe de Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, se desmarcó temprano de Piñera: “soy un hombre feliz y la verdad, no estoy en guerra con nadie». Con ello puso paños fríos a la situación y dio un positivo balance sobre el funcionamiento de Santiago, la capital del país durante el inicio de la jornada luego que a las seis de la mañana se levantara el toque de queda. Tras sobrevolar la ciudad, el militar aseguró que “estamos muy conformes con lo que hemos visto. Ha sido un despertar lento de la ciudad, en calma, en paz, lo que nos tiene por supuesto muy tranquilos, pero al mismo tiempo muy alertas para solucionar cualquier inconveniente que pudieran provocar algunos desadaptados…tenemos todas las fuerzas necesarias para prever cualquier situación de riesgo o algún desmán que pudieran producir durante la mañana”.
Luego, a eso de las 4 de la tarde, el militar reculó justo cuando se anunció que Piñera hablaría más tarde y las manifestaciones recrudecían.
“No corresponde especular sobre una frase que yo dije hoy en la mañana. En mis palabras nunca hubo una doble intención”, dijo leyendo un comunicado al tiempo que aseguró entender “perfectamente” su cargo y “la autoridad máxima que representa el Presidente”. También anunció un nuevo toque de queda dado que las movilizaciones en Santiago y en varias ciudades del país no se aplacaron con la presencia de los militares en las calles.
Desde que comenzaron las movilizaciones a fines de la semana pasada, primero con la subida del valor del subte y las evasiones masivas espontáneas que esa medida ocasionó, los cacerolazos y posteriores desmanes, mucha gente , asustada y cansada de ver como se destruía su entorno, decidió armarse y cuidar sus pertenencias y las instalaciones privadas. En ese escenario, Iturriaga pidió a la población que “no se defienda por sí misma. Nosotros somos los responsables de dar esa protección y estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a todos los rincones de la ciudad”, esto a pesar que sostuvo que los 8.700 uniformados desplegados en las calles “son insuficientes para toda la Región Metropolitana. Siempre van a producirse actos vandálicos a los cuales vamos a llegar seguramente con mayor lentitud, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para darle tranquilidad a la población”.
Por la noche, Piñera se refirió nuevamente a la crisis que se vive en el país y anunció que este martes se reunirá con presidentes de partidos políticos de todos los sectores. «Esperamos mañana analizar nuestras ideas y las que nos propongan tanto nuestros partidos, como los de la oposición. Estamos trabajando en un plan de reconstrucción», señaló el mandatario.
Junto a ello, sostuvo que “a veces he hablado duro… lo hago porque me indigna ver el daño y el dolor que esta violencia provoca». Además anunció un cambio de ministros y una agenda rápida para salir del caos actual.
“Hoy estamos trabajando en un conjunto de medidas, para poder potenciar la mejoría de las pensiones, bajar el precio de los medicamentos, reducir las listas de esperas, mejorar la calidad en la atención de salud y también implementar un seguro catastrófico para controlar lo que significa el gasto de medicamentos”, agregó Piñera sin dar mayores detalles de estas acciones.
En paralelo, el presidente del Senado, Jaime Quintana, pidió retomar el diálogo para una nueva constitución y que el mundo político se haga cargo “del dolor profundo de la sociedad chilena”.
En ese sentido se refirió a las anteriores declaraciones belicosas de Piñera: “No es el camino. Es el momento que vuelva la sensatez a La Moneda, que gobierne y creo que la expresión del Presidente fue lo más lejano a eso, a gobernar”, sostuvo Quintana. Agregó que “lo que tenemos hoy son hechos de violencia, actos vandálicos, sin ninguna duda. Y eso hay que condenarlo enérgicamente”. Asimismo, el líder del Senado aseguró que “aquí hay una acumulación de un conjunto de desatenciones, de decisiones del mundo político probablemente erradas, seguramente por décadas. En esto tenemos que ser justos, no podemos achacarle toda la responsabilidad a este gobierno”.
Finalmente, consultado por las voces que piden la renuncia de Piñera, Quintana se desmarcó, asegurando que “este país decidió al Presidente Piñera para gobernar”.
Otra personalidad que opinó fue la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien exhortó al gobierno de Piñera a trabajar con todos los sectores que ayuden a calmar la situación que enfrenta el país, por las protestas que se han desarrollado en la última semana.
La exmandataria instó a llevar las protestas de manera pacífica, después de que se reportara la muerte de 11 personas durante el fin de semana.
“Exhorto al gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación”, dijo.
Y agregó que “es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidos a investigaciones independientes, imparciales y transparentes”.
Junto a ello, sostuvo que “el uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación, y se corre el riesgo de generar miedo en la población”.
Desde La Moneda, la ministra de Gobierno, Cecilia Pérez, realizó una vocería donde abordó las distintas manifestaciones sociales que se han desarrollado en el país durante los últimos días.
En ese sentido, la secretaria de Estado aseguró que ningún ministro ha presentado su renuncia al presidente Piñera.
“No ha puesto ningún ministro su cargo a disposición del presidente, porque lo que nos corresponde como colaboradores de él, es estar trabajando en nuestros lugares, dado lo que estamos viviendo”, indicó.
Consultada por la evaluación y la autocrítica del gobierno respecto a lo que vive el país, Pérez aseguró que “críticas, autocríticas, nos hacemos todos los días…Y esa es una diferencia de actitud. Eso significa que cada día podríamos hacerlo mejor”, indicó.
La secretaria de Estado, en la misma línea del presidente y del ministro del Interior Andrés Chadwick responsabilizó a “grupos organizados” detrás de algunos hechos de violencia que han afectado la capital.
Para entender la génesis de la situación en Chile, lo primero es descartar de plano que el estallido social -que ya ha costado la vida a 11 personas, la destrucción y saqueo de cientos de supermercados y negocios y la pérdida de millones de dólares en daños a la infraestructura- se deba solo al alza del pasaje del metro. Un análisis del El Mercurio, el diario de derecha más influyente del país lo explica así: «En un escenario en que las instituciones políticas, judiciales, militares y religiosas están cuestionadas, surge luego de las protestas un vandalismo que ataca bienes de uso común. Mientras tanto, se mantiene la fragmentación política, sin consenso ante la forma de combatir a la violencia».
En la última encuesta de Paz Ciudadana dada a conocer hace pocos días, Carabineros había alcanzado su nota más baja desde 2011. Hace tan solo cinco meses, otra encuesta (UDD) mostraba que el 81% de los chilenos cree que las instituciones están en crisis y revelaba una baja evaluación de autoridades políticas, del Poder Judicial y las fiscalías, del sector empresarial, de las instituciones armadas, de Carabineros y de las iglesias. Y quizás esto último es, según distintos sectores, un rasgo que en ocasiones anteriores era clave. En episodios de crisis social, la Iglesia Católica tenía una voz preponderante y asumía un rol de garante ante las demandas de polos en conflicto. Hoy, pese a sus llamados a la paz, no es un actor central.
Mientras el Gobierno y el Parlamento intentan controlar la crisis con medidas como el congelamiento de las tarifas del transporte público, y las Fuerzas Armadas y Carabineros buscan poner orden ante los saqueos, no parece haber una mirada transversal sobre cómo abordar la crisis y qué reformas son las que se deben priorizar.
“El caso del metro es paradigmático. Si bien la evasión se inició luego del alza de la tarifa de ese medio de transporte, lo que vino después, con la quema de las estaciones y la destrucción de sus instalaciones, ha significado no solo una pérdida millonaria para la Región Metropolitana: se ha traducido en que una especie de baluarte del progreso de Santiago, que se ha ido extendiendo por distintas comunas en los últimos años, quede prácticamente inservible y deje a miles de chilenos sin uno de sus medios de transporte esenciales para la vida en la ciudad. Esa «herida», que será difícil de recuperar, ha significado que vecinos comiencen a reaccionar en defensa de los sectores afectados, saliendo a las calles y limpiando sectores que han sido gravemente dañados.
Por otro lado, los disturbios que se registraron en Chile el fin de semana, dañan la imagen de estabilidad del país, indicó The Economist.
“Las prácticas que sustentan la prosperidad no son populares”, indicó la publicación británica en un reportaje en que destacó también que los hechos han sacudido el modelo económico.
“La violencia ha impactado a muchos chilenos. Su país es uno de los más prósperos y pacíficos de América del Sur. Ahora ha sufrido el tipo de agitación que ocurrió recientemente en Ecuador, un país mucho más pobre, cuando su gobierno aumentó los precios del combustible para cumplir con los términos de un acuerdo con el FMI (también cedió)”, indicó.
The Economist señala que los chilenos “no solo están enojados por el precio del transporte. Pagan un montón por el sistema de salud y generalmente tienen que esperar largos períodos para ver un doctor. La educación pública es pobre. Las pensiones, manejadas por firmas privadas bajo un sistema establecido por el régimen de Pinochet, son bajas. La creciente inequidad aviva el enojo. En 2017, los ingresos del decil más rico fue 39,1 veces más alto que el del decil más pobre, de acuerdo con una encuesta del Ministerio de Desarrollo Social.
“Piñera hasta ahora ha fallado en generar una empuje económico notable, una de sus principales promesas de campaña. El crecimiento anual fue de solo 1,9% en el segundo trimestre de 2019. Sin una mayoría en el congreso. Piñera ha sido lento en lograr reformas de pensiones y tributarias, haciendo que el gobierno se vea como ineficiente”, subraya The economist.
El medio británico recuerda que pronto Chile debe ser sede de la cumbre Apec y de la COP25, para lo cual Chile “se mostraba como un bastión de estabilidad en América del Sur. Piñera no tiene mucho tiempo para convencer a los dignatarios que esto sigue siendo cierto”.
Como corolario del día, el derechista alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, solicitó al gobierno un “gabinete de unidad con otras fuerzas políticas”, para enfrentar la situación que hoy se vive en el país tras las masivas protestas por derechos sociales.
En Canal 13, el edil hizo un llamado al presidente Sebastián Piñera a realizar cambios en los ministerios. “El gabinete actual, cuando salgamos de esta crisis, tiene que poner a disposición sus cargos”, dijo.
“Frente a una situación extrema, como la que estamos viviendo hoy día -el país es otro-, (necesitamos) medidas extremas”, añadió.
Hasta anoche se encontraban en toque de queda la región Metropolitana, Antofagasta, Copiapó, Caldera, Vallenar, La Serena y Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.
