La ex directora ejecutiva del FMI y actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, fue consejera entre 2003 y 2005 de la sociedad Law in Context Ltd., radicada en las islas Bermudas, territorio que figuraba en la lista negra de guaridas fiscales de la Unión Europea. Lagarde, que tuvo un rol central como facilitadora del proceso de endeudamiento argentino de los últimos años y simultánea fuga de divisas al exterior, fue socia hasta junio de 2005 del bufete internacional de abogados Baker & Mackenzie, controlante de Law in Context, sociedad offshore en la que Lagarde oficiaba de consejera, según los resultados de una investigación revelada por el periódico español El País.
«Uno recurre al offshore cuando quiere ocultar su nombre, su patrimonio y los datos de la sociedad; quiere hacerse invisible frente a terceros. Nadie que quiera hacer un negocio lícito recurre a una sociedad offshore», definía Ricardo Nissen, abogado y profesor de derecho comercial, y ex titular de la Inspección General de Justicia, cuando se lo consultaba acerca de la legalidad de este tipo de empresas. La controversia había surgido cuando se hizo público que varios integrantes del gobierno macrista, y el propio presidente entre ellos, tenían sus fondos o formaban parte de la dirección y administración, de sociedades constituidas en guaridas fiscales. La argumentación esgrimida por aquellos funcionarios era que no constituía un delito «en sí mismo» formar una sociedad offshore, salvo que se demostrara el origen ilícito de los fondos. Nissen sostenía una opinión más concreta.
Cuando salieron a la luz los secretos guardados en los registros del estudio de abogados Mossak Fonseca, denuncia conocida como los Panama Papers, diversos funcionarios y ex funcionarios que aparecieron invlucrados debieron renunciar en distintos países, o apartarse de la carrera política. No fue el caso de los funcionarios argentinos salpicados por esas listas. Law in Context salió a la luz en 2016 entre los 200.000 nombres de personas y empresas vinculadas a paraísos fiscales que afloraron en los Panama Papers.
Tras el escándalo de los papeles de los Panama Papers, fue la propia Lagarde quien criticó los manejos de las multinacionales para evadir impuestos. “La evasión fiscal provoca mayor deuda pública y menos inversión en educación, sanidad y otros servicios”, declaró la mandataria en una reunión en Valencia en junio de 2017 del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI). Ahora le tocó a Lagarde hacer frente a las mismas sospechas.
Lagarde abandonó Law in Context en 2005 para ser ministra de Comercio Exterior del Gobierno del entonces primer ministro francés Dominique de Villepin. Años después, en 2011, se convirtió en directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y desde hace un mes es la presidenta del Banco Central Europeo (BCE).
La gestión del FMI en Argentina fue muy criticada en el propio directorio de la institución, ya que de los 44.867 millones de dólares que desembolsó desde junio de 2018, la salida de fondos en divisas del sistema formal del país llegó a 36.640 millones. Es decir, que de cada 10 dólares que entraron por el crédito, 8 se fugaron. «El Fondo financió la fuga», fue la acusación que se lanzó contra Lagarde, que pocas semanas después dejó el cargo. Ahora se sabe que la dirección de los beneficiarios del exterior no era muy lejano al que su «aconsejada» tenía entre 2003 y 2005.
El holding para el que trabajó Lagarde como consejera se domicilió en el número 41 de Cedar Avenue en la capital de Bermudas, Hamilton. Una dirección donde también están radicadas otras compañías que operan en paraísos fiscales. La firma Law in Context fue creada por Appleby, despacho especializado en constituir estructuras en paraísos fiscales. Lagarde había desembarcado desde hacía ya un par de décadas en Baker & Mackenzie, estudio especializado en fusiones y adquisiciones. Fue presidenta de sus comités ejecutivo y estratégico en 1999 y 2004, respectivamente.
Baker Mckenzie creó Law in Context en 2003 en Singapur, un país blindado entonces por el secreto bancario y que figura en el octavo puesto de la lista de 64 guaridas fiscales de la organización Tax Justice Network. La compañía que piloteó Lagarde centraba sus negocios en Suiza, según una auditoría de 2009 de la consultora Ernst & Young. El holding tuvo también una filial en el paraíso fiscal de Delaware (EE UU) que hacía negocios en territorio estadounidense, según fuentes próximas a Baker & Mackenzie.
Bermudas y Singapur permanecen en el punto de mira de organizaciones internacionales que combaten los agujeros fiscales del planeta. Aunque la UE sacó el pasado mayo al primer territorio de su lista negra tras instarle a ajustar su reglamento en materia de inversión colectiva, ONG como Oxfam siguen calificando a estas islas como “uno de los peores paraísos fiscales del mundo”.
