Se quebró un testigo de la Afip y reveló que el macrismo armó un grupo ilegal para acorralar a Cristóbal López

Un funcionario de la Afip que declaró este jueves como testigo en la causa Oil Combustibles denunció la existencia de un comité de control ilegal para monitorear a la empresa que por entonces pertenecía a Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Quien reveló la existencia comité de control -al que fuentes judiciales comparan con un grupo de tareas- fue Jorge Schiaffini, jefe del departamento de investigaciones de grandes contribuyentes de la entidad recaudadora y quien declaró como testigo.

Schiaffini aseguró que existía un comité de control enfocado a toas las actividades fiscales de la empresa Oil Combustibles y al Grupo Indalo. Además dijo no tener conocimiento de un caso similar dentro del organismo.

La confirmación de la existencia de esa estructura ilegal en la Afip complica aún más la situación de la mesa judicial de Cambiemos.

La pluma jurídica de ese comité de control fue Marina Lamagrande, hasta hace una semana jefa de dictámenes jurídicos de la Afip y segunda de Juan Capello, el recién llegado subdirector de Coordinación Técnico Institucional. Lamagrande fue eyectada de la Afip por presión del Instituto Patria.

Lamagrande fue la responsable del dictamen de AFIP que puso tras las rejas a Cristóbal López y Fabián de Sousa, los dueños de Oil Combustibles, emitido en 2016 mediante la Disposición 395. Allí Lamagrande determinó que «se impida en los sistemas la posibilidad de que la firma Oil Combustibles pueda acogerse al régimen de Regularización excepcional» de deudas del organismo, avalando lo actuado por el juez federal Julián Ercolini.

En la causa Oil Combustibles se investigan las presuntas irregularidades en la adjudicación de planes de pago a la firma que entonces pertenecía al Grupo Indalo, para que cubriera una deuda por el impuesto a la transferencia de combustibles líquidos, que ascendió a $8000 millones.

Entre agosto y noviembre del año pasado fueron indagados los tres acusados, quienes negaron haber defraudado al Estado y señalaron al gobierno de Mauricio Macri y a los medios por persecución.

López y De Sousa estuvieron detenidos durante casi dos años con prisión preventiva por esta causa, que había sido ordenada por el juez Julián Ercolini. Recuperaron su libertad en septiembre del año pasado, cuando un fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti consideró, en el marco de otra causa, que no habían existido maniobras para entorpecer a la Justicia a través de la venta del Grupo Indalo.

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