El Superior Tribunal de Justicia dispuso hoy la extensión de la feria judicial extraordinaria hasta el domingo 26 inclusive y firmó una serie de acuerdos que cambiarán sustancialmente la tramitación de las causas en los fueros no penales. Por un lado, estableció el uso obligatorio del Sistema Informático de Gestión de Expedientes para los operadores internos (magistrados, funcionarios y empleados) de todos los juzgados y, por el otro, fijó la obligatoriedad de que las notificaciones sean por vía electrónica.
Además habilitó a los jueces de la provincia a dictar sentencias definitivas e interlocutorias en todas aquellas causas que su estado procesal lo permita; debiendo cada uno de ellos –una vez que se normalice la actividad– informar al STJ la cantidad de fallos firmados.
Con estos acuerdos, los fueros no penales (civil y comercial; laboral; de la familia, niños, niñas y adolescentes; contencioso-administrativo; y de ejecución, concursos y quiebras) alcanzarán un gran objetivo como es su despapelización casi absoluta; tal como ocurrió con el fuero penal a fines de 2018. Tanto el SIGE como el Sistema Informático de Gestión de Expedientes Penales (Sigelp) son plataformas virtuales que fueron creadas con recursos humanos del Poder Judicial, a través de la Secretaría de Sistemas y Organización.
La Pampa fue la primera provincia en despapelizar por completo el fuero penal y ahora nuevamente marca un rumbo en el país al estar a un paso de dejar el papel en todos los fueros.
La implementación del SIGE permitirá que los expedientes se sustancien más rápidamente, «contribuyendo a la inmediatez, economía y celeridad de los procesos», según se detalló en el acuerdo 3698 que firmaron el presidente José Roberto Sappa y los ministros Eduardo Fernández Mendía, Elena Victoria Fresco, Hugo Oscar Díaz y Fabricio Luis Losi. Incluso, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, su uso servirá para que los fueros no penales funcionen prácticamente a plenitud.
El Sistema Informático de Gestión de Expedientes se puso en funcionamiento en 2017 y fue ampliándose en forma gradual, en el marco de una política institucional que –de manera constante y progresiva– viene actualizando los procedimientos mediante la incorporación de herramientas tecnológicas.
Así fue que se comenzó en febrero de 2017 con la Sala C del STJ (de Originarias y Cuestiones Institucionales) y los juzgados laborales de Santa Rosa y General Pico; ese mismo año se amplió al Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras de General Pico; en 2018 a las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa y General Pico; y entre fines del año pasado y principios del actual a los juzgados de primera Instancia en lo Civil, Comercial y se Minería de ambas ciudades, General Acha y Victorica.
Con el acuerdo rubricado hoy, la plataforma propia abarcará también a los operadores internos de los juzgados de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Rosa, General Pico y General Acha; el Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras de Santa Rosa; y el Juzgado Regional Letrado de 25 de Mayo. Por lo tanto, todos los tribunales de los fueros no penales pasarán a incorporarse a ella.
NOTIFICACIONES
Por otro lado, el Superior Tribunal, por el acuerdo 3699, dispuso la implementación del sistema de notificaciones a través de medios electrónicos en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico; los juzgados de primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería de Santa Rosa, General Pico, General Acha y Victorica; los juzgados de primera instancia en lo Laboral de Santa Rosa y General Pico; los juzgados de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Rosa, General Pico y General Acha; los juzgados de Ejecución, Concursos y Quiebras de Santa Rosa y General Pico; y el Juzgado Regional Letrado de 25 de Mayo.
Esta herramienta técnica –que ya había sido implementada en la Sala C y la Cámara de Apelaciones de Santa Rosa–, y siempre «dentro del proceso de modernización» que desde hace tiempo viene desarrollando el STJ, permitirá darle más eficiencia al servicio de justicia y brindar «una progresiva disminución en el uso del soporte papel en los expedientes», indica la acordada.
El texto detalla, además, que esas notificaciones electrónicas serán remitidas «a las partes, sus letrados o auxiliares de justicia en sus domicilios procesales» a través del SIGE. Para ello cada uno de los profesionales externos deberá informar un correo electrónico. Las notificaciones se considerarán perfeccionadas cuando estén disponibles en las cuentas de esos usuarios y los plazos procesales correrán independientemente que el usuario externo (abogado) ingrese o no al sistema.
Asimismo, el STJ determinó que desde la Secretaría de Sistemas y Organización se capacitará a los usuarios en el uso del SIGE, coordinándose esa tarea con el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa y el Centro de Capacitación Judicial.
FALLOS, GÉNERO Y FAMILIA
En otro de los acuerdos, el 3700, el STJ resolvió que durante este período excepcional se continuarán atendiendo los asuntos urgentes, pero habilitó a los jueces de todos los fueros y circunscripciones judiciales a dictar sentencias definitivas e interlocutorias en todas aquellas causas que su estado procesal lo permita.
Esas sentencias «serán publicadas y notificadas a las partes o a sus apoderados por medio del SIGE, el Sigelp o por el medio electrónico que el juez considere conveniente para lograr la finalidad del acto», expresa el escrito. Los magistrados tendrán que informar al Superior Tribunal los fallos que firmaron una vez concluida la feria.
Además se estableció que «todos los procesos de los fueros no penales, la demanda, su contestación y los documentos que se acompañen, deberán interponerse en forma obligatoria a través del SIGE, y comunicándose a los teléfonos de guardia que se encuentran publicados en la página web del Poder Judicial».
Por último, el STJ ordenó la prórroga automática –hasta la conclusión de la feria extraordinaria– de las «las medidas cautelares o de protección vigentes», o que vencieron a partir del viernes 20 de marzo, «dictadas en causas relativas a violencia familiar, de género, restricción a la capacidad, controles de legalidad o procesos de familia; salvo que el juez interviniente considere lo contrario en el caso particular, o que la propia víctima o parte solicite su cese o una medida distinta».
