En la comisión de Peticiones, de la Cámara de Diputados de La Pampa, se trató el pliego donde se designa a Romina Schmidt como Fiscal de Estado de La Pampa. Finalmente se emitió dictamen favorable por mayoría y por minoría fijando posición en el recinto.
En la ronda de preguntas, se le consultó a Schmidt cuál era su postura con respecto a la barrera sanitaria que impide el pase de carne con hueso plano, y si es pertinente que se inicie un juicio. “Por parte de la Fiscalía de Estado es necesario un decreto del gobernador y un expediente que nos llegue en las condiciones para iniciar un juicio. Por otra parte, debería estudiar el tema. Creo que sería pertinente hacerlo y habría que estudiar todas las internas. Entiendo que son limitaciones de Senasa”, contestó.
Más adelante, se le preguntó por qué el Estado se presentó como querellante en la causa que se inició a raíz de la reunión que se realizó entre fiscales y jueces durante el día del amigo. “Se tiene sobre todo en cuenta la gravedad institucional que tienen los casos. Sería imposible actuar en todos los casos, pero se ha tenido en cuenta en esta situación porque puede afectar la creencia en las instituciones”, aclaró Schmidt.
En este sentido, se le preguntó si cree que la justicia puede llevar un proceso transparente en este caso particular, y Schmidt respondió: “solamente la querella es un contralor, pero sin poner en duda el funcionamiento de la justicia y los fiscales que han actuado en la causa, porque lo están haciendo muy bien. El proceso de la justicia se hizo acorde y muy bien. Es solo para llevar adelante este contralor sin poner en duda el trabajo que están haciendo los fiscales”, insistió.
TAPÓN DE ALONSO
También, se le consultó por el “Tapón de Alonso” y la demanda que efectuó Río Negro y Buenos Aires por la apertura. “A esa demanda la realizaron en 2017. Son amparos. Se hablaba de una inundación, sabemos que no cobramos por el Salado hace muchísimos años, así que ese pedido que iniciaron las provincias de Río Negro y Buenos Aires no existen, entonces pedimos declararlo como abstracto. La causa pasó a un cuarto intermedio, se suspendió hasta marzo, y con todo el tema de la pandemia no se reanudó, o no tuvo más movimiento dentro de lo que es la Corte”, respondió Schmidt.
“Lo que sí te puedo decir –siguió la abogada- es que habíamos llegado a un acuerdo de que se empiece a juntar el Comité del Río Salado. Lo que plantea La Pampa es que es imposible que nosotros regulemos todo el Tapón. Nosotros tenemos un amparo iniciado desde la provincia para que se cree ese Comité de Cuencas. La Pampa no puede ser un lugar donde se aloje la sal que otras provincias largan”, expresó.
PORTEZUELO DEL VIENTO
Además, se le consultó por los fondos que envía Nación a Mendoza para la construcción de Portezuelo del Viento. “Pedimos que se suspenda lo que es la decisión de la obra Portezuelo del Viento. Hay que separar acá que los fondos son por un acuerdo de un juicio que ganó y acordó Mendoza con Nación. Son fondos que le corresponden a Mendoza, no podemos discutir los fines de esos fondos porque son un acuerdo que se hizo en la Corte”, explicó.
“Lo que discute La Pampa es que esos fondos son destinados a una obra que está dentro de una cuenca hídrica que corresponde a cinco provincias y cuatro de esas no están de acuerdo. Lo que ha avanzado La Pampa mediante COIRCO, es que el gobernador presentó una moción para que se paralice la obra hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental”, manifestó.
Por otro lado, se le preguntó por la causas de los subsidios en las comisiones de fomento. “La Fiscalía de Estado no se presentó. Esas son demandas que se iniciaron a raíz de la denuncia que hizo el Tribunal de Cuentas. La Fiscalía de Estado sí interviene en todo lo que son las ejecuciones, que tenemos varias. Esa es la intervención que tenemos desde la fiscalía”, respondió.
Asimismo, se le pidió su opinión respecto a que si corresponde que la Fiscalía intervenga en el tipo de causas anteriormente nombradas. “Creo que en estas causas está interviniendo el Poder Judicial a través de los órganos pertinentes. Para la intervención del Fiscal de Estado se necesita en ese caso el decreto del gobernador. Como luego hacemos las ejecuciones me parece que sería una doble intervención innecesaria porque nosotros estamos ejecutando civilmente todo lo que son las causas”, concluyó.
