Después de casi un año de trabajo, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia presentó un informe en el que detalló el funcionamiento, entre 2015 y 2019, de un plan sistemático y paraestatal de espionaje político ilegal. Entre las víctimas figuran opositores al macrismo como Cristina Fernández de Kirchner, oficialistas como Horacio Rodríguez Larreta y también, entre muchos otros, los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. “Se creó una estructura estatal paralela y clandestina: una verdadera organización mafiosa”, concluye el informe. Del plan participaron sectores de la AFI, el Ministerio de Seguridad, la Justicia Federal, el Servicio Penitenciario, la Policía de la Ciudad y de los medios de comunicación hegemónicos.
Durante el gobierno que abarcó el período 2015-2019 se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión al mejor estilo de las prácticas mafiosas. Así describió al gobierno de Mauricio Macri la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau, después de casi un año de bucear en las cloacas de la democracia, como las definió el presidente Alberto Fernández. El informe, producto de testimonios recabados por la Bicameral y del relevamiento de causas judiciales, sostiene que durante la administración Macri se espió a 354 personas y a 171 organizaciones y partidos políticos.
El plan de espionaje, diseccionado por la Bicameral, fue “diseñado con premeditación y alevosía, y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial avasallaron a cientos de ciudadanos”, sostiene el dictamen firmado por la mayoría de los integrantes de la comisión. Por ello, el cuerpo reclamó que se cree una comisión investigadora que coadyuve a dilucidar los verdaderos responsables de la inteligencia ilegal, sugerencia que reactivará el debate sobre una comisión parlamentaria para revisar lo actuado por el Poder Judicial.
“El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas”, dice el reporte, que resalta que hubo una persecución de aquellos considerados disidentes desde el gobierno de Macri –en un sentido tan amplio que, por ejemplo, incluía a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan–. “Se impone, así, un nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado en la República Argentina”, reclama.
El trabajo fue discutido esta mañana en la reunión de la Bicameral y se hizo recién público a las 18 por decisión de los integrantes del cuerpo parlamentario. La minoría, representada por Juntos por el Cambio, no se pronunció sobre el espionaje y sostuvo que la comisión carecía de facultades para llevar adelante la investigación, que representaba una persecución contra el gobierno anterior. Curiosamente, Cristian Ritondo, uno de los firmantes del dictamen de minoría y presidente del bloque del PRO en Diputados, no hizo esas objeciones cuando participaba en la toma de testimonios a exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Dentro de los espiados están desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, principal opositora a Macri, hasta el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Si bien la Bicameral no hizo pública la nómina de víctimas, desde ese organismo informaron a este diario que se comunicarán individualmente con las personas que fueron seguidas o vigiladas por distintos organismos durante el macrismo. Las organizaciones espiadas incluyen desde agrupaciones políticas hasta comedores populares, pasando incluso por Cambiemos.
La coordinación
“Este espionaje ilegal, en términos operativos, se instrumentó a través de agentes regulares de la AFI, del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con acciones abiertamente ilegales o enmascarados bajo supuestas órdenes judiciales. También contó con la colaboración de agentes irregulares vinculados a dicho organismo y al Ministerio de Seguridad de la Nación y un nicho de magistrados de la justicia federal”, sostiene el informe de la Bicameral.
Para los integrantes de la comisión, el vértice de la coordinación estuvo ocupado por la llamada “mesa judicial”, que actualmente investiga el fiscal federal Franco Picardi. Estos actores que habrían estado abocados al plan de inteligencia ilegal se valieron, según la Bicameral, de un método: el lawfare o la guerra judicial contra la política y los movimientos populares. “La información de interés, así obtenida, era producida y entregada con el fin de manipular a la opinión pública a través de la utilización de periodistas que, a la vez, se sirvieron de aquellas en un cuestionado libre ejercicio de la libertad de prensa al amparo de la protección constitucional del secreto de sus fuentes de información”, detalla.
Las estrategias para el espionaje fueron variadas, afirman en el informe:
-La interceptación indebida de comunicaciones a través de la apertura de causas o de precausas –como sucedió en el caso de Oscar Parrilli y que sirvió para diseminar sus conversaciones con CFK–.
-La instalación subrepticia de receptores de audio y video en las salas de abogados en las cárceles donde estaban detenidos los presos kirchneristas. Estos procedimientos se realizaron –según se acreditó en la justicia federal de Lomas de Zamora– tanto en el penal de Ezeiza como en la alcaidía bonaerense de Melchor Romero, donde, según declararon un par de espías, planeaban llevar detenidos a Hugo y Pablo Moyano.
-La infiltración en organizaciones sociales –como surge de la investigación llevada adelante por el juez Alejo Ramos Padilla sobre las llamadas bases AMBA de la AFI.
-El seguimiento de personas. De esta práctica hay múltiples ejemplos en la causa de Lomas de Zamora, que van desde la vigilancia a CFK hasta la desplegada sobre Rodríguez Larreta, Graciela Camaño, Nicolás Massot, Emilio Monzó e incluso la hermana menor del expresidente, Florencia Macri, y su pareja, Salvatore Pica.
-La observación fílmica y fotográfica in situ, como quedó en claro con el espionaje en el Instituto Patria.
-La utilización de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno de la Ciudad, a las que accedían los agentes de la AFI, por ejemplo, con ocasión de las cumbres mundiales del G20 y de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
-El ingreso no autorizado a bases de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o de la Dirección Nacional de Migraciones,que investiga el juez federal Sebastián Ramos en Comodoro Py.
Una serpiente de varias cabezas
Para la Comisión Bicameral, el espionaje se hizo a través de distintas células armadas para ese fin y, por eso, sostienen que hubo premeditación y alevosía. “Se creó una estructura estatal paralela y clandestina: una verdadera organización mafiosa”, se lee en el informe.
Parte de esa estructura paralela se conformó usando a la Policía de la Ciudad, la fuerza creada por el propio Macri. Los ya célebres agentes Súper Mario Bros fueron reclutados desde esa institución por el primer director operacional de Contrainteligencia de la AFI macrista, Diego Dalmau Pereyra, procesado en Lomas de Zamora por el juez Juan Pablo Augé. El reclutador fue Jorge Sáez, conocido como “El Turco”, que integraba la Policía de la Ciudad después de haber pasado varios años por el área de inteligencia del SPF. Los Súper Mario Bros funcionaron incluso por fuera de la estructura edilicia de la AFI: les alquilaron un departamento en el barrio de Mataderos que usaban como base y que llamaban “la cueva”.
Lo mismo sucedió con Marcelo Sebastián D’Alessio, un inorgánico de los servicios, e incluso con el llamado Proyecto AMBA, a partir del cual se crearon seis nuevas bases en provincia de Buenos Aires para dedicarse al espionaje político en 2017 –un año clave que marcaba el regreso de CFK a la contienda electoral–. Con esas seis nuevas bases, que se desarmaron para diciembre de ese año, se triplicó la presencia que la exSIDE había tenido históricamente en territorio bonaerense.
“Las células paralelas eran una serpiente de varias cabezas que luego se fundían en la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia –que asumiera con el gobierno de Mauricio Macri– cumpliendo cada una de las fases del ciclo de inteligencia: recolección, procesamiento, análisis, diseminación, planificación y dirección de datos”, sostienen en el informe.
“Debido a que existieron operaciones en calle que vulneraron la Ley de Inteligencia Nacional y, por supuesto, el Plan de Inteligencia Nacional, es menester que el árbol no nos impida ver el bosque– reclaman los integrantes de la Bicameral–. El objetivo debe ser responsabilizar a quienes generaron las hipótesis que dieron lugar a la operación en la calle, y a los receptores de la información, y no en cambio a los agentes que llevaron a cabo esa tarea. Así debemos preguntarnos: ¿quién es el receptor último de esa información de inteligencia? El presidente de la Nación”, concluye el informe con una campanada directa hacia Macri.
