El laboratorio estadounidense indicó en un comunicado que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos”. El exministro de Salud Ginés González García anticipó que presentará una denuncia penal contra la dirigente de Juntos por el Cambio.
La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acusó al Gobierno nacional de haber solicitado sobornos a la farmacéutica Pfizer para que llegaran las vacunas a la Argentina. No solo la dirigente cercana a Mauricio Macri no ofreció evidencias, sino que la propia Pfizer salió a desmentirla.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la cuestionó y otros integrantes del oficialismo insistieron en que, si conoce un delito, haga la denuncia correspondiente.
El ex ministro de Salud ya anunció que le iniciará una causa penal y una demanda civil a Bullrich por sus dichos. Las declaraciones de Bullrich son un escalón más en la campaña contra la vacunación que comenzó el año pasado con una denuncia contra la Sputnik V por ser «un intento de envenenamiento». Quien hizo esa denuncia, Elisa Carrió, hace poco dijo que no se dio la vacuna rusa cuando le tocó el turno no porque no sea segura, sino porque está en contra del gobierno de ese país.
El lobby de Juntos por el Cambio por Pfizer y el resto de las vacunas de Estados Unidos es notorio hace meses. Pero ahora escaló. Ante un entrevistador condecendiente, Bullrich, aseguró que el ex ministro de Salud “Gines González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”.
“Eso no es un error, sino que es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna. Eso es criminal y lo tienen que investigar los fiscales de la Nación. Si llaman a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no van a mentir como nos miente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero», aseguró Bullrich. Pero Pfizer, lejos de lo que esperaba ella, la desmintió.
A pocas horas de su denuncia mediática, el laboratorio farmacéutico indicó en un comunicado que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos” por parte del Gobierno argentino (ya sea de González García o de cualquier otro funcionario). También dijeron que era falso lo que había afirmado la exdiputada sobre que se exigió que Sigman participara del acuerdo: «La compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19». Así todo lo que dijo la presidenta del PRO resultó ser desmentido por la farmacéutica. No obstante, obstinada, Bullrich reafirmó sus dicho por redes sociales: «El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo».
Tras la fallida operación, quien reapareció fue Ginés González García. El exministro de Salud rompió el silencio para negar cualquier tipo de ofrecimiento indebido a Pfizer y anticipó que realizará una presentación judicial contra la exministra de Seguridad: “La denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda”, afirmó González García, quien habló por primera vez luego de su renuncia por el escándalo de la vacunación en el edificio ministerial. Y agregó: «Les voy a pedir a mis abogados las denuncias penales, civiles y todo lo que sea necesario porque es una barbaridad. No lo voy a dejar pasar; decirlo sin ninguna prueba y metiéndose nada menos con el honor de las personas».
Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero consideró que las acusaciones fueron meramente electorales: «Patricia Bullrich dice lo que sus votantes quieren escuchar». Además de rechazar sus acusaciones, la cuestionó por «llamar a marchas del contagio «y porque «están pensando en la próxima elección y no tienen ningún tipo de vergüenza de cambiar en el camino y decir todo lo contrario». «Son los mismos que decían que te ibas a envenenar con la vacuna. Hay una situación de vulnerabilidad de la gente: ellos piensan en la elección y aprovechan. No quisieron aplicar las medidas, incluso las judicializaron, y bueno, acá están las consecuencias», advirtió.
El legislador porteño Leandro Santoro también cuestionó a la presidenta del PRO: «Es inaceptable que Patricia Bullrich acuse por TV al presidente de pretender cobrar coimas para comprar la vacuna de Pfizer. La ‘pirotecnia electoral’ tiene limites. No se puede jugar con el dolor de la gente. Si tiene pruebas, que vaya a la justicia y si no las tiene, pida disculpas».
Es inaceptable q @PatoBullrich acuse por TV al pte @alferdez de pretender cobrar coimas para comprar la vacuna de Pfizer. La «pirotecnia electoral» tiene limites. No se puede jugar con el dolor de la gente. Si tiene pruebas vaya a la justicia y si no las tiene pida disculpas.
— Leandro Santoro (@SantoroLeandro) May 24, 2021
Este diario intentó consultar a voceros de Bullrich sobre las pruebas con las que -se supone- debería contar para hacer esa denuncia, pero no tuvo respuesta.
No es la primera vez que desde la cabeza de uno de los partidos de Juntos por el Cambio plantean esto. Hace algunos meses el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo : «Hay muchas sospechas acerca de si se le ha pedido coimas y cosas de ese tipo. Circula por todos lados, pero no me gusta hacerme eco de cosas que no me constan», aseguró. Bullrich, en cambio, no tuvo problemas en hacerlo, pero puede que enfrenté algunas incomodidades en Tribunales: es que González García -al que ella mencionó como presunto autor de un delito- se prepara para denunciarla penalmente y civilmente por sus dichos.
Claro que para afirmar eso tuviero que dejar de lado investigaciones internacionales como la del Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) y el medio peruano Ojo Público, que relevaron las exigencias de Pfizer en distintos países: al Ministerio de Salud de Brasil le reclamó también que depositara dinero para futuras indemnizaciones en una cuenta de banco en el extranjero. Brasil consideró que las condiciones eran «abusivas». En Perú exigieron que los eximieran de responsabilidad ante las demoras de entrega de los lotes. Perú consideró que los planteos eran «extremos». En la Argentina, si bien no se conocieron los detalles por la confidencialidad impuesta en las negociaciones, se sabe que una cláusula de la ley para comprar vacunas, que responsabilizaba a quienes cometieran acciones por «negligencia», fue uno de los puntos que sigue trabando los acuerdos con Pfizer.
