El exasesor de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, permanece prófugo de la Justicia desde el 8 de diciembre de 2020 en Uruguay, país al que viajó mientras se lo investigaba en una causa judicial por presuntas presiones al Grupo Indalo durante la gestión del expresidente al frente de la Casa Rosada.
Es así que hoy se cumple un año de la huida de quien fuera una pieza clave en la mesa judicial, que orquestó operaciones contra opositores y se valió del espionaje -incluso a personalidades del propio macrismo- para mantener a raya a quien se atreviera a contradecir los deseos del poder entonces.
«Pepín» sigue prófugo y el macrismo guarda total silencio pese a que se jacta de tener una conducta de «respeto a las instituciones». Casi no extraña, si recordamos que el mismo Macri intentó eludir rendir cuentas ante la Justicia en la causa por espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
Hace tres meses, la Interpol activó la alerta roja contra el operador judicial, quien reconoció ante el Parlasur que no consiguió el estatus de refugiado en el país vecino. “El informe (del CORE, Comisión de Refugiados) fue digamos que negativo. No fue enfáticamente negativo, pero fue un informe negativo”, dijo ante sus pares parlamentarios.
Rodríguez Simón admitió que se le denegó el estatus de refugiado por lo que se activó la alerta roja e Intepol ya que la justicia argentina lo busca para declarar en una causa que lleva adelante la jueza María Servini.
“A que el informe no me… O sea… no era favorable a que se reconociera la condición de refugiado. El informe es un informe que hace un grupo de asistentes sociales que tienen que ver… o sea, la verdad, no tenía mucho contenido jurídico”, sostuvo al respecto en el marco del proceso abierto para desplazarlo de su cargo, acusado de haber eludido el accionar de la justicia argentina tras haber viajado a Uruguay, donde pidió, sin éxito, que se le conceda el estatus de refugiado político.
En mayo de este año, la jueza María Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes.
Se lo investiga por «la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción».
