El grito rasga el silencio e interrumpe al secretario general de la OEA durante un evento al margen de la Cumbre de las Américas de esta semana en Los Ángeles: «¡Luis Almagro, usted tiene sangre en sus manos! ¡Por usted, hubo un golpe en Bolivia!».
Almagro exige a los gritos al joven que se retracte y no mienta, ante un asombrado auditorio de estudiantes que se miran, funcionarios nerviosos, policías que se preparan a intervenir y fotógrafos y camarógrafos que buscan el mejor ángulo del escándalo.
Al final, no fue para tanto. El activista socialista estadounidense Walter Smolarek fue sacado por la policía y liberado rápidamente sin cargos, en la calle, dos pisos más abajo. Pero su clamor pareció resonar más allá de ese hotel de Los Ángeles.
Al día siguiente, el presidente Alberto Fernández pedía ante su par estadounidense Joe Biden y los demás líderes americanos una reforma de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la remoción de Almagro por «facilitar» un golpe en Bolivia en 2019.
El viernes, el canciller de México apoyó la propuesta de Fernández en su discurso en la cumbre.
Haber dado tal centralidad a la defensa de la democracia en la primera Cumbre de las Américas desde el golpe de Estado en Bolivia contra el expresidente Evo Morales no parece haber sido el mejor cálculo del Gobierno de Biden.
La anterior administración estadounidense de Donald Trump y Almagro reconoció en su momento a las autoridades de facto de Bolivia, que hoy están siendo juzgadas.
Tampoco parece haber sido la mejor lectura de Washington del panorama político regional.
La cumbre de Los Ángeles debería haberse celebrado el año pasado, pero se postergó por el coronavirus. Desde la anterior Cumbre de las Américas, en Lima, Perú, en abril de 2018, mucha agua corrió bajo el puente en la región.
Un mes después, Nicolás Maduro fue reelecto en Venezuela. A los pocos días, el líder opositor Juan Guaidó se proclamó presidente venezolano. Trump lo reconoció de inmediato. La OEA declaró ilegítimo el mandato de Maduro.
Ocho meses después de la cumbre de Lima, Andrés Manuel López Obrador se convertía en el primer presidente de izquierda de México de la historia reciente elegido en comicios plenamente democráticos.
Meses más tarde, en octubre de 2019, Morales fue reelecto en Bolivia. La oposición denunció fraude y convocó protestas, y el mandatario renunció presionado por el Ejército y la policía. Fue reemplazado de manera ilegal por Jeanine Áñez, condenada este viernes a 10 años de cárcel por el golpe.
Días después, Almagro llamó a Áñez «presidenta del Gobierno provisional de Bolivia» tras haber hablado de supuestas irregularidades en los comicios.
Al mes siguiente, Fernández llegó al poder en Argentina. Con su ayuda, Morales se exilió primero en México y después en Argentina y luego regresó a Bolivia.
Su partido socialista ganó las elecciones en 2020 y recobró el poder, de la mano de Luis Arce. Áñez fue condenada ayer a 10 años de cárcel por la forma en que asumió la Presidencia.
Este año, tres gobernantes de izquierda reemplazaron a otros de derecha en Chile, Perú y Honduras: Gabriel Boric, Pedro Castillo y Xiomara Castro.
En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es el favorito para las elecciones de octubre, mientras que en Colombia el exsenador Gustavo Petro puede hacer historia este mes y transformarse en el primer presidente de izquierda del país.
En ese contexto, al Gobierno de Biden le pareció una buena idea excluir de la cumbre de Los Ángeles a Cuba, Nicaragua y Venezuela por antidemocráticos.
Las consecuencias eran previsibles.
López Obrador confirmó que no iba a estar presente el mismo día que empezaba la cumbre, y a su previsto boicot ya se habían sumado Arce, Castro y otros líderes centroamericanos.
