La vicepresidenta sostuvo que la condena de 6 años de prisión en su contra no obedece a un «lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia judicial».
La exmandataria señaló que la «confirmación» de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, y sobre el cual el presidente Alberto Fernández hizo referencia el lunes por cadena nacional.
Cristina aseguró además que el periodismo es «fundamental en el lawfare» e indicó que «la complicidad de los medios» es necesaria para «hacer condenas» que no tienen sustento.
«El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente
«Hay otro aspecto fundamental en el lawfare que es el periodismo. Para hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución se necesita la complicidad de los medios», señaló Fernández de Kirchner al hablar a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.
Fernández aseguró que tal cual lo había dicho el 2 de diciembre de 2019, la condena a 6 años en su contra por administración fraudulenta con la obra pública «estaba escrita».
Al expresarse en sus redes sociales después del fallo del Tribunal Oral Federal 2, la exmandataria planteó que «no es que fuéramos clarividentes, ni adivinos», pero «si una causa en la cual un juez, el inefable Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme».
Además, Fernández señaló que cuando era presidenta de la Nación no tenía «manejo de las leyes que son aprobadas» por el Poder Legislativo y marcó que «el presidente de la república tampoco administra el presupuesto».
