El juez Civil de Ushuaia Sebastián Osado Viruel dictó en las últimas horas el segundo fallo en la provincia de Tierra del Fuego en favor de un damnificado por la toma de créditos UVA durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, y le ordenó al banco otorgante del préstamo limitar el valor de la cuota al 35% de los ingresos totales del grupo familiar involucrado, confirmaron hoy fuentes judiciales.
El magistrado hizo lugar a una medida cautelar presentada por Melisa Solis, una mujer de la capital fueguina que en 2018 tomó un crédito de $2 millones con una cuota mensual de $16 mil, y ahora paga $162 mil de cuota y debe $17 millones al banco.
Solís demostró en el expediente que el valor de la cuota del crédito UVA le aumenta “entre $8 mil y $10 mil mensuales”, lo que en la actualidad ya le consume entre “el 40 y el 50% de sus ingresos”, cuando al comienzo del préstamo le insumía el 20%.
“Sabíamos que la cuota iba a subir pero no a estos niveles. La pandemia empeoró y agravó la situación. También crece la deuda. A este paso voy a deber $18 millones el mes próximo y no quiero ni hacer la cuenta dentro de diez años”, explicó la damnificada a medios fueguinos.
También dijo que se desempeña como docente, y que en su caso nunca dejó de pagar el crédito.
“Me fui rebuscando, hasta que el año pasado logré contactar a tres abogados de Tierra del Fuego que fueron los únicos que se pusieron a disposición. Queremos que el banco se siente a renegociar el préstamo para no tener más aumentos desmedidos como estos que estamos teniendo y poder pagar el crédito», señaló Solis.
La resolución de Osado Viruel fue en la misma línea que la dictada en marzo por la sala Civil de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Río Grande, que limitó la cuota de un crédito UVA al 35% de los ingresos de Javier Vázquez, un empleado municipal que solicitó un préstamo de $3 millones para la compra de su vivienda y luego de pagarlo durante cuatro años adeudaba $19 millones, mientras que en su caso el valor de la cuota había pasado de afectar el 13% de sus ingresos, a representar el 52%.
En aquel caso el fallo hizo hincapié en el déficit habitacional y en los tratados de jerarquía constitucional que obligan al Estado a adoptar medidas positivas en defensa de la vivienda familiar.
“Hay un grupo de fueguinos que decidió organizarse y ha promovido demandas grupales o personales ante la Justicia para enfrentar la indexación de este tipo de préstamos. Ellos estaban esperando una medida de protección de este tipo mientras se sustancia el juicio”, explicó entonces a Télam el abogado Cristian Rubio, representante legal de Vázquez y de otras personas en su misma situación.
El letrado detalló que en el caso de los créditos UVA se han producido “circunstancias extraordinarias que modificaron el contrato original y que deben ser renegociadas».
«Lo que se está pidiendo es una revisión de estos contratos celebrados para la adquisición de vivienda única, por la aparición de circunstancias sobrevinientes que provocaron una alteración de las condiciones y derivaron en un muy dificultoso o imposible cumplimiento del contrato”, enfatizó.
También aclaró que las demandas no son en contra de los bancos otorgantes de los préstamos (que en un 73% son bancos públicos) sino del sistema de indexación de los créditos UVA implementados durante el macrismo.
