Cuatro personas fueron detenidas hoy acusadas del homicidio de Fernando Pérez Algaba, el empresario de 41 años hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge en julio pasado. Otras dos que admitieron haber estado con él el día que desapareció permanecen prófugas, tras 18 allanamientos simultáneos. Entre los acusados se encuentran un exsocio, un examigo, una gestora y el hermano de una detenida.
Los detenidos fueron identificados por las fuentes como Matías Ezequiel Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo, Luis Alberto Contreras y Flavia Lorena Bomrad, mientras que los prófugos son Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, las dos últimas personas con las que «Lechuga» Pérez Algaba (41) tuvo contacto el 18 de julio último en el predio «Renacer» de General Rodríguez.
A los acusados, el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, les imputó el homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego, con alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas.
Además, a tres de ellos -Pilepich, Vargas y Contreras- se les imputa, en concurso real, el delito de falso testimonio a raíz de sus dichos al ser convocados al declarar en el inicio de la investigación.
En un principio, de acuerdo a la resolución judicial a la que tuvo acceso Télam, Monelos había hecho lugar a cinco de las siete detenciones solicitadas por el fiscal 5 de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, ya que otras dos -entre ellas la de la gestora Bomrad y la de un subcomisario de la Policía de la Ciudad- habían sido denegadas por falta de pruebas.
Finalmente, la gestora fue también detenida porque durante un allanamiento que se realizó en su vivienda, en el partido de Morón, se secuestró un Ford Mondeo de su propiedad en el que se hallaron rastros de sangre, pelos y un aro que, se presume, pertenecía a la víctima.
Para fundamentar los pedidos de arresto, el fiscal hizo hincapié en pruebas basadas en análisis de las comunicaciones y movimientos de los celulares que utilizaban la víctima y los sospechosos.
Domínguez afirmó que el móvil del crimen del empresario Pérez Algaba fue una deuda por 50.000 dólares y por 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio de General Rodríguez a encontrarse con él.
Camino a ese campo, donde se cree pudo ser capturado y asesinado, «Lechuga» reconoció en un mensaje de audio que temía por su vida ante la posibilidad de ser baleado, según las pruebas aludidas por el fiscal.
