La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) emitió una resolución en la que recomienda a los ministerios de Salud y Educación abrir sumarios administrativos a distintos agentes tras el asesinato de Lucio Dupuy. A su vez, elaboró una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades provinciales para que se tomen medidas especiales en la Policía de la Provincia de La Pampa y las carteras de Educación y Salud con el objeto de prevenir y erradicar el maltrato infantil en la provincia de La Pampa.
Desde el organismo publicaron la resolución 640/2023 donde se sistematizaron «una serie de recomendaciones en diversos ámbitos de la administración provincial y la instrucción de sumarios administrativos”, publicó el diario La Arena.
“En febrero, el Fiscal General Juan Carlos Carola, junto con su equipo de trabajo, se trasladó a Buenos Aires a fin de solicitar informes técnicos vinculados al área de educación y salud que intervinieron en el caso referido. Los mismos fueron realizados por especialistas reconocidos como Liliana Maltz (licenciada en Ciencias de la Educación) e integrantes de la Sociedad Argentina de Pediatría», dice el texto.
En ese sentido, indicaron que «los informes contienen un análisis general de los hechos y fueron tenidos en cuenta a la hora de emitir las recomendaciones. Éstas están dirigidas a las autoridades provinciales a fin de que se tomen medidas especiales en la Policía de la Provincia de La Pampa, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, con el objeto de prevenir y erradicar el maltrato infantil en la provincia de La Pampa».
Ante la «sensibilidad del caso y en virtud de que hay procesos en trámite», desde la FIA solo dieron a conocer las recomendaciones. Su intención es «evitar entorpecer el derecho de defensa de las personas afectadas».
Sumario y recomendaciones.
Además de las recomendaciones, en la parte resolutiva se da por concluida la investigación y se recomienda «al Ministerio de Educación la instrucción de sumario administrativo al personal indicado, formando un expediente con copia íntegra de las actuaciones, para cada una de las personas sumariadas». A su vez, en el artículo 3º se recomienda a Salud «la instrucción de sumario administrativo al personal indicado».
El fallo contiene «un análisis general de la situación con las correspondientes recomendaciones dirigidas a las autoridades públicas provinciales a los fines de prevenir y erradicar el maltrato infantil en la provincia de La Pampa». El mismo posee tres anexos donde se analizan «en forma separada la responsabilidad de los agentes y funcionarios que resulten involucrados en los sumarios ordenados», los cuales no se dieron a conocer.
Luego de abordar el marco general y las obligaciones del Estado en relación a niños, niñas y adolescencia, aborda una serie de recomendaciones «al gobierno provincial centralizado y a las reparticiones específicas».
«Los informes consultados para la elaboración de las recomendaciones, señalan que gran parte de la violencia que se ejerce contra niños, niñas y adolescentes, incluido el abuso sexual, ocurre en los ámbitos intrafamiliares. El Estado no desconoce este dato y, por lo tanto, los objetivos de la prevención en el marco de las recomendaciones generales de este apartado deben estar orientados en este sentido», añade.
La primera recomendación es la «Coordinación» e insta al Estado provincial a «construir un marco de coordinación específica para abordar las políticas públicas. Se sugiere que la coordinación específica re encauce los recursos humanos existentes, designando una referencia común que vincule a los diversos actores del sistema de protección integral y establezca un mecanismo de comunicación formal entre los Ministerios (Salud y Educación, Áreas de niñez), con la finalidad de que compartan estándares de abordaje y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes».
En este punto también se propone la creación de «un plan estratégico que contenga como estándar mínimo una identificación de las obligaciones inmediatas que posee el Estado y de las obligaciones progresivas, si es que a la fecha no se hubiese planificado». Por otra parte, incluye la revisión de la asignación presupuestaria del Estado provincial con relación a infancia y adolescencia.
Prevención.
La siguiente sugerencia está vinculada a la «Prevención», la cual «debe direccionarse a los servicios de salud, educación y servicios sociales específicos que son los que poseen mayor inmediatez. Los profesionales y cualquier persona perteneciente al Estado que tenga contacto con los niños, las niñas y adolescentes deben tener capacitación en este sentido».
«La capacitación debe ser un requisito previo al ingreso al área y debe comprender los conocimientos necesarios para que las personas sean conscientes de los factores de riesgo y los indicadores de todas las formas de violencia, reciban orientación sobre la forma de interpretar esos indicadores y tengan los conocimientos, la voluntad y la capacidad necesarios para adoptar las medidas oportunas».
En relación a los entornos familiares, la FIA remarcó que «la prevención primaria de las diversas formas de violencia se transforma en primordial y se direcciona específicamente a los servicios de salud, educación y servicios sociales». En ese sentido, remarcó que desde Salud se debe «informar a las personas que ejercerán o ejercen la crianza de niños, niñas y adolescentes de las formas de crianza positiva y respetuosa, con indicación expresa de la prohibición de los castigos corporales».
Para brindar información accesible, adecuada y de calidad no es necesario que el Estado genere materiales nuevos, puede utilizar materiales elaborados por organismos dedicados específicamente a la infancia y utilizar las campañas de prevención y difusión que son de acceso público. Por lo tanto, se recomienda al Estado la inclusión y difusión de estos materiales en los espacios mencionados».
“Medidas especiales” para la policía.
Uno de los ítems contempla «medidas especiales» para la policía. En ese marco, se recomienda «capacitar al personal policial en estrategias integrales que deben prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. «El personal policial deberá identificar la debida diligencia reforzada que debe tener el Estado ante una denuncia de maltrato infantil».
«Con relación a la esfera concreta de capacitación, debe contemplarse la sensibilización de la policía en cuanto a cuestiones de accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo, la tramitación con suma celeridad y la preservación de la integridad de niños, niñas y adolescentes», agregó la FIA. A su vez, recomendó a la Policía «generar un protocolo de actuación que establezca una ruta a seguir en aquellos casos en los que pueda existir la sospecha de situaciones de maltrato infantil, que contengan los estándares señalados sobre los cuales deberá capacitarse al personal».
