La versión original del DNU eliminaba la intervención de los abogados en los divorcios no conflictivos, pero chocó con “la casta”, que se lleva el 10% de cada divorcio.
La versión final del DNU de desregulación económica que firmó Javier Milei significó una marcha atrás con la idea inicial del presidente de romper el negocio de los abogados en los divorcios de común acuerdo.
El periodista Jorge Liotti reveló en La Nación del domingo que en la versión original del megadecreto que preparó Federico Sturzenegger, se incluía la eliminación del divorcio vincular, una ley promulgada por Raúl Alfonsín en 1987 que tuvo una feroz resistencia de la Iglesia.
La única voz oficiosa que salió a referirse a ese asunto fue la de Lucas Llach, ex vicepresidente de Sturzenegger en el Banco Central durante los primeros años del gobierno de Mauricio Macri.
«Lo único que se discutió es la posibilidad de que el divorcio no conflictivo no requiera la intervención de abogados. Un kiosquito más, bah», tiuteó Llach, que participó en las últimas semanas de las reuniones de gabinete de Milei.
Con su aclaración, Llach confirmó que Milei debió recular con una iniciativa que hubiera desatado una guerra con los abogados que se dedican al derecho de familia.
Fuentes de ese sector explicaron a LPO que quienes se divorcian deben pagar entre el 5 y el 15 por ciento de los bienes a dividir entre la ex pareja en abogados. Usualmente se negocia el 10 por ciento.
«Un matrimonio que se separa en buenos términos, acuerda la división de bienes, la custodia y la cuota alimentaria de los hijos, igualmente le tiene que pagar el 10% al abogado», dijeron las fuentes. «Pueden terminar de la mejor manera pero si tenían un millón de dólares para repartirse, 100 mil deben ir para el abogado», agregaron.
Varios de los comentarios que recibió Llach se refirieron a las sucesiones patrimoniales que pese a darse en buenos términos también tienen la obligación de la mediación de abogados.
Durante el gobierno de Carlos Menem, el ministro Domingo Cavallo también quiso desregular el negocio de los escribanos con el decreto 2284 del año 1991. Cavallo no pudo y Milei, que se define como un discípulo del ministro de Economía de Menem, al parecer tampoco podrá.
Milei habría chocado con la «casta» de los bufetes de abogados que, como anticipó LPO, estuvieron detrás de la redacción del DNU.
