La Justicia falló a favor de los diplomáticos de la Cancillería que reclamaban contra el pago del Impuesto a las Ganancias por el adicional que perciben por prestar servicio en el exterior, lo que implicó un revés para el gobierno de Javier Milei.
La sentencia de la Justicia Contencioso Administrativa que hizo lugar a la petición de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que habían iniciado una acción cautelar.
El Juzgado hizo lugar al reclamo y obligó al Gobierno a revertir la medida. Los diplomáticos exigen no pagar ese impuesto sobre el adicional que cobran por lo que implica el costo de vida en el exterior.
Los profesionales del Servicio Exterior siempre pagaron ese tributo, pero el complemento exterior estaba exento. Desde la última modificación de ese gravamen comenzó el conflicto.
A mediados de año, habían presentado una acción de amparo ante la Justicia Contencioso Administrativa con el objetivo de revertir la situación.
La APSEN se había reunido con los gremios ATE y UPCN para acordar esas «acciones políticas y jurídicas conjuntas» ante la «urgente situación generada por las modificaciones en la ampliación del Impuesto a las ganancias, que afectan la funcionalidad y sustentabilidad del servicio exterior».
El juez federal Martín Cormick había emitido en agosto una resolución para que la Cancillería presente en un plazo perentorio un informe sobre la situación.
Según la APSEN, «la normativa resulta claramente confiscatoria e impacta severamente en los ingresos de los trabajadores de rangos más bajos que, a partir de la reglamentación, pueden llegar a perder más del 20 % de sus ingresos».
La medida abarca a 400 diplomáticos, entre embajadores, secretarios o agregados, que desde 1973 estaban exceptuados de pagar por ese plus en dólares.
