El Gobierno de La Pampa expresó su adhesión y pleno acompañamiento al proyecto presentado por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto a otros mandatarios y funcionarios de provincias patagónicas, que propone declarar la emergencia ígnea y zona de desastre en las provincias del Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, en el marco de la Ley Nacional N° 27.287.
La iniciativa se analizó hoy durante un encuentro virtual en el que La Pampa estuvo representada por el ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, en el que se reconoció la gravedad de los incendios forestales y rurales que afectan a vastas regiones del país y planteó la necesidad de una respuesta integral, coordinada y urgente del Estado nacional, en articulación con los gobiernos provinciales y municipales, para mitigar los daños ambientales, sociales y productivos ocasionados por el fuego.
GARANTIZAR RECURSOS Y PLANIFICACIÓN
La Pampa dejó en claro la importancia del trabajo conjunto entre provincias, más allá de las pertenencias políticas, y subrayó la necesidad de contar con un Estado nacional que, coordinado con los estados provinciales, garantice recursos, planificación y respuestas eficaces ante emergencias climáticas y ambientales cada vez más frecuentes.
ADHESIÓN DE LEGISLADORES NACIONALES DEL PJ
El Gobierno de La Pampa valora y acompaña la adhesión y el respaldo de los legisladores nacionales del Partido Justicialista, tanto diputados como senadores, quienes han manifestado su apoyo a esta iniciativa en el Congreso de la Nación, reafirmando el compromiso con la defensa de las provincias afectadas y con una política federal de gestión del riesgo.
Asimismo, reitera su compromiso con la protección del ambiente, la seguridad de sus habitantes y la reconstrucción de las zonas afectadas, y reafirma la importancia de fortalecer las políticas públicas de prevención y respuesta ante incendios forestales en todo el país.
EL PROYECTO
El proyecto declara la emergencia ígnea en los términos previstos por la legislación vigente y establece la declaración de zona de desastre para los territorios afectados, habilitando así el uso de herramientas excepcionales para la gestión del riesgo, la protección civil y la asistencia a las comunidades damnificadas.
Asimismo, autoriza a la Agencia Federal de Emergencias -o al organismo que en el futuro la reemplace- a disponer de los recursos presupuestarios necesarios para la prevención y combate de incendios forestales y rurales; la atención, mitigación y recomposición de los daños sufridos por personas, familias y bienes afectados; el apoyo y la asistencia a las provincias y municipios alcanzados por la emergencia y la ejecución de todas las acciones previstas en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
Estas medidas se implementarán respetando los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego y en coordinación permanente con las jurisdicciones involucradas.
