Personal de la División de Seguridad Rural, dependiente de la Unidad Regional Tres de Policía, se constituyó en un establecimiento rural de la zona, donde se comprobó la existencia de tres campamentos distribuidos en pleno monte, armados de manera improvisada, prácticamente a la intemperie. Habrían sido usados para albergar en condiciones «infrahumanas» a los hacheros provenientes de la provincia de Chaco, para trabajos de desmonte.
Fuentes consultadas informaron que el procedimiento llevado a cabo hace unos días, se realizó en el marco de la causa judicial que la fiscalía de General Acha inició de oficio, después que el gobernador Sergio Ziliotto afirmó que se había impedido el ingreso a la provincia de un micro que trasladada hacheros de Chaco para trabajos de desmonte en la estancia Curacó, ubicada en la zona rural de General Acha.
Allanamiento en Victorica por un ingreso ilegal: Cinco personas en cuarentena obligatoria
Se trató de un operativo efectuado en el puesto caminero de Catriló, y el micro que traía a los hacheros pertenecía a la empresa de transporte de pasajeros Vía Bariloche, publicó el diario La Arena.
Infrahumano
Los uniformados documentaron la existencia de los campamentos armados, además de las condiciones «infrahumanas» en las que los trabajadores habrían sido albergados durante los días que cumplieron las tareas de desmonte en el predio rural. Su propietario es un reconocido productor de la ciudad, pero actualmente es alquilado por la firma Curacó.
La causa con intervención de la fiscalía se inició para investigarse hechos relacionados con el quebrantamiento de la cuarentena dispuesta por el Covid-19. Lo que posibilitó comprobar otro tipo de hechos que encuadrarían en delitos referidos con la trata de personas con fines laborales, que pertenece a la competencia federal.
Justamente por esa razón se dio debida intervención al Área de Trata de la Policía de La Pampa, para que por su intermedio se hiciera lo propio con el Juzgado Federal con asiento en la capital pampeana.
Investigación
Por otra parte se indicó que hay varias cuestiones que todavía están sujetas a investigación judicial. En principio debe establecerse si los hacheros chaqueños, cuyo ingreso fue impedido en el puesto policial de Catriló, finalmente lograron ingresar por otro lado a La Pampa. Una de las hipótesis que se maneja que esto pudo haberse concretado, y que los trabajadores habrían sido ingresados de manera clandestina en un transporte de Vía Cargo, que se caracteriza por estar completamente cerrado, debido a que se utiliza para la distribución de encomiendas.
Otro de los puntos de investigación es si los 16 hacheros que fueron traficados a Río Negro en un semirremolque térmico de la empresa Vía Cargo, recientemente interceptado por policías de Cipolletti, son los mismos que intentaron ingresar por el puesto caminero de Catriló, y posiblemente lo hicieron de manera ilegal por otro punto de la provincia.
Más allá de lo que pueda comprobarse en el marco de la investigación sobre la cual se dio intervención al juzgado federal con asiento en la ciudad de Santa Rosa, ha quedado en evidencia la práctica implementada por la estancia Curacó, que consiste en traer trabajadores desde la provincia de Chaco para que realicen tareas rurales en ese establecimiento, en condiciones que realmente son «infrahumanas».
La empresa
Por su parte la firma de la estancia Curacó, a modo de descargo, niega que se traten de los mismos hacheros que intentaron ingresar por Catriló. En ese sentido aseguran que se tratan de trabajadores que fueron traídos antes de dictarse la cuarentena por el Covid-19, y que se marcharon el 15 de mayo después de haber sido repatriados por la provincia de Chaco, de donde son oriundos los hacheros.
Independientemente de los argumentos expuestos por la empresa, será trabajo de la justicia establecer si se tratan de los mismos hacheros, o en su caso, si fueron otros. Como así también si se ha cometido el delito de trata con fines de explotación laboral, lo que representa una conducta grave. Máxime, si se tiene presente que se habría cometido en tiempos de cuarentena por el coronavirus, y consecuentemente, identificar a sus responsables.
Se trata de un delito previsto por el artículo 145 bis del código penal, que establece una pena de 4 a 8 años, para el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro de territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Mientras que si existen otro tipo de circunstancias, de las establecidas en el artículo 165 del CP, la pena se agrava, debido a que prevé prisión de 5 a 10 años.
«Durmieron» a la Fiscalía
Según informaron fuentes ligadas a la causa, la causa penal se inició el pasado sábado. Incluso, la Fiscalía intentó buscar a los trabajadores en el predio pero «lo durmieron», debido a que alguien alertó a los propietarios de la Estancia. Por estos motivos, «los sacaron primero a otro campo y después para afuera».
Luego, en Cipolletti la Policía encontró a 16 trabajadores rurales chaqueños que eran transportados en un semiremolque térmico de la empresa Vía Cargo, proveniente de General Acha.
