Un informe de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), solicitado por la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, registró residuos de agroquímicos en el río Salado, a 40 kilómetros de la capital provincial. Desde principios de diciembre, miles de peces aparecen muertos en las costas del río. La investigación apunta comprender las causas de este aumento de la mortandad que, según la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia, “no hay ninguna duda de que fue por anoxia”, es decir, por la falta de oxígeno que provoca la bajante del río.
Sábalos, carpas, viejas de agua, moncholos y apretadores son algunas de las especies afectadas por el fenómeno que está arrasando con la fauna acuática del río Salado, en su paso por Santa Fe. Las autoridades provinciales estiman que se trata de una consecuencia de la bajante pronunciada del agua, sumado a la poca lluvia y a las altas temperaturas. “Hicimos estudios y comprobamos que se trata de condiciones hidrológicas del río”, señaló a Página/12 Gaspar Borra, subsecretario de recursos naturales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y agregó que, de los 116 compuestos que sometieron a análisis, “se detectaron tres herbicidas y un fungicida. Entre ellos glifosato”. Según afirmó Borra, la cantidad que se detectó es mínima, de 6 microgramos por litro. “Todos los ríos que, como el Salado, atraviesan zonas de cultivos agropecuarios intensos tienen residuos de agroquímicos que se derivan de la producción”, señaló el funcionario.
En paralelo al aporte del ministerio provincial, el procurador Jorge Barraguirre lleva un expediente para averiguar la causa de la masiva mortalidad de los peces del río que atraviesa la provincia de Santa Fe. «Todas las catástrofes ambientales tienen una multicausalidad», señaló Barraguirre en diálogo con medios de comunicación locales y remarcó que, además de la «escasísima oxigenación» del río, también «se ha logrado rastrear la presencia de herbicidas, como el glifosato, plaguicidas e insecticidas», como consecuencia «del lavado que hubo de los campos por las lluvias extremas» de fines de noviembre.
Según los resultados del informe que, a pedido de la Justicia, llevó a cabo el Laboratorio de Ecotoxicología de la UNL en los tejidos de los peces, los investigadores detectaron restos del insecticida clorpirifos, en concentraciones de entre 30 y 80 miligramos, y, en menores cantidades, del herbicida 2,4-D en las branquias y en el hígado del pez sábalo. El muestreo se tomó sobre ejemplares muertos y sobre otros que manifestaban comportamientos extraños, y fueron seleccionados de diferentes sectores del puente de la Ruta 70 –bajo el puente, aguas arriba y aguas abajo– que conecta las localidades de Recreo y Esperanza. Este informe se continúa de otro anterior, también a cargo de la UNL, que analizó la demanda biológica de oxígeno, un parámetro clave para determinar la calidad del agua de los ríos.
En Argentina, el clorpirifos se utiliza para controlar las plagas de insectos en los cultivos de soja, trigo, maíz y girasol. Según una investigación llevada a cabo en enero del año pasado por la doctora en Biología Melina Álvarez, la presencia de esta sustancia en el agua afecta a la salud humana así como a la fauna acuática. La investigadora analizó el agua de Claromecó y Tres Arroyos y descubrió que contenía esta sustancia en cantidades muy por encima de lo recomendado. En una entrevista con este diario, la especialista explicó el efecto en los humanos: «En resumidas cuentas, genera un envenenamiento tóxico, en la medida en que bloquea la transmisión correcta de los impulsos nerviosos. Ello provoca incoordinación motora y podría causar la muerte».
En febrero del 2020, la Unión Europea dejó sin efecto el permiso que habilitaba el uso de clorpirifos y metil clorpirifos, por considerarlo peligroso para la salud de la población y para el medio ambiente. En Estados Unidos también está prohibido. Los investigadores Rafael Lajmanovich, Paola Peltzer y Maximiliano Attademo, a cargo del informe que dio a conocer el Procurador, explican que esta prohibición se debe “a sus grandes riesgos para la salud humana y animal”, ya que la exposición a este agroquímico “puede causar déficits cognitivos y conductuales”.
En Santa Fe, la Ley provincial de productos fitosanitarios prohíbe el uso de agroquímicos –según el nivel de toxicidad– en un radio de 500 metros si se trata de aspersión terrestre y en un radio de mil metros cuando se aplica de forma aérea. En septiembre del 2020, el Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela –a 85 kilómetros del Río Salado– dictó un fallo en el que amplía a 1.000 metros el radio de prohibición para las fumigaciones terrestres en los pueblos de Sastre y Ortiz. La medida tuvo lugar ante el pedido de la familia de Zoe Giraudo, una niña de dos años que se encuentra en tratamiento oncológico como consecuencia de estar expuesta a las fumigaciones con agrotóxicos.
Si bien la cartera de Ambiente del Gobierno provincial asegura que “esta mortandad no se generó por ningún agroquímico”, sino por las bajantes del río que deterioran la calidad del agua, fuentes de la UNL aclararon que el estudio que llevan a cabo no está cerrado aún y que la investigación continúa. Por su parte, respecto al hallazgo de glifosato en las muestras, Borra admitió que “nadie descarta en el largo plazo los efectos que genera incluso cuando se trata de concentraciones bajas”, y agregó que, respecto de la legislación del uso de agroquímicos, “siempre se puede mejorar”.
