Se trata de una instalación que comparte manzana con Automotores Orletti. Al igual que éste, el nuevo espacio sirvió de base de secuestros, torturas y exterminio durante la última dictadura cívico militar y estuvo a cargo de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado. Habría funcionado, al menos, en 1976.
El juez Daniel Rafecas identificó como centro clandestino de detención a una casa ubicada en Bacacay, que comparte manzana con Automotores Orletti, y que había sido mencionada por sobrevivientes. Al igual que éste, el espacio sirvió de escenario para secuestros, torturas y exterminio durante la última dictadura cívico militar y estuvo a cargo de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado. Habría funcionado, al menos, en 1976. El magistrado dictó orden de no innovar.
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Desde el Juzgado Federal número 3 confirmaron que el centro clandestino de detención, tortura y exterminio funcionó en lo que hoy es una «casa de familia» ubicada en Bacacay 3570, en el barrio porteño de Floresta, y comparte manzana con «Automotores Orletti», el ex centro clandestino que funcionó en 1976 bajo el mando de militares y civiles de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado por el que pasaron, entre tantas otras, víctimas del Plan Cóndor. Habría funcionado al menos a comienzo del año 1976, según apuntan los elementos que figuran en la causa.
Los avances se dieron en el marco del tramo vinculado a Orletti que Rafecas dirige dentro de la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar bajo el mando del Primer Cuerpo del Ejército. El lugar sería escenario de secuestro de muchas víctimas, en su mayoría testigos de la causa, que hasta el momento desconocían su lugar de cautiverio. Muchas de ellas habían descripto el lugar al que habían sido llevadas en sus testimonios.
Rafecas tampoco descartó que el sitio haya servido también para las operaciones de Plan Cóndor, «no sólo por su vinculación con ‘Automotores Orletti’ sino porque el relato de una de las víctimas da cuenta de que allí se alojaban detenidos uruguayos», puntualizaron fuentes cercanas al juez.
De la instrucción se desprende que «las víctimas eran introducidas encapuchadas, alojadas en habitaciones precarias o en el pequeño sótano de la propiedad, y sometidas a torturas con picana en una habitación acondicionada para ello», difundieron desde el Juzgado.
La mención a la existencia de una base en la calle Bacacay que habría funcionado con anterioridad o en forma simultánea a “Orletti” se registró desde el comienzo de la investigación, pero los datos que figuraban en el expediente «eran insuficientes para identificar el inmueble», informó Rafecas. A las descripciones de los testimonios, la referencia precisa al domicilio de Bacacay 3570 surge en los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos. En uno de ellos se consigna que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la SIDE y que allí actuó la banda de Aníbal Gordon, integrante de una patota de la ex SIDE junto a los represores ya condenados Eduardo Ruffo, César Alejandro Enciso, Miguel Ángel Furci, Honorio Carlos Martínez Ruiz.
«La noticia es muy buena», evaluó Pablo Llonto, abogado querellante en la causa, quien lo consideró como «una demostración de que los juzgados de instrucción pueden hacer muchas tareas de investigación durante la cuarentena» que obligó a establecer una feria judicial en la que la inmensa mayoría de las tareas se deben realizar por la vía remota.
Rafecas logró la identificación del lugar tras la declaración de dos sobrevivientes que tuvieron lugar durante mayo pasado mediante videoconferencia. «La descripción de las víctimas fue coincidente con la brindada por la mujer que en el año 1977 adquirió el inmueble de Bacacay, y los planos del lugar realizados por cada una de ellas fueron llamativamente coincidentes, ya que ambientes como la cocina, el baño, el sótano, la entrada y el patio fueron ubicados en el mismo lugar», informaron desde el Juzgado.
La propietaria del inmueble inmediatamente después del uso que le dio la ex Side recordó que cuando compró la casa halló «en el sótano unos zapatos de mujer sucios y de color rosa viejo, y también zapatos de hombre».
Tras la confirmación, el magistrado dictó la prohibición de innovar sobre el inmueble y ordenó una identificación por video y fotografías de los ambientes del lugar que pudieran ser reconocidos por testigos. Además, seguirá tomando testimonios. Según aportaron desde el despacho judicial el «descubrimiento da inicio a una nueva investigación en la cual habría estado comprometido el personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dirigida por aquellos años por el fallecido General Otto Carlos Paladino».
