Una ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que trabajaba en “Asuntos Jurídicos” contó con lujo de detalles ante la Comisión Bicameral que fiscaliza las actividades del organismo cómo se armaron informes truchos para dar aspecto de legalidad al espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria.
Uno de los datos que más sorprendió a los diputados y senadores que la escuchaban fue que contó que ella misma tuvo que confeccionar esa documentación falsa con el contenido que le indicaba un ex secretario del fallecido Claudio Bonadio, a quien el juez federal habría mandado a trabajar a la central de espías en 2016.
La mujer dejó mal parada a la ex cúpula de la AFI, al ex jefe de operaciones Alan Ruiz, y a los jefes del área legal, entre ellos Juan Sebastián De Stéfano. También dijo que fueron espiados abogados de las querellas del D’Alessio Gate y que hubo un intento que no prosperó de seguir al diputado Rodolfo Tailhade.
La ex espía es abogada y trabajó en la AFI hasta el 30 de mayo último. Desde 2016 se desempeñó en los sectores especializados en asuntos jurídicos de las direcciones de Terrorismo y Contrainteligencia.
Una de las personas con las que trabajó fue Martín Coste, que estuvo en ambas dependencias. Coste hizo un relato en la Bicameral días atrás en la misma dirección: describió el armado de una ingeniería jurídica sobre los seguimientos en el Patria y en la casa de Recoleta de CFK. Este viernes responderá preguntas en la causa judicial ante el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
La descripción de la mujer, cuyo nombre aún se mantiene en reserva, confirmó un encuentro que describió Coste donde dijo que él fue enviado por la entonces segunda de la AFI, Silvia Majdalani, a hablar con el ex jefe de jurídicos, De Stéfano, que lo esperaba con Ruiz y que ahí le dijeron que tenían que armar más documentos para justificar el espionaje ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que había abierto una causa penal ante la denuncia de Oscar Parrilli a comienzos de agosto de 2018.
La respuesta a ese juez se entregó dos meses después: decía que no hubo espionaje ilegal sino que se intentaba resguardar a la ex presidenta de una alerta de seguridad de grupos anarquistas en el contexto de una causa sobre la organización de la cumbre de G-20. La supuesta advertencia terrorista también llegó tardíamente a esa causa, que instruía Federico Villena.
La abogada y ex espía relató que fue ella la encargada de redactar el informe y que el funcionario que indicaba el contenido era Bernardo Miguens, un ex secretario de Bonadio asignado a la AFI en 2016.
Dijo que ocurrió en septiembre de 2018 y que le era imposible negarse porque no tenía ante quién denunciar la situación. Uno de los detalles que dio es que incorporaron algunos nombre de personas “amenazadas” solo para disimular el ensañamiento con CFK, entre los que señaló a Graciela Ocaña y Waldo Wolff.
También dijo que la organización de base anarquista ITS (Individualistas Tendiendo a lo Salvaje), sobre la que había en teoría alertas de otros servicios de inteligencia, nunca fue investigada realmente. ITS había cometido ataques reales en Chile. A la ex presidenta nadie le notificó amenaza alguna.
Ante la bicameral la ex agente mostró un organigrama de cómo funcionaban sectores claves de la AFI y explicó que las transcripciones de escuchas telefónicas históricamente se hacían en Contrainteligencia pero que, a comienzos de 2018, pasaron a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que también montó una oficina que hacía operaciones de espionaje en la calle, algo atípico en ese sector.
Un dato que agregó es que quien hacía transcripciones era la hermana de la jueza federal María Eugenia Cauchetti. De Stefano, jefe de Jurídicos, fue uno de los denunciados el año pasado por el juez Luis Carzoglio como uno de los que le llevaron la orden de detención redactada para Hugo y Pablo Moyano. Otro hombre que daba instrucciones ahí, dijo la ex espía, era Hernán Martiré.
También contó algunos otros episodios de los que supo, como que se intentó espiar al diputado Tailhade, algo a lo que según su versión se habría negado Coste, y que se investigó a un grupo de abogados ligados a las querellas del D’Alessiogate, donde el denunciante Pedro Etchebest dio pie a la mesa investigación sobre una trama de espionaje paraestatal a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.
Un punto de contacto con el juzgado de Bonadio es que allí se intentaba investigar a los letrados en la causa del llamado “operación puff”, que era un expediente usado para atacar y debilitar al que instruía Ramos Padilla.
El nombre de Bonadio ya había aparecido en la causa en una presentación del abogado de CFK, Carlos Alberto Beraldi, quien entregó actas que muestran que dos ex espías habían participado de allanamientos del caso Hotesur cuando se desempeñaban en la Policía de la Ciudad, fuerza que intervenía de manera atípica por pedido expreso del juez fallecido.
