La intendenta Mónica Curutchet y los trabajadores de la recolección de residuos ayer tuvieron declaraciones y acusaciones cruzadas. La comuna prestó el servicio con trabajadores jornalizados, y continuará mientras dure el cese de actividades de los operarios. «La prestación de servicios se cumplirá porque un conflicto entre la patronal y los empleados no puede perjudicar a los vecinos, porque somos netamente una prestadora de servicios y la recolección de residuos para los vecinos y la administración es fundamental», destacó ayer Curutchet.
La jefa comunal ayer indicó que el conflicto laboral con los recolectores de residuos domiciliarios es de larga data. «Es un sector municipal que viene con reclamos permanentes. Algunas situaciones las podemos solucionar, otras no podemos solucionar por la situación actual del país y del municipio, y otras tienen que ver con algunos excesos en los pedidos», analizó.
«Acá estaban acostumbrados a gritar y por los costos políticos se llegaban a acuerdos que no correspondían. Pero, yo asumo los costos políticos porque dije que venía a reorganizar, y no quiero que todo el mundo nos haga juicio. Hoy la situación es distinta porque hay un montón de gente que trabaja todos los días y tenemos que dar respuesta a los vecinos que pagan sus impuestos. Hay 500 empleados y no todos salen a gritar, y no los tengo a todos amenazados como dicen algunos», expresó -evidentemente molesta- Curutchet.
ADICIONAL Y SOBRESUELDO
Los recolectores de residuos domiciliarios ayer iniciaron el cese de actividades porque reclaman un adicional por trabajo insalubre de $ 4.000. Ya en agosto habían realizado una medida de fuerza que se extendió una semana, y ahora reiniciaron la protesta. Concurren a sus puestos laborales, pero no prestan servicios.
«Curutchet nos dijo que no nos podía pagar el adicional que habíamos acordado en la conciliación obligatoria e incumplió con la palabra acordada en la homologación de la conciliación obligatoria», dijo el delegado gremial Alexander Arias.
Curutchet replicó que no incumplió ningún acuerdo laboral y consideró que este adicional no les corresponde a los trabajadores. «Este adicional me llevo a revisar que les correspondía, porque son trabajadores precarizados y durante la gestión anterior rechazaron ser contratos para recibir un adicional de $ 5.000 que los saque cuando asumimos», planteó.
«Tienen jornada reducida como corresponde a un trabajador que pone en riesgo su salud, están enmarcados en un convenio de transporte y el básico para recolectores para octubre es de $ 34 mil y cobran 46 mil pesos», agregó.
«Si el convenio establece ese monto y están cobrando por encima, el resto es adicional y no puedo aumentar más porque está contemplado un monto por encima del básico», replicó Curutchet.
«BENEFICIOS EQUILIBRADOS»
Curutchet sostuvo que este sector de trabajadores tiene «malas costumbres» para «llegar a acuerdos en cosas que no les encuentro sustento legal». «Los trabajadores tienen derechos y los beneficios tienen que ser equilibrados para todos los sectores municipales», resaltó. «En octubre terminaron de cobrar el aumento que otorgamos para todos los jornalizados», destacó.
También refutó que durante la pandemia hubo varios sectores de trabajadores que trabajaron normalmente, y no solamente los recolectores de residuos domiciliarios. «Tenían una semana de descanso que también se sacó porque los trabajadores de los demás sectores trabajan todas las semanas. Acá tenemos que respetar a los vecinos que pagan los impuestos porque estos no eran derechos adquiridos, sino abusos que no tienen el resto de los sectores municipales», disparó.
«No incumplí nada y no amenacé a nadie y ni se mencionó la palabra despedidos, pero en forma permanente hacen apriete con decir que amenazó a todo el mundo, y esto es mentira», concluyó.
«NO CUMPLIERON ACUERDOS»
Los ocho trabajadores del sector de recolección de residuos domiciliarios indicaron que continuarán con la medida de fuerza. «Tuvimos una conciliación obligatoria donde hubo acuerdos que no se fueron cumpliendo», ratificó ayer el delegado gremial Alexander
Arias.
Por su parte, la dirigenta de la conducción provincial del gremio ATE, Blanca Oyarzún, criticó supuestos «incumplimientos del municipio en los acuerdos alcanzados en la conciliación obligatoria». Ratificó que Curutchet vertió «amenazas y maltratos a los trabajadores. Les dijo que los iba a echar si hacían una medida de fuerza», aseguró.
Además, consideró que los trabajadores castenses «no cobran mucho por el trabajo que realizan. Ahora recolectan la basura con personas obligadas que están jornalizadas y trabajan sin la ropa, la capacitación y las medidas de seguridad necesarias».
«Curutchet miente a los trabajadores y al pueblo», concluyó Oyarzún.
