Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, Mercedes Marcó del Pont, administradora federal de Ingresos Públicos y Martín Soria, ministro de Justicia ampliaron ayer la denuncia penal por el envío ilegal de material represivo a las fuerzas golpistas de Bolivia, en noviembre de 2019. Se extendió su imputación a Marcos Peña, exjefe de Gabinete, al excanciller Jorge Faurie y el exsecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo.
“Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando”, advirtió el Gobierno. “Lo hizo apoyado por los imputados en la presente causa, a quienes se agregan tres funcionarios cuya situación se agrava a partir de la nueva información aquí aportada”, dice la presentación respecto de Peña, Faurie y Pompeo.
Los denunciantes incorporaron al expediente los registros de ingreso a la Casa Rosada del 12 de noviembre de 2019, que “evidencian que la decisión de enviar material represivo a Bolivia para apoyar el golpe de Estado se tomó en la Casa Rosada”. Los registros dan cuenta que, horas antes de la partida del vuelo con el cargamento ilegal de armas y municiones con destino a Bolivia, Macri mantuvo dos reuniones trascendentales.
La primera coincide con un momento clave del contrabando. Según surge de las notas firmadas el 12 de noviembre por el gendarme Rubén Yavorsky, (uno de los imputados) el trámite para el envío de las 70.000 municiones y las más de 600 granadas contrabandeadas fue iniciado por Gendarmería a las 13:06 de ese día. En ese momento, Macri, Peña, Bullrich, el director de Gendarmería Gerardo Otero y su secretario privado estaban reunidos, junto a los directores de todas las fuerzas de seguridad, en el despacho de Peña.
La presencia de Otero, superior de Yavorsky, y de su secretario privado en ese cónclave en Casa Rosada acredita que la orden de enviar ese material fue tomada directamente por las máximas autoridades del Gobierno de Mauricio Macri.
Además, esa reunión, que tuvo lugar apenas 12 horas antes de que los gendarmes partieran rumbo a Bolivia en el Hércules C-130, tuvo otras particularidades: se llevó a cabo en el despacho de Peña, el único con acceso directo al despacho presidencial, y fue el primer ingreso de Otero a Casa Rosada en todo 2019, según la denuncia.
Pero hubo otro encuentro clave. Minutos antes de la reunión en Casa Rosada entre el director de Gendarmería y los ministros de Macri, el expresidente se reunió con Faurie. Este dato cobra relevancia, ya que Faurie, luego de esa reunión, intervino en la maniobra con un aporte fundamental: formalizar, a través de una nota oficial, la excusa utilizada para “encubrir la verdadera finalidad del material enviado, que era entregarlo a las fuerzas golpistas del vecino país”. Dice la denuncia que mediante esa nota, dirigida a Bullrich y Oscar Aguad, el excanciller “solicitó” el envío de gendarmes a Bolivia, con el supuesto fin de proteger la Embajada. La nota fue firmada el mismo 12 de noviembre, cuando el trámite para la salida de los gendarmes y del armamento ya había sido realizado el día anterior. “Sospechosamente”, Faurie evitó utilizar el sistema electrónico de comunicaciones oficiales (Gestión Documental Electrónica), obligatorio desde el 2016 (por la Resolución Nº 65/2016 del Ministerio de Modernización).
Para el Gobierno, con la inclusión del nuevo material probatorio, se demuestra que las más altas autoridades políticas -el Presidente, el jefe de Gabinete, el canciller y la ministra de Seguridad- sostuvieron encuentros con los funcionarios de menor rango que instrumentalizaron el contrabando ilegal, horas antes de que despegue el avión militar con el cargamento ilegal con destino a Bolivia. Respecto de Pompeo, se aportó documento que evidencia su intervención en el expediente por el cual Bullrich tramitó la salida del país de los gendarmes.
La denuncia la tiene delegada el fiscal del fuero Penal Económico Claudio, Navas Rial, pero está sumida en un conflicto por la competencia en relación al juzgado que debe intervenir. El juez Javier Lopez Biscayart se declaró incompetente y la pasó a su par Alejandro Catania, quien tenía una denuncia anterior. Pero este último consideró que la de Lopez Biscayart (donde está la presentación del Gobierno) estaba más avanzada y se la envió. Aún no hay una decisión final.
