Madres y padres de estudiantes que participan de tomas en escuelas secundarias recibieron ayer notificaciones en las que se les informó que esa acción infringe el artículo 60 del Código Contravencional porteño, lo que consideraron un acto de «criminalización de la protestas» que «persigue al que piensa distinto», según dijeron a Télam.
Lejos de convocar al diálogo, el Ejecutivo porteño eligió escalar el conflicto de la toma de escuelas. Desde la noche de este martes y durante la madrugada, móviles policiales empezaron un “timbreo” muy particular.
Las patrullas de la policía porteña llegaron hasta los domicilios particulares entre de padres del Mariano Acosta y el Lenguas Vivas (el “Lengüitas”), en algunos casos pidiendo información sobre horarios y datos personales; en otros, exigiendo la firma de una notificación extraña.
Uno de estos episodios fue grabado y quedó documentado mediante el audio adjunto a esta información, donde el oficial lee una confusa acusación a un padre del Lengüitas.
Repudio a las intimidaciones
Referentes políticos, sociales y de derechos humanos manifestaron su rechazo y preocupación por el accionar del gobierno porteño que este martes por la noche envió efectivos de la Policía de la Ciudad a las casas de las familias de los estudiantes que realizan tomas en escuelas públicas, para notificarlos que deberán pagar de $1,5 millón por cada día de toma.
La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, pidió que haya diálogo entre el Gobierno porteño y los estudiantes».
«Entre este miércoles y jueves saldrá un pedido de nuestro organismo convocando a las autoridades del Ministerio de Educación porteño, a los directivos y a los representantes de los centros de estudiantes para sentarnos a dialogar», aseguró Muiños, quien resaltó que el intento de diálogo es «una situación difícil».
«De hecho, la Defensoría hizo un operativo esta semana visitando colegios secundarios de gestión pública para ver el estado de la infraestructura y en algunos no nos permitieron ingresar argumentando que tenían una nota del Ministerio de Educación que lo prohibía», argumentó.
Además, Muiños sostuvo que «el Gobierno porteño considera que tanto la salud como la educación tienen que ser cogestionadas con el sector privado y que eso los exime de responsabilidad».
En tanto, el CELS alertó que las medidas del Ejecutivo local «cumplen con el rol de atemorizar y debilitar la organización de las protestas».
«La campaña del Gobierno de la Ciudad para amedrentar a estudiantes y familiares que participan en las tomas de las escuelas continuó ayer con policías en patrulleros que fueron a notificar a los jóvenes denunciados a las puertas de sus casas», expuso la organización en un hilo de Twitter.
Además enumeró las «medidas intimidatorias» del Gobierno porteño a lo largo de la semana.
«La primera fue amenazar en los medios de comunicación con hacerles denuncias penales a padres y madres de les alumnes», sostuvo, mientras otra de ellas fue el pedido a la Procuración General por parte de la ministra de Educación Soledad Acuña de exigir «que les padres y madres del colegio Mariano Acosta paguen un millón y medio de pesos diarios el tiempo que dure la toma».
En tanto, «les alumnes del Lenguas Vivas, Lorca y Liceo 5 denunciaron el martes que en las cercanías de las escuelas, policías les pidieron identificación e información sobre docentes y sobre lo que sucedía en las tomas», continuó la publicación.
«Aunque estas medidas no sean viables jurídicamente, cumplen con el rol de atemorizar y debilitar la organización de las protestas. Estas estrategias implican restringir derechos y legitimar la respuesta estatal violenta», concluyó.
Al respecto, el director del Área de Litigio y Defensa Legal del centro estudiantil, Diego Morales, dijo a Télam que le parecía «absolutamente inviable» que el gobierno porteño pueda tomar acciones legales contra los padres de los adolescentes, pero «este martes a la tarde nos enteramos que efectivamente se pasó al acto».
