Una ordenanza municipal de 2012 sería uno de los obstáculos que enfrenta el oficialismo castense para sancionar la Tasa de Mejoras de Pavimentación que impulsa el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). La legislación vigente declara de “interés público y pago obligatorio” de los frentistas las nuevas obras de asfaltado que se realicen en todo el ejido urbano, pero fija que el DEM para ejecutar el cobro de las obras previamente debe contar con el “consentimiento por parte de los frentistas”. Este último procedimiento no fue realizado por las autoridades municipales, al menos previo a la licitación y ejecución de la obra de pavimentación de 47 cuadras que financió la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
La mayoría del oficialista bloque de Juntos por el Cambio (JxC) sancionó en 15 días un presupuesto municipal de más de $ 5.100 millones, pero ahora dilata sancionar la Tasa de Mejoras de Pavimentación porque percibe el alto costo político y duda de la legalidad de la normativa.
En las consultas realizadas con los ediles locales, surgió que el proyecto “esta semana” volvió al DEM para que detalle algunos aspectos que “no estarían del todo claros”. Como se publicó, el proyecto –entre otros aspectos salientes- no establece la cantidad de cuotas que deberán abonar los frentistas, ni tampoco el mecanismo de actualización de las cuotas.
«Carambola complicada».
La implementación del cobro de la Tasa de Mejoras de Pavimentación no será tan fácil como se estimó inicialmente en el oficialismo castense, porque entre la ordenanza 35 de 2012 y la 13 de 2021 se produce “una carambola complicada”, como admitieron algunos ediles.
“Acá nadie se preocupó por hacer firmar el consentimiento a los vecinos, porque no se pensaba cobrar. La verdad es que esto surgió como una posibilidad de mejorar la recaudación ante la crisis económica y la paralización de la obra pública desde Nación”, admitieron fuentes consultadas.
La ordenanza de 2012, sancionada cuando la actualmente intendenta era concejala opositora, declara de “interés público y pago obligatorio” las obras de asfaltado que se realicen en todo el ejido urbano local. Y en el Artículo 2 se faculta al DEM para el cobro de las obras “en tiempo y plazo prudencial que crea conveniente a los frentistas, previo consentimiento por parte de los frentistas para la realización de la obra”. Y después determina que para el caso de personas de escasos recursos, previo estudio socio económico, y con la actuación del CD, se determinarán los plazos y/o excepciones.
Pero, la ordenanza 13/2021 autoriza al gobierno de La Pampa para ejecutar la obra de pavimentación, y la declara de “Interés General y Utilidad Pública”. En este caso, tampoco se advirtió la existencia de una ordenanza previa, y los concejales no incluyeron en el articulado que los trabajos financiados por el gobierno pampeano serían de pago obligatorio, como lo establece la normativa de 2012.
Proyecto.
La intendenta Mónica Curutchet envió al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza declarando de «utilidad pública y pago obligatorio» la obra de pavimentación que licitó, ejecutó y pagó el gobierno provincial. Ya había anticipado -en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante (CD)- que esta era una de las medidas que implementaría para alcanzar “una necesaria autonomía económica», porque «las políticas implementadas por los estados en este año serán de escasos recursos», y para los municipios serán «muy escaso los recursos públicos que no sean coparticipables».
En el proyecto de ordenanza se anticipa que «los obligados» comenzarán a pagar en el primer trimestre de 2025, que se subsidiará «el 50 por ciento del total del costo actual de la obra», y los fondos recaudados
en la Cuenta Especial «serán destinados, en forma exclusiva, a la compra de materiales, equipamientos y pago de certificados de obras de pavimentación, repavimentación, cordón cuneta, badenes y obras complementarias».
