Un empleado judicial robó dinero de dos expedientes de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y quedó detenido. Los paquetes debían ser entregados a sus dueños, pero cuando uno de ellos fue a retirarlo no lo encontraron. El hombre denunció el faltante y el Ministerio Público Fiscal (MPF) inició una causa de oficio. Las cajas rotuladas y algo de dinero fueron encontradas en la casa del empleado, quien ahora afronta una causa por hurto, defraudación especial o delito contra la administración pública.
El imputado es Leonardo Alexis Isequilla, quien desde hace años es empleado de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad en Santa Rosa y tiene legajos asignados, publicó el diario La Arena. “Durante esta semana, llegaron informes de dos fiscales por el faltante o extravío de dos paquetes que estaban reservados en cajas de seguridad”, explicó el fiscal general Máximo Paulucci quien interviene en la causa.
Aclaró que los paquetes eran de dos expedientes distintos -uno pertenecía al fiscal Facundo Bon Dergham y el otro a la fiscal Leticia Pordomingo- y que se encontraban en una caja fuerte porque debían entregarlos la semana que pasó.
“Una de las personas se presentó en la Fiscalía para retirarlo y la otra debía hacerlo el jueves. Por el faltante, se me pone en conocimiento; mientras que la persona damnificada realizaba la denuncia, ordené que se inicie la investigación en la Unidad de Atención Primaria”, desarrolló.
A su vez, se informó de lo sucedido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) porque la persona sospechada resultó ser quien se había llevado el dinero.
Firmó el libro.
Rápidamente se pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad y el análisis genético. También se secuestró el libro de actas de Mesa de Entrada para saber quién se llevó los paquetes. Para poder hacerse del dinero, engañó al personal al decir que los paquetes habían sido solicitados por los fiscales. “Consignó que era para entregarlo a estas personas, lo que no sucedió y no se le había dado esa orden”, aclaró Paulucci.
A partir de ello, el viernes se pidió la requisa del lugar de trabajo de Isequilla y el allanamiento del domicilio, ubicado en avenida Circunvalación Sur al 400. Luego de la orden del juez Carlos Chapalcaz, la Brigada de Investigaciones, con testigos civiles, realizó los procedimientos y “la prueba más comprometedora es que los paquetes que contenían ese dinero y otros elementos fueron encontrados en la casa”.
“Ahora ya tenemos la certeza de que esos paquetes que habían desaparecido, en realidad habían sido sustraídos y se los apropió a través de un engaño”, manifestó el fiscal y detalló que los paquetes que encontraron en la casa estaban rotulados con el número de legajo.
Sin embargo, no hallaron todo el dinero robado: una de las cajas tenía 800 dólares y pesos chilenos -los cuales sí estaban en el domicilio-, otro obtenía 1.100 dólares y el tercero 1.100.000 de pesos aproximadamente.
Con el resultado positivo del allanamiento, se dispuso la detención de Isequilla y ayer se realizó la audiencia de formalización con el fiscal general Máximo Paulucci, el defensor Rodrigo Villa y el juez Carlos Chapalcaz, quien ordenó los 60 días de prisión preventiva y la apertura del celular.
La Fiscalía planteó que el accionar del empleado judicial puede encasillarse en varios delitos: hurto, defraudación especial por haber cercenado un expediente penal o delito contra la administración publica. La investigación penal puede resolverse con un juicio abreviado o un juicio oral con condena o absolución, con una pena mínima de un mes de prisión y una máxima de seis años.
Por su parte, la FIA determinará la situación del empleado: si debe ser echado, sancionado o exonerado.
