El gobierno nacional está en crisis, y lo que ocurrió la semana pasada fue una trompada demoledora. No solo sufrió un duro revés institucional con el Congreso que le votó en contra todo lo que pudo, sino que también se destapó el escándalo de las coimas en la Agencia de Discapacidad que involucra a la hermana del presidente y al apellido Menem.
El consultor Mario Riorda habla de la policrisis que atraviesa actualmente el gobierno. Una crisis de tres patas: la decepción con la gestión, la evidencia de conductas de corrupción y la lisa y llana mala gestión. Y en materia de corrupción se expande porque el capítulo de la ANDIS y Spagnuolo es uno más de la serie de Libra y otros casos -recientemente las muertes por fentanilo contaminado (terrible)- que nunca fueron contestados por los mileistas. La falta de muñeca del gobierno para responder y el silencio atronador de la trolera ultraderechista marca la dureza de la crisis.
El golpe a la narrativa libertaria es aún más fuerte porque su gobierno está haciendo lo mismo de lo que siempre se quejó del peronismo, y que dijeron llegaban al poder para desterrarlo. Llegó el momento de la verdad, y están haciendo agua. Como indica el maestro Miguel Mateos, «hoy te convocan a la plaza / y mañana te la dan», y ahora como tantos otros gobierno le tocó a los libertarios mostrarse tal cual son.
Y ahora vamos a hacer el enganche de esa narrativa golpeada con la política pampeana. También por estos días la oposición pampeana libertaria y sus aliados, esos sectores que buscan abrazarse al destino mileista, también van dejando la piel cada vez que se exponen y mostrando sus limitaciones.
Tres hechos recientes son prueba de ello: el freno a la licitación del área El Medanito, la «nueva casta» que empiezan a conformar los libertarios y aliados, y la polémica en torno a los gastos reservados en la Legislatura.
El primer punto es, sin dudas, el más grave por sus consecuencias económicas y sociales. La demora en la aprobación legislativa de la licitación de El Medanito no responde a objeciones técnicas ni a denuncias concretas, sino a una intencionalidad política de la oposición. El radicalismo y el PRO, con distintos argumentos y sospechas que nunca se transforman en pruebas o denuncias en la justicia, buscan bloquear un acuerdo clave para la provincia. No es un simple debate legislativo: es un misil directo a la gobernabilidad. Al frenar recursos estratégicos, se intenta golpear económicamente al gobierno peronista, aunque eso implique poner de rodillas a 25 de Mayo, localidad que ya sufre las consecuencias de la parálisis.
La movilización de más de 2.000 trabajadores petroleros en Santa Rosa durante la última sesión en Diputados fue la expresión más clara de un conflicto que excede los pasillos parlamentarios y golpea de lleno a la vida cotidiana. En paralelo, resulta llamativo ver a legisladores del radicalismo y del Pro sobreactuar pidiendo seguridad y llamando a fuerzas federales o agitando que se sienten amenazados dentro del recinto por el ruido de petardos, cuando son ellos mismos quienes alimentan el malestar que lleva a la gente a manifestarse.
El segundo hecho que desnuda la contradicción política opositora es la lista libertaria para las elecciones legislativas de octubre. La prédica contra la «casta» se desmorona cuando se observan los nombres: todos vinculados al bolsillo del Estado con cargos. Y el que encabeza, Adrián Ravier, no se salva porque es directivo pago de la usina de la ultraderecha Fundación Faro. En la lista tenemos a Martín Matzkin, funcionario en el Ministerio de Seguridad de la Nación, operador histórico en el peronismo y el Pro; Juan Pablo Patterer, jefe de ANSES en General Pico; y Sofía Mascaró, al frente del PAMI en Pico. Todos con cargos oficiales de la Nación en la provincia, todos integrados en el Estado que supuestamente venían a combatir. Y no es un caso aislado: lo mismo ocurre con la referente del PRO, como Adriana García, hoy secretaria del Concejo Deliberante en Pico. La distancia entre el discurso y la práctica se vuelve obscena: en definitiva, la nueva casta ya está en formación, pero con sello libertario.
El tercer capítulo es la polémica por los gastos reservados de los diputados provinciales. Una cuestión histórica que surge cada tanto tiempo y siempre queda en la nada. Aquí lo que se expuso no fue tanto el sistema en sí, que siempre existió y que forma parte del recibo de sueldo de los diputados, ni tal vez su uso porque son para gastos discrecionales. Sino la falta de conocimiento y de coherencia de quienes instalaron el tema. La legisladora Celeste Rivas, del Pro, fue quien, en una entrevista periodística junto a Noelia Viara, terminó hablando más de la cuenta y dejando al descubierto -gracias a las preguntas filosas de un periodista con conocimiento de la política-, aquello que muchos prefieren callar. El problema no es la existencia de esos fondos, sino la hipocresía de quienes los critican en público y los utilizan en privado. Una doble vara que no resiste análisis, porque son los mismos dirigentes que se benefician de los gastos reservados quienes después se muestran indignados en los medios.
Tres casos distintos, pero unidos por un hilo conductor: la construcción de un relato opositor en La Pampa choca con sus propias deficiencias y con la realidad. Por el lado libertario, quienes se proclaman defensores de la transparencia o enemigos de la «casta», terminan atrapados en sus propias contradicciones.
(*) Por Norberto G. Asquini (periodista)
