El “Proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes», nombre institucional del paquete fiscal, nos lleva a poner blanco sobre negro acerca de cuáles son las verdaderas implicancias para las finanzas provinciales.
Su eventual sanción en la Cámara de Diputados esta semana, impactará negativamente en el federalismo, más allá del rebuscado encuadre constitucional que quieran darle para justificar que el rechazo del Senado no fue definitivo.
En reiteradas ocasiones se señala en medios periodísticos y en despachos de Casa Rosada que “el paquete fiscal beneficia a las provincias”. Viendo los datos que integran este texto, surge que se trata de una falacia que se difunde buscando confusión o pretendiendo instalar un nuevo relato.
Quizá se cometa el error de sumar peras con manzanas. En ese caso, sería un error gravísimo desde el impacto presupuestario permanente que este proyecto genera. Por ello, nos centraremos en analizar el impacto utilizando datos suministrados por la Oficina de Presupuesto del Congreso -OPC-, que ha elaborado diversos informes al respecto.
Nos centraremos en los cambios que implican modificaciones permanentes en la estructura tributaria, especialmente los efectos de incrementar recursos vía Impuesto a las Ganancias y disminuir fuertemente las alícuotas del tributo a los Bienes Personales. Por otro lado, los impactos “por única vez”, como el blanqueo de capitales, que ameritan un análisis distinto. Así, casi que puede circunscribirse al manejo de un “stock” de recursos versus otro tipo de acumulados.
Así, siguiendo los valores suministrados por la OPC, manteniendo su criterio para el PBI nominal, el siguiente impacto intertemporal, expresado en millones de pesos, en la recaudación total (Nación y provincias):
Antes de efectuar cualquier consideración, aclaramos que solamente efectuamos un prorrateo de los impactos en 2024 del Impuesto a las Ganancias y del Monotributo, y consideramos un criterio de agotamiento del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.
Más allá de la aberrante cuestión distributiva que señalamos, del cuadro también surge que en una gestión de gobierno las provincias pierden recursos por casi 5 billones de pesos. Si el objetivo es destruir el Estado desfinanciándolo, pareciera que vamos en el camino correcto.
Pero para consolidar esta hipótesis, veamos la pérdida que se consolida como estructural a partir de 2028 inclusive: 1.6 billones de pesos menos por año, un 0.27% del PBI de baja en la presión tributaria global de carácter permanente, pero con una disminución en la carga fiscal patrimonial de 0.61% y un incremento del 0.35% en la carga fiscal que sufren los trabajadores y monotributistas.
La pérdida de recursos es notoria y sistemática, y es afrontada en hasta un 85% por las jurisdicciones provinciales, dejando una pérdida permanente de recursos de más de un billón de pesos por año. En el siguiente cuadro se expresa el impacto en la recaudación solo de las provincias:
Por supuesto que resulta insoslayable hacer mención al golpe al consumo que significa bajar el poder adquisitivo del salario, al sumar más de 1 millón de nuevos alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
Un nuevo golpe al federalismo fiscal
Pareciera que no alcanza con la ilegal apropiación de las transferencias no automáticas a las provincias, simuladas burdamente a través del relato mentiroso de que “se tratan de recursos discrecionales…” Otra mentira: lo único discrecional con que cuenta el Presidente son los recursos propios del Estado Nacional. No puede violar la ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Pareciera que se soslaya que, al momento de la vigencia en 1988 del actual sistema federal de reparto, los estados provinciales recibían el 58 % de los recursos coparticipables. Hoy ese porcentaje, lo recibe el Estado Nacional, en una franca involución del federalismo.
Sin dudas que es necesario discutir un nuevo esquema de coparticipación. Y sólo estará a la altura de la impronta federal que la Constitución Nacional le da al sistema político argentino si las provincias vuelven a tener lo que perdieron.
Son las provincias que, en su enorme mayoría, prestan los servicios públicos básicos del Estado. La salud, la educación, la seguridad y la justicia son responsabilidad, mayoritariamente, de las provincias, en caso conjuntamente con los municipios.
Desde esa necesidad, el primer paso es rechazar el paquete fiscal.
(*) Guido Alberto Bisterfeld (ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de La Pampa) – Diario Ámbito
