El presidente de la Comisión de Fomento de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, quedó al borde de una condena por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En los últimos días, la Sala “B” del Tribunal de Impugnación Penal, le rechazó un recurso y confirmó una sentencia anterior. Le queda una alternativa de apelación. También tiene pendiente una causa por «peculado», donde pesa un pedido de condena de dos años de prisión.
A mediados de enero de 2024, el fiscal general Armando Agüero, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia con asiento en General Pico, durante un juicio oral, pidió que se condene al titular de la Comisión de Fomento de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, por el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» al pago de una multa de 5.000 pesos y que se lo inhabilite para ejercer cargos públicos por dos años, publicó el diario La Arena.
La fiscalía le imputó a Martínez haber tomado un préstamo por 2,6 millones de pesos para construir un salón de usos múltiples, y haber pagado con un cheque posdatado del municipio que al momento del cobro fue rechazado.
Según argumentó la Fiscalía durante el juicio que se llevó a cabo en febrero del 2024 en los Tribunales de General Pico, el jefe comunal, a modo de garantizar la devolución del préstamo, entregó un cheque de la comuna. Sin embargo, a la fecha de cobro el cheque fue rechazado, porque tenía la firma de la tesorera y para ese momento había renunciado a su función.
El fiscal Agüero dijo oportunamente que Martínez, para la construcción del SUM de la comisión de fomento, le pidió prestada la plata a cuatro futbolistas, y que se trató de un acuerdo entre privados, que involucró a una sociedad («La Yolanda») de la que es parte Martínez, y en el que se obligó a pagar a la Comisión de Fomento.
Impugnación de Fiscalía.
Tras la acusación del MPF, el caso fue a juicio oral en febrero de 2024, donde el juez de audiencia, Marcelo Pagano absolvió a Martínez. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal insistieron a través de un recurso ante la Sala “A” del Tribunal de Impugnación Penal, que el 21 de mayo de 2024, por medio de una sentencia firmada por los jueces Gabriel Lauce Tedín y María Eugenia Schijvarger hicieron lugar al recurso de impugnación.
Los magistrados, en una sentencia de mayo de 2024, revocaron la absolución inicial de Martínez dictada por el juez Pagano. En su fallo, la Sala “A” condenó a Martínez como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en dos hechos, en concurso real. El tribunal impuso una pena de $5.000 de multa y dos meses de inhabilitación especial para ejercer el cargo de presidente de la Comisión de Fomento de Loventuel.
Recurso de Martínez.
Ante este fallo condenatorio, la defensa de Martínez también fue ante el Tribunal de Impugnación Penal. Esta vez el caso cayó en La Sala “B” del Tribunal de Impugnación Penal, integrada por los jueces Mauricio Piombi y Filinto Rebechi. Este estamento judicial, días atrás, resolvió “rechazar el recurso de impugnación interpuesto por la defensa de Oscar Hugo Martínez, y confirmó su condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Desde la Fiscalía de Victorica, aseguraron que “con esta resolución, Oscar Hugo Martínez deberá cumplir con la pena impuesta, quedando inhabilitado temporalmente para ejercer su cargo en la Comisión de Fomento de Loventuel. Aunque cabe destacar, puede recurrir a la apelación”.
Otra condena por peculado.
En diciembre de 2021, un tribunal piquense ya había condenado a Martínez por los delitos de Peculado y Uso de documento privado falso en concurso ideal, en 140 hechos, a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
En esa oportunidad, la Justicia piquense acreditó que el imputado, entre mayo de 2016 y noviembre de 2017, presentó rendiciones de cuentas de los gastos realizados por la Comisión de Fomento, ante el Tribunal de Cuentas de La Pampa.
En el control de los gastos se encontraron facturas apócrifas que fueron usadas para justificar el libramiento de cheques al portador, contrariando la normativa vigente que establece que los cheques deben ser librados «cruzados» y «no a la orden». A esta maniobra, Martínez la realizó en 140 oportunidades pudiendo sustraer la suma de 5.549.023 de pesos de la administración pública, incumpliendo con dicha responsabilidad funcional al burlar la correcta administración del erario público.
Según explicaron los jueces en el fallo, en la mayoría de los casos se utilizaban nombres personales, domicilios y datos fiscales para confeccionar talonarios de facturas que llevaban un nombre comercial falso.
La investigación llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas primero, y por el Ministerio Público Fiscal (MPF) después arrojó que fueron 15 personas las que desconocieron las facturas presuntamente confeccionadas por ellos. El Tribunal tuvo en cuenta como circunstancias agravantes, «la cantidad de hechos y el elevado monto de la suma sustraída, 5.549.023 de pesos. Sin embargo, este fallo que data de diciembre de 2021, no puede tomarse como antecedente condenatorio, dado que aún no está firme.
