La sentencia fue dictada este jueves por el juez de audiencia Carlos Nicolás Pellegrino y la investigación estuvo a cargo del fiscal Matías Juan.
El juez de audiencia Carlos Nicolás Pellegrino condenó -este jueves- a dos efectivos de la policía provincial, Alfredo Reinaldo Agüero y José Gabriel Paulino Martínez, por el delito de cohecho cometido en el puesto caminero de Chamaicó. Ambos recibieron la pena de un año de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones policiales, publicó Infopico.
La investigación, que estuvo a cargo del fiscal Matías Juan, acreditó que el hecho ocurrió el 16 de febrero de 2024 alrededor de las 19.30 horas, cuando José Luis Ayala, un trabajador de sonido oriundo de Realicó, se dirigía en colectivo hacia Buena Esperanza (San Luis) para cumplir con un compromiso laboral. Al ser detenido en el puesto caminero, los efectivos policiales -identificados posteriormente como Agüero y Paulino- le informaron que tenía vencida la RTO y que debía pagar una multa de 658.000 pesos.
Sin embargo, el procedimiento tomó otro rumbo. Según la investigación, Agüero le insinuó que podían “arreglar” por un monto menor. Ayala propuso 200.000 pesos, aunque aclaró que no tenía efectivo y que su pareja haría una transferencia. Paulino, por su parte, le envió un CBU de su cuenta bancaria personal, lo que permitió que Ayala siguiera su camino.
Ya en destino, Ayala volvió a comunicarse con Paulino por WhatsApp, quien le confirmó que el monto era de 250.000 pesos y le aseguró que podría “pasar cuantas veces quisiera” por el puesto sin problemas. En los días siguientes, hubo mensajes entre ambos imputados preguntando si se había realizado la transferencia, lo que reforzó la hipótesis de una maniobra acordada y consciente entre los dos uniformados.
RESPONSABILIDADES Y ROLES
Durante el juicio, ambos acusados intentaron deslindar responsabilidades e inculparse mutuamente, pero el juez consideró que las pruebas eran contundentes. Señaló que existió acuerdo de voluntades y reparto de roles, donde uno fingía labrar la multa mientras el otro negociaba el “arreglo”, dejando en claro la intención de obtener un beneficio económico indebido.
Como parte de la condena, Agüero y Paulino deberán fijar domicilio y no ausentarse sin autorización por el plazo de dos años, en cumplimiento con las reglas de conducta impuestas por el Código Penal.
El fallo enfatizó que este tipo de delitos afectan directamente al funcionamiento de la administración pública, y citó al jurista Edgardo Donna: “La motivación lucrativa que persigue el agente contradice necesariamente el buen desempeño de las funciones a su cargo, perjudicando al Estado como legítimo depositario de la administración pública”.
Con esta resolución, la Justicia dio por cerrada una causa que evidenció el abuso de poder y la corrupción dentro de una fuerza encargada, justamente, de velar por el cumplimiento de la ley.
