Los jueces de control santarroseños formalizaron a otras 32 personas por incumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y les impusieron la prisión preventiva bajo el régimen de arresto obligatorio. En un caso, el imputado ya tenía ordenado el arresto, fue encontrado nuevamente en la vía público y quedó detenido.
De ese total, solamente dos fueron mujeres y el 50 por ciento de los formalizados se trató de jóvenes de entre 18 y 20 años. Además, en las últimas 72 horas, hubo otras tres audiencias: un hombre resultó imputado de crueldad contra animales; otro por amenazas, resistencias a la autoridad y lesiones a raíz de un conflicto vecinal; y un tercero por abigeato.
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El caso de quien terminó preso lo protagonizó Marcos Antonio Sebastián Chaves, de 45 años, luego de ser encontrado en Buenos Aires y Tomas Mason, frente al domicilio de una expareja y pese, además, a tener vigente una orden de restricción de acercamiento.
La fiscala Leticia Pordomingo, después que la policía volviera a aprehenderlo en la vía pública, circulando sin ninguna justificación, y a sabiendas que había sido formalizado por quebrantar la cuarentena y debía permanecer en su hogar bajo arresto domiciliario, le solicitó al juez de control, Néstor Daniel Ralli, que le dictara la prisión de cumplimiento efectivo. El magistrado le concedió ese requerimiento. En las dos ocasiones anteriores, Chaves había sido apresado en Brasil y Valerga y en Pasaje Los Olivillos y Pasaje Algarrobo.
Pordomingo consideró que el infractor «desoyó deliberadamente la obligación de aislamiento social, ya que advertido por la Policía en la primer actuación que se labró en su contra, reiteró su conducta en dos oportunidades más, y por tercera vez no solo tampoco lo acató; sino que tampoco cumplió el arresto domiciliario que le había sido impuesto por el Juez de control interviniente».
También en Castex y Toay.
Las audiencias de formalización por violar el artículo 205 del Código Penal –y en algunos casos también el 239– fueron 31 y todas realizadas por el juez de control, Néstor Daniel Ralli; excepto una que estuvo a cargo de su colega Carlos Ordas. ¿Dónde ocurrieron los incumplimientos? En Santa Rosa 27, en Eduardo Castex dos y en Toay otros dos.
A su vez, entre los fiscales, Leticia Pordomingo intervino en 17 audiencias, Verónica Ferrero y Walter Martos y Cecilia Martiní en tres cada uno, Andrés Torino en dos y Oscar Cazenave, Cristian Casais y Facundo Bon Dergham en una cada uno. En una de las de Castex también tomó parte Sebastián Mendiara. Por el lado de los defensores, Juan José Hermúa participó en 23 audiencias y Paula Arrigone en ocho.
Excepto en el caso de Chaves, las personas formalizadas lo fueron porque, luego de una advertencia, quebrantaron la cuarentena por segunda vez. Con respecto a los pedidos de prisión preventiva por parte de los fiscales, Ralli entendió que por tratarse de reincidentes se configuró el peligro de obstaculización –uno de los dos motivos por lo que una persona pueda estar detenida mientras es investigada–; aunque añadió que ese peligro «podría evitarse mediante la aplicación de una medida de coerción menos gravosa, como lo es el arresto domiciliario».
En cuanto a las edades de los imputados, la mitad fueron jóvenes de 18 a 20 años (16), otros doce tienen entre 21 y 30 años y el resto se los seis formalizados tienen más de 30 años. Chaves, con 45, fue el de mayor edad. Después hubo otros dos de 36.
El artículo 205, por el que fueron formalizados, sanciona al que viole «las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia»; en tanto que 239 –por el que algunos serán investigados– penaliza a quien «resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones».
Finalmente, cabe indicar que en las últimas horas hubo una reunión virtual entre el personal de la Oficina Judicial, fiscales y defensores para seguir coordinando las audiencias por vía de videollamadas.
