Desde hace casi un año, cuando en La Pampa se detectó el primer caso de coronavirus, no hubo ningún contagio en el ámbito laboral del Poder Judicial. «Ese logro fue el resultado del esfuerzo que hicieron todos, empleados, magistrados y funcionarios», destacó el director general de Administración, Diego Ezequiel Aguirre.
Ello significa que ninguno de ellos –entre aquellos que se contagiaron– tuvo como nexo epidemiológico su lugar de trabajo. Y se consiguió, remarcó Aguirre, sin que la Justicia provincial se haya paralizado; por el contrario, no solo que continuó trabajando –con las particularidades propias de la epidemia–, sino que además a mediados de 2020 alcanzó la digitalización absoluta en los fueros civil y comercial; de minería; laboral; de ejecución, concursos y quiebras; de familia, niñas, niños y adolescentes; y contencioso administrativo, a través del a través del Sistema Informático de Gestión de Expedientes (SIGE).
Tanto el SIGE como el Sistema de Gestión de Legajos Penales (Sigelp), que funciona a pleno desde fines de 2018, fueron creadores por desarrolladores propios de la Secretaría de Sistemas y Organización.
Los dichos del director general se conocieron durante una charla informativa, vía Zoom, sobre «Medidas de prevención del Covid-19 en el ámbito de trabajo», que estuvo a cargo de la médica de reconocimiento, Soledad Iglesias, y del responsable de la Oficina de Seguridad e Higiene, Lucas Gómez Castagnino.
De la disertación participaron alrededor de medio centenar de magistrados y funcionarios de las cuatro circunscripciones judiciales en que está dividida la provincia; entre ellos, el propio presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía.
Aguirre, Iglesias y Gómez Castagnino estuvieron acompañados por la subdirectora de Administración, Marcia Catinari.
Durante la charla se instó a los asistentes a cumplir estrictamente con los protocolos sanitarios, como vino ocurriendo hasta ahora. También se hizo hincapié en el compromiso, la solidaridad y la responsabilidad social que mostró el personal tanto en la fase uno de aislamiento social, preventivo y obligatorio; como en la fase 2 de aislamiento social, preventivo y voluntario.
Iglesias, al hablar, hizo un resumen de las medidas adoptadas desde el inicio de la pandemia –incluyendo la aplicación de la vacuna antigripal al personal con enfermedades preexistentes y a los mayores de 60 años, algo que continuará realizándose en 2021– e insistió con que las medidas de prevención más eficientes son las más comunes (distanciamiento social, lavado de manos y uso de tapabocas).
Gómez Castagnino reforzó esa idea al solicitarles a los magistrados y funcionarios que no solo apliquen ellos los protocolos, sino que también controlen y exijan que los demás los cumplan; aludiendo a empleados, abogados y todas las personas que asisten a las oficinas judiciales.
Medidas preventivas.
Durante las disertaciones se resaltó que los protocolos aprobados el año pasado por el STJ apuntaron a «reducir al máximo posible la circulación de personas» y a «cuidar la salud del personal judicial y de las personas que concurren a los tribunales». Por eso se eximió de la presencialidad a los mayores de 60 años, las embarazas, los grupos de riesgo y madres y padres a cargo de niños.
En ese contexto, entre otras novedades, se ideó un sistema de atención al público (abogados, procuradores, auxiliares de justicia y público en general) a través de la asignación de turnos vía on line –una modalidad que se mantiene vigente–; pero manteniendo el horario habitual.
Además, en todos los edificios judiciales, excepto en el Centro Judicial de Santa Rosa, se dispuso que exista una única entrada para ordenar la circulación del público y por razones de seguridad y salubridad. Paralelamente, a los titulares de cada organismo se les otorgaron facultades para armar grupos de trabajo rotativos, respetando a quienes efectúan teletrabajo que lo hagan en igualdad de condiciones que los que trabajan presencialmente (cúmulo de asignación de tareas y horarios).
Otras medidas que coadyuvaron para impedir contagios dentro del Poder Judicial fue la autorización del STJ para que las audiencias en el fuero penal y en las Oficinas de Mediación y la atención de casos de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica sean presenciales, semipresenciales o remotas; y el traslado innecesario de detenidos desde las cárceles y comisarías.
