El Fondo Monetario Internacional (FMI) investigará el millonario préstamo de casi u$s 45 mil millones aprobados al Gobierno del expresidente Mauricio Macri, por medio de su Oficina de Evaluación Independiente (IEO por sus siglas en inglés) que describió al crédito argentino como uno de los «casos de acceso excepcional» y «particularmente difícil».
La investigación será llevada a cabo por un grupo de especialistas liderados por el economista noruego Odd Perr Brekk y que tiene como premisa evaluar las decisiones tomadas por el directorio así como también el rol desempeñado en negociaciones con una determinada nación.
“La OEI se ha establecido para realizar sistemáticamente evaluaciones objetivas e independientes sobre cuestiones, y sobre la base de criterios, pertinentes para el mandato del Fondo», detalla en su página web oficial y agrega que: «Su objetivo es servir como un medio para mejorar la cultura de aprendizaje dentro del Fondo, fortalecer su credibilidad externa y respaldar las responsabilidades de supervisión y gobernanza institucional de la Junta Ejecutiva”.
El pasado 19 de enero elaboró un informe compuesto de nueve puntos sobre los posibles temas a ser tratados para la gestión 2021-2022.
Entre estas propuestas a evaluar recuerda que la “política de acceso excepcional” a crédito comenzó en 2002 con la finalidad de “proveer un marco para guiar las decisiones de otorgar préstamos a países miembros por montos que exceden a los límites normales, para cubrir desajustes particularmente grandes en la balanza de pagos».
Bajo ese «marco guía» se definen cuatro criterios para fundamentar los motivos por los cuales un país puede acceder al financiamiento.
Uno de ellos indica que la deuda externa del país miembro pueda ser sustentable a largo plazo, lo que, contrariamente a lo decidido por la gestión de Christine Lagarde, fue desestimado por el propio Fondo en febrero del año pasado al considerar que «la deuda argentina no es sostenible».
“Desde 2016, ha habido tres casos de acceso excepcional: el Acuerdo Stand-By (SBA) de 2018 con Argentina, así como los acuerdos con Ecuador y Egipto en 2020 para ayudar a abordar los desafíos de la pandemia COVID-19″, subraya la Oficina en su documento.
Frente a esto, plantea realizar un informe específico “centrado en un caso particularmente difícil, Argentina” a fin de observar “en qué medida la política de acceso excepcional ha podido cumplir su objetivo de aplicar condiciones más estrictas para los préstamos del Fondo que las que se aplicarían en los casos de acceso más normal para tomar en cuenta los riesgos adicionales involucrados”.
