El Gobierno nacional formalizó hoy la creación de un registro para la inscripción de exportaciones de carnes y productos derivados con el que, bajo la modalidad de declaración jurada, procura evitar posibles desequilibrios en el abastecimiento, precio y calidad del producto, así como irregularidades en los despachos al exterior.
Así lo hizo a través de la resolución conjunta 3/2021 de los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo publicada hoy en el Boletín Oficial.
La resolución indicó que el registro mediante la Declaración Jurada de Exportaciones de Carnes (DJEC) tiene por objetivo evitar posibles desequilibrios en el mercado interno de la carne en condiciones de abastecimiento, precio y calidad; así como también transparentar las operaciones de venta de carne al exterior, evitar subfacturaciones y triangulaciones con países vecinos.
Alcanza a todos los tipos de carne del mercado interno
Los productos cárnicos a exportar alcanzados por la DJEC son la carne fresca, refrigerada o congelada de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, equina y gallos domésticos (avícola).
Entre los considerandos de la norma, las carteras nacionales entendieron necesario «un sistema de registración de ventas al exterior que permita establecer políticas públicas tendientes a evitar posibles desequilibrios en el mercado interno de la carne en condiciones de abastecimiento, precio y calidad».
«La medida propenderá a un ordenamiento de la actividad exportadora de la carne y sus subproductos, facilitando un control más eficaz del sector y la recepción de información oportuna y sistematizada para la ejecución de políticas públicas destinadas a la promoción de las exportaciones y, al mismo tiempo, el debido abastecimiento de la demanda interna», agregó el escrito.
El mismo registro aplicado a la exportación de granos
La autoridad de aplicación de esta resolución será la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que mantendrá un permanente intercambio de información con la Secretaría de Comercio Interior.
Entre sus facultades, deberá determinar el procedimiento y el plazo de vigencia de la DJEC, dictará las normas complementarias para una adecuada implementación de la medida y dictará las normas aclaratorias que sean necesarias.
Relevamiento de precios
Mediante una Comisión Mixta de Seguimiento, que estará integrada por la Secretaría de Comercio Interior, la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios y la AFIP, se relevarán y propondrán los precios mínimos de referencia para las exportaciones.
De la misma manera se evaluará periódicamente la evolución de los precios mínimos, mientras que una Comisión Fiscalizadora, de la que participará el Banco Central (BCRA), evaluará, entre otras cosas, el correcto ingreso de divisas al país.
Esta norma se sumó a la oficializada ayer en la resolución 60/2021 por la cartera agropecuaria, en la cual se fijaron nuevos requisitos para las exportaciones de granos, carnes y productos lácteos, que modifica el Reglamento para la Inscripción en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA).
Evitar las subas en los alimentos
La normativa indicó que, en el caso de los tres sectores agroindustriales, para poder exportar los interesados deberán informar detalle de cuentas bancarias con las que opera, movimientos bancarios de los últimos seis meses y exhibir un plan de trabajo proyectado para el próximo año, con detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos, entre los principales puntos.
Ambas medidas se enmarcan en una batería de iniciativas para contener la suba de los precios de diferentes productos, en especial de los alimentos, tras conocerse el índice inflacionario de marzo, que alcanzó el 4,8%.
Estas resoluciones fueron criticadas por la Mesa de Enlace y por otras asociaciones del sector rural.
Productores en desacuerdo
En el primer caso, la entente conformada por la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coningaro, las consideró como la «reinstauración de mecanismos de probada ineficacia como el registro de exportaciones, que dan lugar a la arbitrariedad manifiesta de las decisiones gubernamentales».
«Ambas medidas se suman a otras políticas implementadas anteriormente en forma inconsulta, perjudicando siempre al productor que necesita incentivos promocionales para seguir produciendo bienes y colocarlos en el mercado interno y externo», indicaron en un escrito.
A partir de esto, advirtieron que «esta situación nos pone en estado de alerta y abre un tiempo de consulta con nuestras bases, porque rompe con la promesa de diálogo que hicieron las autoridades y demuestra un altísimo desinterés en los productores y en el sector».
