La Justicia jujeña dictó hoy una medida cautelar en favor de la Comunidad Aborigen Normenta Pacha, ubicada en el departamento jujeño de Ledesma, quienes en defensa del territorio denunciaron que supuestos propietarios pretendían el desalojo de los comuneros.
Los integrantes del colectivo indígena denunciaron días atrás que las personas identificadas como Mario Rojo, Marina Telles y Arturo Giménez, “intentan usurpar territorio comunitario para desarrollar emprendimiento inmobiliario y turístico”.
La comunidad aborigen Normenta Pacha está ubicada a 40 kilómetros de Libertador General San Martín, en el departamento Ledesma, y actualmente viven en ese territorio unas 53 familias.
En ese marco los comuneros se presentaron ante funcionarios del Ministerio Público de la Acusación para solicitar la aplicación de ley que suspende desalojos y se lleve a cabo el protocolo de intervención en Comunidades Indígenas preexistentes, requerimiento al que accedió la fiscalía, indicaron los voceros del colectivo.
Asimismo, durante la jornada de hoy el representante legal de la comunidad, Franco Aguilar, informó que el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de San Pedro de Jujuy, a cargo del juez Matías Nieto, dictó una medida cautelar de prohibición de innovar a favor del colectivo originario.
Sobre ese punto, la resolución ordena a Rojo, Telles y Giménez, “abstenerse de realizar y/o efectuar actos de cualquier índole que implique modificación o alteración de la situación de hecho o derecho en relación al inmueble en conflicto”.
Los comuneros reclamaron que los terratenientes “intentan despojarlos”, a pesar que son poseedores ancestrales del territorio, y aseguraron que cuentan con personería jurídica y con la carpeta técnica con resolución en el marco de ley nacional 26160.
En ese sentido recordaron que días atrás los supuestos propietarios de los terrenos en conflicto «amenazaron a través de sus empleados, intentaron alambrar parte del territorio comunitario para avanzar en negocio inmobiliario que prevé la construcción de cabañas en el marco de un proyecto turístico”.
Debido a las intimidaciones recibidas, los comuneros responsabilizaron «por cualquier daño físico y acto de violencia contra los miembros de la comunidad» a quienes pretendían el desalojo.
El reclamo de la comunidad aborigen contó con el apoyo de los organismos del Estado como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Secretaría de Pueblos Indígenas provincial que intervinieron ante la justicia.
