La Cámara Federal porteña ordenó hoy el secuestro de los teléfonos celulares que el diputado nacional Gerardo Milman no entregó a la Justicia en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acaecido el 1 de septiembre del año pasado. La medida había sido requerida tras detectar que Milman había entregado a la Justicia un teléfono celular iPhone 14 Pro Max que apareció en el mercado después de la fecha en el que se produjo el atentado.
Días atrás, además, la Gendarmería Nacional le informó a la jueza Capuchetti que la tecnología de la que dispone esa fuerza no es suficiente para extraer información de ese teléfono por lo que la magistrada le consultó a la defensa de Milman si el diputado está dispuesto aportar el patrón de desbloqueo, informaron fuentes judiciales.
En tanto, en el fallo de ocho páginas firmado hoy, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi hicieron lugar al pedido de allanamiento y secuestro de los restantes teléfonos celulares que podría tener en su poder el diputado nacional de Juntos por el Cambio y revocaron una resolución de primera instancia.
El pedido obedecía a que conforme surgía de los informes recabados ante empresas de telefonía, Milman habría utilizado otros celulares durante el lapso temporal de interés para la investigación, a pesar de lo cual solo había aportado un aparato que habría estado disponible a la venta luego de la fecha del atentado.
«Resulta necesario destacar que no se desconoce que los cambios de celulares infieren en la mayoría de los casos una transferencia de datos del teléfono anterior, pero no puede descartarse la posible existencia de parámetros técnicos que permitan obtener información borrada o modificada en el aparato original», sostuvo el juez Bruglia en su voto.
Bertuzzi, por su parte, remarcó que «cabe poner de resalto la excepcionalidad que revisten las presentes actuaciones en cuanto a la magnitud por la gravedad que tiene el hecho objeto de la investigación; en virtud de lo cual entiendo que no deben restringirse diligencias -en el marco de su pertinencia- que puedan admitir avanzar o excluir responsabilidades en la pesquisa».
Por su parte, el juez Mariano Llorens invocó su posición de resoluciones anteriores para señalar que no habían aparecido pruebas nuevas que lo hiciera virar de su negativa a habilitar el secuestro del celular del diputado Milman.
Sin embargo, consideró «oportuno reparar en la actitud adoptada por el nombrado frente a lo resuelto: presentarse en la sede del juzgado para cumplir con una manda judicial y aportar un celular adquirido, cuanto menos, dos meses después de la fecha del hecho aquí investigado».
«No descarto que, en alguna medida, su accionar pueda constituir un riesgo procesal vinculado con el ocultamiento de pruebas y entorpecimiento de la investigación circunstancias que, llegado el caso, deberán ser evaluadas», expresó el magistrado.
