El bloque de Diputados del Frente de Todos (FdT) presentó un proyecto para expulsar del cuerpo al legislador de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman. Se trata de una medida en el marco de la investigación por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner en septiembre pasado.
En el proceso, Milman aparece vinculado al conocimiento sobre el plan del atentado contra la Vicepresidenta, algo que se encuentra en proceso. A partir de allí, los diputados del FdT requirieron su expulsión en base a una serie de elementos, como su actuar indebido e «inhabilidad moral» y la relación con grupos de ultraderecha.
El proyecto de ley presentado este jueves lleva las firmas de las diputadas Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic. En sus argumentos plantea que “los hechos relatados, lejos de ser exhaustivos y muchos de los cuales se encuentran actualmente en investigación en sede judicial para determinar si constituyen actos criminales», detalla.
Y continúa «Sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina. Su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa”.
El presidente del bloque del FdT de Diputados, Germán Martínez, confirmó este miércoles que se presentará el pedido de expulsión del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman. Horas antes, la propia vicepresidenta Cristina Kirchner había pedido que lo echen de la Cámara Baja.
La solicitud de los legisladores del oficialismo se basa en una serie de pistas que abren dudas sobre si el legislador del PRO sabía o no del atentado contra la Vicepresidenta, lo que pone en cuestionamiento su conducta ética y moral.
En la presentación de este jueves, se detallan “el involucramiento de Milman en el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, como así también el caso de la asesora Carolina Gómez Mónaco, que en el año 2017 fue designada como Directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito sin ninguna experiencia previa.
Otro punto que argumenta el pedido de inhabilidad moral son los asesoramientos y la dispensa de grandes fondos de dinero en temas de seguridad del diputado. Según las denunciantes, el 1 de septiembre de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra.
Desde el Frente de Todos también exigieron que se investigue el uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado, lo cual entraría en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
Finalmente, el proyecto se hace eco de la denuncia penal recientemente presentada por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra Gerardo Milman y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por los delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública.
Según el ministro de Seguridad, se trataría de la presunta contratación de 18 espías en el tiempo en que estuvieron a cargo de la cartera durante el gobierno de Mauricio Macri. En todos los casos fueron personas sin ninguna vinculación antecedente ni experiencia en inteligencia criminal.
