La causa por los aprietes a jueces federales durante la gestión de Mauricio Macri se cierne cada vez más sobre el círculo de exfuncionarios más cercanos al exmandatario. El fiscal federal Ramiro González imputó este miércoles al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el marco del expediente en el que se investiga la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en temas del Poder Judicial a través de la denominada “mesa judicial” de Cambiemos.
En fiscal también dispuso que sean citados a prestar declaración testimonial el juez recientemente jubilado, Enrique Arias Gibert, que estuvo al frente de la sala V de la Cámara Nacional del Trabajo y los magistrados de otras salas de la misma cámara, Graciela Marino, Diana Cañal y Néstor Rodriguez Brunengo, informaron fuentes judiciales.
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“Continuando con los lineamientos trazados al momento de delimitar el objeto procesal de las presentes actuaciones e impulsar el ejercicio de la acción penal, como así también las últimas constancias que fuera acompañadas al sumario, amplíese el objeto procesal para investigar la participación de Marcos Peña, ex Jefe de Gabinete de Ministros, y Jorge Triaca, ex Ministro de Trabajo, en los hechos que comprenden la presente investigación; ello sin perjuicio que nuevos autores y partícipes puedan surgir con el desarrollo de la investigación”, sostuvo el fiscal González en el dictamen.
La decisión del fiscal González llega un día después de que el camarista laboral Luis Raffaghelli se refiriera a las visitas y llamados que recibió por el entonces titular del Ministerio de Trabajo . El magistrado había declarado como testigo en la causa a cargo del juez federal Sebastián Ramos, que investiga cómo desde la Casa Rosada se trabajaba para incidir en sentencias de temas variados así como en la expulsión de ciertos jueces y el nombramiento de otros considerados afines.
Además, el fiscal había incorporado recientemente los correos electrónicos hallados en la secretaría general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que daban cuenta de las reuniones de la “mesa judicial”, que eran convocadas por Marcos Peña. Tal como contó este diario, otros imputados que aparecen en esos e-mails son el exministro de Justicia, Germán Garavano y los exasesores Pablo Clusellas y José Torello.
Por su parte, el juez de la Sala VI de la Cámara del Trabajo acusó el martes directamente al expresidente de haber desplegado un “proceder muy amedrentador para todo el fuero”, con acusaciones y pedidos de juicio político contra seis jueces. En ese esquema de presiones le había asignado un rol preponderante a Triaca. El magistrado identificó en su declaración judicial por escrito que desde el Ministerio de Trabajo se preguntaba a los magistrados si “habían entrado expedientes contra el Poder Ejecutivo”, algo que interpretó como “una clara presión en un momento en que hubo miles de despidos de trabajadores contratados en la administración estatal”. Lo mismo sucedía “con los casos de intervenciones sindicales”, según relató.
Hoy llegó la reacción de Triaca: minimizó la denuncia de Raffaghelli y hasta consideró «ridículo» el planteo del magistrado, quien afirmó que fue presionado para «`consensuar´ la doctrina de los fallos». «Es tan ridículo lo que se planteó que no sé si vale la pena comentarlo. Hace mención a una reunión protocolar, así como también fui a la Cámara de Seguridad Social a hacerme conocer, a presentar a mi equipo y a contarle un poco la visión que tenía de la gestión que íbamos a encarar», sostuvo el ex funcionario nacional.
El magistrado había contado que ese día, a la sugerencia de Triaca de “consensuar la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica”, le siguió “un profundo silencio que fue superado por el presidente del cuerpo pasando a otro tema (…)” “Nadie contestó la inusitada sugerencia del funcionario”, declaró Raffaghelli por escrito.
Ante las acusaciones por la interferencia judicial de parte del Ejecutivo, Triaca se refirió a la supuesta inconveniencia de esa propuesta. “Es poco razonable pensar que íbamos para encolumnar un proyecto de ley, si en todo caso la ley se discute en el Congreso y no en el ámbito judicial», subrayó el ex ministro, quien aprovechó la entrevista también para cuestionar las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández contra el coronavirus. El ex funcionario pidió «salir del estancamiento que hizo la cuarentena» y consideró que Macri habría «escuchado a muchos otros actores para encontrar equilibrios», si le hubiese tocado gestionar la pandemia.
«Más allá de algunos aciertos colectivos, hay momentos en que tenemos que tomar decisiones razonables e inteligentes, porque algunas de las decisiones que hemos tomado inicialmente ya no sirven o al menos tienen que ser revisadas pensando en el funcionamiento de la sociedad y de la economía en favor de la gente», sostuvo Triaca al referirse a la estrategia epidemiológica del Gobierno.
La causa de las presiones judiciales
El exsubsecretario de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue el primer identificado por los aprietes que ejecutó el macrismo en la Justicia. La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa denunció en una entrevista con AM750 presiones del funcionario del Ministerio de Justicia en torno a la causa sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán. Luego, confirmó esas acusaciones ante la Justicia . Contó que Mahíques la fue a ver a su despacho en Comodoro Py a los cinco días de la asunción presidencial de Macri para que apurara la firma de un fallo que dejara firme la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán. “Es la estricta verdad”, dijo bajo juramento la magistrada.
“Para mi sorpresa me preguntó cuánto iba a demorar en sacar” la sentencia de “la causa conocida como la de la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán (…) como no es habitual que un funcionario del Poder Ejecutivo pregunte por un proceso en trámite, donde el Estado Nacional era parte, sorprendida le respondí que a tenor de la independencia del Poder Judicial y el principio republicano de división de poderes, no entrara a mi despacho a hacer ese tipo de preguntas”, declaró Figueroa.
Luego, el diputado Martín Soria (Frente de Todos) elevó una denuncia para que se investiguen presuntas “amenazas coactivas agravadas, por haber sido cometidas con el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de los poderes públicos”. Los denunciantes sindicaron como «responsables de los hechos» a los funcionarios «de altísimo nivel en el gobierno del presidente Macri», que integraron lo que públicamente se conoció como «la mesa judicial» de aquella administración. La causa recayó en el juez Sebastián Ramos pero fue delegada al fiscal Ramiro González.
